Enemigos buenos

Ocurrió el 20 de diciembre de 1943. El superbombardero B-17 «flying fortress» de la fuerza aérea de los Estados Unidos, que pilotaba el teniente Charles (Charlie) Brown, había resultado gravemente dañado por la aviación de caza alemana tras dejar caer su mortal carga de bombas sobre la ciudad de Bremen, y, mientras trataba penosamente de volver a casa, fue interceptado por el caza BF-109 de la Luftwaffe (fuerza aérea alemana) pilotado por el «Oberleutnant» Franz Stigler.

El teniente Charlie Brown, un granjero de Virginia reconvertido en piloto por necesidades de la guerra, se encontró a su cola con un veterano piloto curtido en casi todos los frentes de la guerra, del Canal de la Mancha al norte de África. Stigler contaba con 27 derribos en su haber y derribar este indefenso bombardero B-17 le habría supuesto la obtención de la Cruz de Caballero.

No ocurrió lo esperado, para Stigler disparar contra un blanco indefenso era algo sólo comparable al asesinato, de forma que se aproximó hasta la cabina del bombardero e hizo gestos a Charles (Charlie) Brown de que abandonasen el avión en paracaídas antes de derribarlo. Brown no entendió los gestos y continuó con su penosa marcha hacia la seguridad de Inglaterra. Stigler volvió a hacerle gestos para que aterrizasen o saltasen pero Brown siguió sin entender —o sin querer entender— los gestos de Stigler.

Viendo que Brown no iba a variar su rumbo y sabiendo que el dañado B-17 norteamericano se dirigía a una zona donde la artillería antiaérea alemana (Flak) lo derribaría inevitablemente, Stigler tomó la decisión más extraña que pueda imaginarse: colocó su caza BF-109 al lado del dañado B-17 de Brown, de forma que la artillería antiaérea, al ver un caza alemán, no disparase al bombardero.

Stigler, tras servir de escudo al B-17, dio media vuelta y volvió a su base, dejando a Brown continuar su vuelo hacia la salvación.

Cuando Brown aterrizo y contó lo ocurrido a sus mandos estos le prohibieron difundir la historia: en aquella guerra a muerte no podían existir alemanes buenos.

Brown no olvidó y al acabar la guerra buscó a aquel piloto de caza. No fue sino hasta 1990 en que, tras conocer su búsqueda, Franz Stigler, entonces residente en Canadá, le remitió una carta volviendo a reencontrarse ambos ese mismo año.

Allí nació una fuerte amistad que les acompañó hasta la muerte de ambos en 2008.

En estos días en que veo a gente separada por una o dos ideas simples me acuerdo de Charles «Charlie» Brown y de Franz Stigler y siento que hay demasiados jerifaltes empeñados en que no haya buenas personas entre quienes no piensan como ellos: necesitan enemigos.

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LexNet, el «procés» y la división de poderes

El gobierno central, en toda esta crisis catalana, ha parecido delegar en los jueces toda la responsabilidad de acabar con el «procés»; guste o no está en su derecho, para eso es el gobierno. Sin embargo el gobierno central parece olvidarse del talón de Aquiles más evidente de dicha estrategia y es que todo, absolutamente todo, el funcionamiento de los jueces y tribunales de Cataluña está en manos del «Conseller de Justícia» del gobierno catalán. Es decir, el control de todo el funcionamiento judicial está en manos de los teóricos infractores de la ley. Un solo gesto del conseller y toda la administración de justicia en Cataluña, parará durante unas horas, unas semanas, unos meses o simplemente dejará de funcionar. Al «conseller» le basta apretar un botón para que los expedientes que no convienen desaparezcan o, si lo desea, para que toda la administración de justicia salte por los aires en Cataluña.

Gracias a la insensata postura del gobierno central de mantener en manos del ejecutivo la gestión de todos los expedientes judiciales, en Cataluña, donde la justicia está transferida, ocurre lo mismo que en Madrid: que el gobierno catalán es el que administra y gestiona todos los expedientes de la administración de justicia en Cataluña; dicho de otro modo, que —si al gobierno catalán le sale de la punta del «procés»— todos los expedientes judiciales por él gestionados pueden borrarse, destruirse y desaparecer como lágrimas en la lluvia (discúlpenme la cita cyberpunk). Tras esto ya puede el ministro pedirle a los jueces que actúen, será como echar cebada a un burro muerto.

