Obras son amores

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Dice un viejo refrán castellano que «Obras son amores y no buenas razones» y esta mañana, mientras leía unas «buenas razones» de esas en que es tan pródigo nuestro ministro de justicia Rafael Catalá, se me han venido a la memoria algunos de los edificios judiciales que he visto cuando he viajado por Francia y me ha asaltado una duda: ¿ha importado alguna vez algo la Justicia en España?

He tratado de hacer memoria y recordar aunque fuese un sólo ejemplo de edificio judicial en España que demostrase que aquí alguna vez se le ha prestado atención a la Justicia y se le ha dedicado algo —siquiera sea un poquito— de dinero.

No lo he logrado, la actual sede del Tribunal Supremo era con anterioridad un convento que se adaptó a otros fines, el edificio de la Real Chancillería de Granada poco tenía que ver con un sistema de justicia posterior al absolutismo y la moderna sede del Tribunal Constitucional no parece que acredite un excesivo amor a la justicia, sólo, quizá, el edificio de la Audiencia Provincial de Barcelona en la Avinguda Lluis Companys, pudiese decir alguna palabra en descargo de algún gobernante español.

Y he vuelto a acordarme de Francia y de sus obras… Y he vuelto a repasar las fotografías de la Corte de Amiens (134.000 habitantes), Montpellier (264.538 habitantes), Lyon (491.000 habitantes) o Colmar (66.560 habitantes) y de muchas otras pequeñas ciudades de Francia… Magníficos edificios cargados de arte y años, muestra viva de un país donde la justicia importaba lo suficiente como para gastarse unos buenos dineros en contruir juzgados no ya dignos sino solemnes y bellos.

Y sigo leyendo las «buenas razones» de Catalá y sigo pensando en que en España la Justicia jamás le ha importado a nadie y que esas obras francesas sí que son amores y no lo que nos cuentan en España los ministros de justicia.

El tonto del presupuesto

Marines

Hablaba hace unas semanas con un alto oficial del ejército español sobre las penurias presupuestarias de la Justicia en España cuando él me preguntó: ¿Y vosotros no tenéis ningún «tonto del presupuesto»?

Le respondí que no entendía lo que quería decirme con eso y él, amablemente, me habló de un oscuro principio estratégico existente en el ejército de los Estados Unidos y que podría formularse más o menos así:

«Por escaso que sea el presupuesto existente en una unidad siempre habrá un tonto que afirme que, con mucho menos dinero, él puede hacer lo mismo que se venía haciendo hasta ahora o incluso más.»

Consecuencias naturales de este principio son los llamados corolarios del «soy el más grande», «todos eran estúpidos» y del «asciéndeme y luego ya, si eso, tal».

Los corolarios de «soy el más grande» y «todos eran estúpidos» van casi de la mano: el tonto del presupuesto afirma poder hacer más con menos porque, no sólo se considera el más listo, sino porque piensa que, quienes le precedieron a él en el cargo, eran ciertamente unos estúpidos que no se dieron cuenta de esas cosas de las que él y su penetrante ingenio de tonto del presupuesto sí se dan cuenta. Ególatra y con una enorme falta de respeto a quienes le han precedido en el cargo, el tonto del presupuesto suele ascender en la cadena de mando diciendo a sus jefes lo que quieren oír: que se puede hacer lo mismo o más con mucho menos dinero y repetirá esto hasta conseguir el ascenso, lo que nos conduce al corolario antes enunciado de «asciéndeme y luego ya, si eso, tal».

He recordado esta mañana la historia del tonto del presupuesto al leer una noticia que comenzaba con el siguiente titular: «Catalá considera “suficientes” los recursos destinados a modernizar Justicia». Y he recordado también cómo, en cuanto se habla de modernizar la justicia en determinaos ambientes políticos, siempre aparecen dos o tres tontos del presupuesto dispuestos a afirmar que ellos, con el mismo o menos dinero y merced a una serie de ingeniosas disposiciones organizativas, podrían solucionar todos los problemas de la justicia y, de paso, invitar a gambas a los presentes para celebrar su ascenso.