Lo dijimos, fuimos muchos los que lo dijimos y lo repetimos hasta la saciedad; lo llevamos a la Real Academia Española de Jurisprudencia y legislación y formulamos denuncias en la UE, lo planteamos al ministro y a sus turiferarios. No se trata de Cataluña ni de España, se trata de la independencia judicial, se trata de puro y simple sentido común: repugna que el control de los juzgados esté en manos de quien ha de ser controlado por ellos, es como poner a la zorra a guardar a las gallinas, es echar una paletada más de tierra sobre la tumba de Montesquieu.

Tan sólo hace un mes el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, hacía chanzas y mofas sobre esta petición en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, hoy, probablemente, se cortaría la lengua antes de decir barbaridades semejantes. Pero no se engañen, si el «procés» se interrumpe mantendrá esta aberración que le da ventajas y, si triunfa, ¿para qué cambiarlo?.

Estos malos gobernantes antes que atenerse a la sensatez prefieren atentar contra el sentido común y ahondar la fosa de Montesquieu en su propio beneficio, la división de poderes es molesta para el que manda, pero la independencia judicial es la salvaguarda de todos —incluso de ellos mismos— y atentar contra ella no es cavar la fosa de Montesquieu, es cavar la tuya propia, o la de todos.

Lo dijimos, que conste que lo dijimos.

Sputnik-I

Con cada avance tecnológico nuestra percepción de lo justo y de lo injusto se modifica, a veces drásticamente. Pongamos un ejemplo: el concepto de propiedad.

Para los hombres que vivieron desde la noche de los tiempos hasta 1903 la propiedad de un hombre sobre la tierra se extendía por debajo de ella hasta los infiernos (el centro de la tierra) y por encima «hasta los confines del universo». Sin embargo, dos mecánicos de bicicletas hicieron cambiar ese concepto en 1903, cuando hicieron volar un frágil artilugio con alas y motor en las colinas de Kitty Hawk. Ese 17 de diciembre de 1903 Wilbur y Orville Wright hicieron que los juristas hubiesen de replantearse definitivamente su viejo concepto de propiedad. Finalmente, el asunto llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos cuando dos granjeros decidieron que, con arreglo al concepto tradicional de propiedad de la tierra, los aviones no podían sobrevolar sus tierras. El Tribunal Supremo USA, tras reconocer que, aunque efectivamente toda la jurisprudencia avalaba la tesis de los granjeros, su pretensión «atentaba al sentido común». La propiedad de la tierra tal y como se concebía desde la noche de los tiempos había muerto.

Los estados, en cambio, siguieron manteniendo su «soberanía» bajo su territorio hasta los infiernos y sobre él hasta los cielos: la defensa de la soberanía en los «espacios aéreos» se convirtió en un dogma estratégico.

Sin embargo, hoy hace 60 años, la URSS (para mis lectores jóvenes, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) acabó con el concepto de «soberanía nacional» al hacer volar sobre las cabezas de la humanidad un objeto que no podía ser derribado por ningún medio técnico conocido en la época. El satélite artificial «Sputnik-I» (Satélite-I) demostró a la humanidad con toda evidencia que no hay un cielo americano y un cielo soviético, que no hay cielos catalanes ni españoles ni franceses.

El Sputnik-I cambió la historia de la humanidad y dio un golpe mortal al concepto de soberanía, las leyes que hacen funcionar el mundo y orbitar los satélites son universales; Newton no legisló solo para Inglaterra. La soberanía no existe más que en ese espacio que protege la ignorancia humana.

La segunda mitad del siglo XX comenzó cambiando nuestra visión jurídica y geográfica del mundo; y término enseñándonos que la «soberanía», tal y como la conocíamos, no existía en absoluto: en la navidad de 1968 Apolo-8 mandó la primera foto de nuestro planeta visto desde la luna y todos descubrimos un increíble planeta azul que era, en verdad, nuestra casa. Desde aquella foto el movimiento ecologista tenía una imagen muy exacta de aquello por lo que luchaba y aprendimos que la soberanía tampoco puede ejercerse sobre la Tierra si lo que deseamos es que nuestros nietos puedan vivir en ella. A la Tierra se la cuida, sus leyes ecológicas no distinguen a los Coreanos de los habitantes de Islandia.

La segunda mitad del siglo XX ha sido quizá la más brillante de la historia de la humanidad y aquella que más ha puesto de manifiesto tanto las increíbles capacidades de esta como la enorme estulticia de sus gobernantes.

Hoy, mientras pienso en esta cosas de futuro y del siglo XX, las radios atruenan con debates del siglo XIX sobre soberanías e identidades… y todo eso mientras uso esta herramienta que nos permite expresarnos y comunicar nuestras ideas a todos los lugares del mundo.

Soberanías… hachas de sílex.

Hoy hace 60 años empezaron a morir las naciones: Sputnik-I

Conchitas

Este verano mi amigo Miguel me mandó desde Francia la fotografía de este libro que ven y que —en los años 60— pretendía ser un manual, dirigido a las amas de casa francesas, para enseñarlas a tratar a las «Conchitas», que era como se denominaba —y aún se denomina en Francia— a las sirvientas españolas.

Los datos del Instituto Español de Emigración (IEE) de la época taparon entonces una realidad de enormes proporciones, cual fue la de la gran emigración de mujeres españolas solas. Sin otra formación que rudimentarios conocimientos de confección, su destino mayoritario fue trabajar de sirvientas en Francia.

Ilegales en muchos casos, sin papeles, trabajando en negro y sin devengar pensiones, víctimas en multitud de ocasiones de patrones desaprensivos que aprovechaban su desconocimiento del idioma para los más abyectos fines, las «Conchitas» españolas fueron duramente tratadas en Francia pero, también, muchas de ellas sintieron que vivir fuera del ambiente opresivo que imponía a la mujer en España la Iglesia y la Falange de aquellos años, compensaba. Muchas se resistieron a volver.

Sus historias no son agradables de oír y perturbarían gravemente la conciencia de quienes ahora se muestran inflexibles con una emigración que ya no es española.

Nos hemos vuelto ricos y se nos ha olvidado que el dinero que mandaban las «Conchitas» desde Francia palió mucha hambre en España. Nuestra memoria, a fuerza de comer bien, se ha vuelto débil.

Mujeres increíbles, seres humanos con biografías sorprendentes, cuando me hablan de emigrantes ilegales se me olvida la ley de extranjería y me acuerdo de las «Conchitas». Quizá no sea legal, pero es humano.

La marcha granadera

Se escribe mucho sobre himnos en tuíter estos días. Quién les acusa de una cosa, quién de otra… y suele ser objeto de críticas especialmente furibundas el llamado himno de España; es decir, la vieja marcha granadera.

Carece de letra —siempre careció de letra— pero, como todo sirve al interés político, los más radicales de uno y otro bando tratan de atribuirle como «letra» unos oportunistas versos de Pemán. Hacen mal, la marcha granadera jamás tuvo letra y me parece perfecto que siga sin tenerla pues no sería decente cantarla en sólo una de las lenguas de España.

La marcha granadera tiene una historia realmente antigua y que se pierde en la bruma de los siglos.

Muchos afirmaron su origen prusiano, otros le atribuyeron origen popular, sea como sea, la primera partitura que conservamos de ella data de 1761 y aparece en el «Libro de la Ordenanza de los Toques de Pífanos y Tambores que se tocan nuevamente en la Ynfant° Española» compuestos por Don Manuel de Espinosa.

Nuestro himno, pues, nace al parecer con la humilde misión de servir de toque de marcha para los ejércitos españoles del siglo XVIII y sonaba, más o menos, así:

Como su nombre indica era un toque de ordenanza específico para los cuerpos de granaderos pues los fusileros ordinarios disponían de su propio toque de ordenanza, la llamada «marcha fusilera» que, por cierto, también sirvió de música introductoria a los mensajes reales en bastantes emisiones radiofónicas a principios del siglo XX.

Cómo llega un toque de ordenanza a convertirse en himno de España es cuestión de pura casualidad. El ordenancista Carlos III fue previendo música de honores para cada suceso en qué hubiesen de rendirse estos pero, al llegar al punto de determinar los honores que habían de rendirse al Santísimo Sacramento, optó porque se hiciese sonar en esos casos el toque de marcha de los granaderos. Uno debe imaginarse a las tropas arrodillándose ante la custodia al tiempo que sonaba la marcha granadera y no le cuesta trabajo imaginar que se identificase esta marcha de soldados con la música de las grandes ocasiones. Los reyes también decidieron que, cuando se acercasen a un establecimiento militar, se les rindiesen honores haciendo sonar el toque de marcha de los granaderos y de ahí a que se le considerase marcha real y de ahí a himno de España no había más que un paso pero, ese paso, por diversas razones, tardó mucho en darse.