El tonto del presupuesto entronca en España con una vieja tradición y linaje de arbitristas que suelen eclosionar en momentos los que se han de rebajar las partidas de algún capítulo presupuestario, de forma que su logorrea ejerce efectos emolientes sobre los afectados por la reducción presupuestaria, aplaca un tanto los malos humores de una población legítimamente enfadada y aplaza hasta el próximo presupuesto debates y carencias mil veces aplazados. Una historia tan vieja como la monarquía española.

Hoy nos dicen que Catalá ha dicho que basta con lo que hay, que dinero no hace falta, que nos apañaremos… lo que es lo mismo, por cierto, que dijo Gallardón y todos cuantos ministros de justicia le precedieron en esos años en que el gobierno al que pertenecían prefería gastarse el dinero de la justicia (¿dónde fue a parar lo recaudado por las tasas?) en otras cosas.

Yo no sé si podría señalar sin error a los tontos del presupuesto que hay en España, lo que sí sé seguro es que gracias a ellos existe una auténtica tonta del presupuesto —esta vez ya sin comillas ni cursivas— en nuestro país: la Administración de Justicia.

Así va el turno

Así va el turno

Este último mes de agosto los abogados de oficio hemos vivido -con ira propia y vergüenza ajena- el bochornoso espectáculo de los retrasos en el pago de las retribuciones correspondientes a los servicios prestados en el turno de oficio. Comprobar cómo servicios prestados en enero se pagaban en Aragón (por ejemplo) ya bien entrado el mes de septiembre producía intensa ira y vergüenza. No mucho menores fueron los retrasos en comunidades como Madrid o el llamado «Territorio Común»1 de forma que, a 30 de agosto, la clasificación de administraciones malas pagadoras marchaba de la forma que se ve en la siguiente gráfica:

Situación del pago de los servicios prestados por los abogados del turno de oficio a 30 de agosto de 2016. Fuente: húsares de la Brigada #T
Estado de pagos del turno de oficio a 30 de agosto de 2016. (Fuente: húsares de la Brigada#T)

Llama la atención la diferencia existente entre comunidades como Cataluña o Cantabria —que pagan con toda puntualidad sus obligaciones— y comunidades como Aragón o Madrid que se retrasan hasta el noveno mes para pagar servicios que se les han prestado en los primeros meses del año. Incluso en el caso de estas dos últimas comunidades autónomas podemos distinguir categorías, pues, mientras el Consejero de Justicia de Madrid se disculpa por el retraso y compromete su voluntad de mejora, en Aragón no sólo se paga tarde y mal sino que ni siquiera se formula un atisbo de algo que se parezca a una disculpa.

Y si hiriente resulta la enorme diferencia existente entre las administraciones a la hora de cumplir con sus pagos mucho más hiriente resulta comprobar que los mismos servicios, dependiendo del lugar de España en que se presten, se retribuyen de formas tan dispares que, dependiendo de la comunidad autónoma en que uno ejerza puede cobrar el doble —o la mitad— de un compañero que ejerza en la comunidad autónoma vecina. Veámoslo con un ejemplo.

Retribución de un Procedimiento Abreviado en turno de oficio según la comunidad autónoma en que se preste el servicio. Fuente: Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ)
Retribución de un Procedimiento Abreviado en turno de oficio según la comunidad autónoma en que se preste el servicio. Fuente: Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ)

La gráfica que les muestro corresponde a las retribuciones que cada administración paga a un abogado de oficio por defender un «Procedimiento Abreviado»2. Para quienes no sepan lo que es un «procedimiento abreviado» les diré que es el procedimiento a través del cual se instruyen la mayoría de los delitos cometidos en España3 y que, a pesar de su nombre, de «abreviado» no tiene nada, pues lo normal es que su tramitación se prolongue años, a veces muchos años. Para que se hagan una idea: el proceso del «Prestige» era un «Procedimiento Abreviado» y sólo la instrucción del mismo ya tomó más de 10 (DIEZ) años.

Pues bien, volvamos al tema, la gráfica anterior nos muestra lo que cada administración pagará a un abogado de oficio por defender a un acusado en un asunto que puede llevar aparejadas condenas realmente duras y cuya tramitación va a durar muchos meses en el mejor de los casos y muchos años en el peor de ellos.