Tras el destronamiento de Isabel II el general catalán Joan Prim i Prats convocó una comisión para promover un concurso que buscase un himno para España. Tras muchas reflexiones la comisión recomendó que se siguiese usando la marcha granadera.

Quizá el éxito de la marcha granadera como himno de España radica en su humildad: por carecer, carece hasta de letra, de forma que uno puede silbarla, tararearla o corearla en la lengua y con la letra que prefiera… algo muy útil en un país que habla al menos cuatro idiomas. Por otro lado, la funcionalidad de los toques de ordenanza y de las músicas de marcha en los ejércitos es bien sencilla: sirven para acompasar el paso de los hombres y facilitarles el que anden coordinados y, en este punto, uno encuentra hasta un mensaje oculto en esa música que se concibió con el único fin de hacernos andar juntos.

Pero, si aún así, todavía se insiste en la naturaleza franquista, monárquica, imperial o cristiana de la humilde «Marcha Granadera», esta todavía nos reserva una sorpresa pues, hace relativamente poco tiempo, se descubrió el asombroso parecido de nuestra humilde heroína con la música de una composición musulmana: la nuba Al-Istihlál, compuesta por el famoso filósofo y músico zaragozano, el musulmán Ibn Bayyah, más conocido entre los cristianos como Avempace.

Tras este golpe de efecto resultaría que la marcha granadera, el actual himno de España, tendría origen andalusí y estaría compuesta por un musulmán… ¿alguien da más?.

Sin letra, para cantarla en cualquier idioma, con un mítico origen zaragozano-andalusí-musulmán para que relativicemos la importancia del credo de cada cual y, en fin, sin más aspiración que ser una música humilde que suena con la única intención de producir concordia y permitir que todos caminemos juntos. ¿Alguien le puede pedir más a una melodía?

Les dejo con la nuba Al-Istihlál, disfrútenla.

Cuarenta y nueve justos

Ni cincuenta ni cuarenta y ocho, cuarenta y nueve justos son los profesionales a los que el ministro de justicia acusó de tratar de aprovecharse de los fallos de LexNet —después de que estos fuesen reparados— para tratar de introducirse en buzones ajenos y fisgar documentos que no eran suyos. Esto dijo el ministro en su última comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso el pasado día 31 de agosto y no veo que nadie, desde la abogacía o la procura, hayan respondido a día de hoy a esa infamia como esa infamia merece.

Digámoslo en corto: el ministro mintió. Mintió de la forma más peligrosa y pérfida que existe y es mezclando lo real con lo imaginado y esto, a su vez, con con lo sencillamente inventado o falseado. En su intervención ante la Comisión de Justicia el ministro dio un auténtico recital de esta forma de faltar a la verdad y en esta infamia de que les hablo no lo hizo de manera diferente.

Veámoslo.

Fue el propio ministro, en su comparecencia, el que nos comunicó que, tras la reparación de LexNet, se produjeron cuarenta y nueve intentos fallidos de entrar en cuentas que no eran las propias del usuario que pretendía acceder. Esta afirmación es la única parte de su argumentación que podría ser cierta si los «logs» del sistema corroborasen la veracidad de la misma, el resto es pura basura, bullshit, caca de la vaca o vómito bilioso.

Porque de esta verdad posible el ministro extrajo la conclusión más improbable —que quienes realizaron accesos fallidos trataban de cometer un delito— para luego presentar esta conclusión improbable como verdad inconmovible: «cuarenta y nueve profesionales de la justicia intentaron acceder a documentos de otros».

Vayamos por partes.

LexNet había estado desconectado por fallos de seguridad, de forma que, cuando el gobierno volvió a conectarlo, la primera pregunta que todos los profesionales se hicieron fue: ¿estará arreglado de verdad?. Aquellos profesionales que no llegaron a enterarse de la naturaleza del problema volvieron a usar el sistema sin despejar la duda de si funcionaba correctamente o no, aquellos que disponían de algún conocimiento sí hicieron lo que cualquier persona prudente haría: comprobar si efectivamente lo habían arreglado. Esta comprobación, ciertamente, deja el aviso de un intento de acceso indebido —si el sistema está efectivamente reparado no hay miedo de que se produzca— pero en absoluto puede suponerse que la misma tiene por objeto fisgar en documentos ajenos. Es más, dada la naturaleza del fallo, resulta imposible que ninguno de estos «forty-nine testers» pudiesen acceder a la cuenta de nadie que a ellos les interesase porque, como dijo el Ministro también y esto demuestra que sabía que faltaba a la verdad, el identificador que era la clave del problema ni hacía referencia al DNI, ni al número de colegiado, ni a ningún parámetro que permitiese establecer una relación entre el mismo y un profesional concreto.

Por tanto, presentar a estos «forty-nine testers» como unos malvados que pretendían hacerse con los documentos de otros compañeros es una hipótesis que parece construida con el exclusivo fin de arrojar basura sobre unos profesionales desconocidos y para distraer la atención del gran público sobre el verdadero objeto del debate: la incompetencia del reprobado ministro compareciente y la inidoneidad del sistema por él impuesto. Un truco político tan viejo como sucio.

Y no, sé lo que están pensando y lamento decepcionarles, yo no estoy entre esos «cuarenta y nueve justos», de forma que no es este un artículo en el que yo tenga ningún interés personal; es cierto que yo di cuenta al ministerio del fallo de seguridad, pero cuando el gobierno anunció que estaba reparado simplemente les creí y no hice lo que un profesional prudente habría hecho: comprobar que decían la verdad. Gracias a eso no estoy entre esos «cuarenta y nueve justos» a quien el Ministro eligió llenar de basura para desviar la atención de todos. Afortunadamente este tipo de añagazas no sirven entre los profesionales y acaban volviéndose contra el que las maquina: antes o después y tras los procedimientos pertinentes la abyección ministerial será tan oficial como es evidente ahora y sólo quedará de todo esto un rastro de oprobio para él.

Por cierto, hoy hace tres años que dimitió Alberto Ruíz Gallardón, anterior ministro de justicia, pero no sin antes autoconcederse —por su puesto, por supuesto— todas las condecoraciones que tuvo a bien y fue capaz. El soberbio hijo de papá que impuso a los españoles unas infames tasas judiciales y pretendía instalar una abyecta planta judicial, que acabó definitivamente con la independencia del CGPJ e impuso un autocrático estilo de gobierno, hace ya tres años que abandonó el cargo con oprobio y ahora está en casa y cada vez más peligrosamente cerca de enfrentar responsabilidades penales en el caso Lezo.

Los abogados seguimos aquí, la Brigada sigue aquí y Alberto Ruíz Gallardón ya sólo es una mala pesadilla del pasado. Escucha, Catalá. Shemá Rafael.

Ejerciendo el derecho de petición para suspender la obligatoriedad de LexNet

Estoy convencido de que existe consenso generalizado entre los profesionales de la justicia en el sentido de que el funcionamiento de LexNet es altamente defectuoso e impropio de un sistema profesional de comunicación entre estos profesionales y la Administración de Justicia y estoy convencido de que existe también una preocupación generalizada en cuanto a la seguridad y el destino último de los datos que se ingresan en dicho sistema.

Ejemplo claro del funcionamiento defectuoso de LexNet son las continuas caídas del sistema y las numerosas incidencias por indisponibilidad del mismo.

Ejemplos claros de la falta de seguridad del sistema son los incidentes de seguridad que se han venido produciendo a partir del 27 de julio del presente año.

Ejemplo claro de la preocupación por el destino final que se va a dar a los datos que se incorporen al sistema es el debate existente -incluso en las Cortes de la Nación- sobre quién debe administrar los sistemas informáticos que almacenan y custodian las comunicaciones y expedientes electrónicos de la Administración de Justicia.

Con tales consensos en mente no se explica que el sistema siga siendo impuesto por el gobierno a quienes han de usarlo pues, de este empecinamiento, no nace un mejor funcionamiento de la administración de justicia sino, por el contrario, un funcionamiento anormalmente crispado de la misma.

Si el sistema fuera bueno y eficaz nadie debería dudar de que sería usado mayoritariamente por los profesionales; pero si, por el contrario, el sistema es ineficaz, los profesionales preferirán usar los medios tradicionales de presentación de escritos hasta tanto los medios electrónicos que proporciona el ministerio ofrezcan las capacidades y funcionalidades que hoy, a juicio de una amplia mayoría, no tienen.

El ejemplo más evidente de que la obligatoriedad es una insensatez es el hecho de que, a pesar de que un escrito supere la capacidad del sistema, aún así se obligue al profesional a tratar de presentarlo vía LexNet y de esta forma recoger los metadatos del procedimiento aunque no se recoja el procedimiento mismo.

A la luz de lo brevemente expuesto, parece absolutamente razonable que, en tanto el sistema LexNet no ofrezca la seguridad, capacidad y nivel de calidad exigible a un sistema informático de su importancia se suspenda su obligatoriedad hasta tanto se implementen en el sistema todas las características precisas y quede como un medio optativo de comunicación con la Administración de Justicia.

Con fundamento en las anteriores reflexiones y en ejercicio de las facultades que concede el artículo 29 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, he redactado para el Ministro de Justicia el escrito al que enlazan los links existentes al final de este post y que se acompaña en formato word y .txt a fin de que, si lo deseas, puedas modificarlo, adaptarlo a tus necesidades y criterios y usarlo para solicitar la interrupción de la obligatoriedad de LexNet.

La autoridad destinataria de la petición —en este caso el Ministro de Justicia— tiene la obligación de responder en el plazo de tres meses, de forma que la petición no puede ser simplemente desoída sin más, conforme establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, que, textualmente, disponen:

Artículo 11. Tramitación y contestación de peticiones admitidas.

1. Una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación.

Asimismo podrá, si así lo considera necesario, convocar a los peticionarios en audiencia especial.

2. Cuando la petición se estime fundada, la autoridad u órgano competente para conocer de ella, vendrá obligado a atenderla y a adoptar las medidas que estime oportunas a fin de lograr su plena efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de los procedimientos necesarios para adoptar una disposición de carácter general.

3. La contestación recogerá, al menos, los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración por parte de la autoridad u órgano competente e incorporará las razones y motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no hacerlo. En caso de que, como resultado de la petición, se haya adoptado cualquier acuerdo, medida o resolución específica, se agregará a la contestación.

4. La autoridad u órgano competente podrá acordar, cuando lo juzgue conveniente, la inserción de la contestación en el diario oficial que corresponda.

5. Anualmente la autoridad u órgano competente confeccionará una memoria de actividades derivadas de las peticiones recibidas.

Artículo 12. Protección jurisdiccional.

El derecho de petición es susceptible de tutela judicial mediante las vías establecidas en el artículo 53.2 de la Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. Podrán ser objeto de recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

a) La declaración de inadmisibilidad de la petición.

b) La omisión de la obligación de contestar en el plazo establecido.

c) La ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior.

Creo que está bien y que es bueno formular peticiones en plataformas como «Change.org» pero, existiendo a nuestra disposición un cauce legal a través del cual hacer llegar las peticiones y provocar una imprescindible respuesta motivada de la administración, considero que este es un medio que no debiera ser olvidado y que ofrece insospechadas posibilidades en términos de hacer llegar a los órganos competentes la protesta seria y fundada de un colectivo. No es lo mismo una petición que 20.000 peticiones, de forma que esta es una de las formas de protesta que —a conveniencia de cada uno— sería interesante adoptar. La verdad es que este derecho de petición es el mismo que tienen otros órganos y corporaciones que, diciendo representar a un colectivo, sólo se ven amparados por una ficción jurídica y no por la fuerza real de las personas. Por ello me parece lógico ejercer este derecho y reclamar del ministro justicia los cambios que estimo pertinentes antes de poner en marcha cualquier otro medio de protesta legal de naturaleza más contundente.

Ya tengo confeccionado mi escrito y lo he firmado digitalmente; de paso, aprovechando el trabajo, he solicitado que el tema se debata en el próximo pleno del CGAE del día 6 y, ahora, debería remitirlo al Ministro por correo certificado o presentarlo en la ventanilla de la administración, pero me apetece mandarlo electrónicamente porque estoy viendo que no es fácil mandar un escrito de este tipo al Ministro de Justicia… Ummmmmm… voy a seguir en ello, si alguien me echa una mano será bienvenido y si no quizá escriba un post con esta peripecia.

Si te apetece unirte a la protesta aquí tienes el escrito que yo he hecho, puedes modificarlo a tu antojo y presentarlo. Si te pones en contacto conmigo tras hacerlo te lo agradeceré, así ya seremos dos a protestar de forma más contundente en el caso —muy probable— de que nos responda cualquier majadería.