Como pueden comprobar, si uno tiene la suerte de trabajar como letrado de oficio en Cataluña, por todo ese proceso le abonarán unos 400€ y, además, se los abonarán con toda puntualidad en cuanto justifique los servicios prestados. Por el contrario, si uno tiene la mala suerte de ejercer como letrado del turno de oficio en la llamada «Zona Ministerio» por el mismo trabajo le pagarán la mitad (unos 200€) pero además se los pagarán tarde y muchos meses después de que usted haya justificado su trabajo.

Y ahora explíquenme ustedes por qué el trabajo de un abogado de Manresa o Figueres vale el doble que el de una abogada murciana o de Palma de Mallorca. Si alguien es capaz de darme alguna razón que justifique esa diferencia con gusto le escucharé.4

Sospecho, sin embargo, que ninguna razón de justicia se esconde tras estas diferencias retributivas ni tras estos retrasos diferenciales en el pago. Sospecho —sé— que tras estas diferencias retributivas y retrasos diferenciales no se esconden más que razones que, de ser contadas, avergonzarían a bastantes personas.

Es tiempo ya de acabar con esta farsa. Es tiempo ya de decir que los abogados del resto de España no merecemos peor trato que los abogados de Cataluña —por ejemplo— y que no se puede defender a gobiernos de administraciones ni comunidades autónomas que pagan mucho peor y mucho más tarde que —por ejemplo otra vez— Cataluña.

No se comprende por qué un abogado de Ascó (Cataluña) ha de cobrar unos 400 euros puntualmente por un procedimiento abreviado mientras uno de Caspe (Aragón), por el mismo trabajo, tan sólo cobrará unos 260 euros, eso sí, no puntualmente como su colega de Ascó, sino tarde —muy tarde— y mal —muy mal—. Caspe y Ascó distan tan sólo 50 kilómetros en línea recta pero, en lo que respecta a justicia gratuita, están a años luz de distancia. Si algún abogado de Caspe me dijese que esta situación le parece bien no me quedaría más opción que pensar que miente o que sirve al gobierno que mantiene esta inicua situación.

Diferencias retributivas y retrasos diferenciales son una injusticia más que nadie remediará si no empiezas tu mismo por ponerte en pie y dejar oír tu voz alto y claro. Adelante: es tu turno.


  1. El «Territorio Común» o «Zona Ministerio» es el conjunto de comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de justicia y en las que el turno de oficio es sufragado directamente desde el Ministerio de Justicia con cargo a los presupuestos generales del estado. El «Territorio Común» o «Zona Ministerio» está formada por las comunidades autónomas de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las ciudades de Ceuta y Melilla. ↩︎
  2. Fuente «Confederación Española de Abogados Jóvenes» (CEAJ) ↩︎
  3. Conforme al artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración.» ↩︎
  4. Para que dispongan de una visión mucho más completa de cuales son las diferencias retributivas entre territorios les acompaño la tabla y gráfica que sigue
    Tabla de retribuciones del Turno de Oficio por territorios. Datos recogidos por CEAJ
    Tabla de retribuciones del Turno de Oficio por territorios. Datos recogidos por CEAJ
    Han de tener en cuenta que bastantes de las cifras contenidas en la tabla están sujetas a modificaciones en virtud de variadas circunstancias (por ejemplo es frecuente que si se realizan más de seis asistencias al detenido se doble la retribución, etc.) pero, en general, considero que la gráfica ilustra con bastante exactitud las diferencias retributivas existentes entre territorios. ↩︎

El Juego de la Profecía

Le propongo un juego —algo más que un juego— que quizá suponga un reto para usted. Si es tan amable dedique unos instantes a leer las instrucciones porque, en realidad, son bastante simples.

  1. Usted ha de elegir un número del 1 al 100 en la lista desplegable del formulario que hay abajo.
  2. Los números recibidos se sumarán y se extraerá la media (si se reciben por ejemplo tan sólo dos números “5” y “8” se sumarán ambos y el resultado se dividirá por dos, la media será “6,5”). Si el resultado es un número decimal se redondeará al número entero inferior, en el caso del ejemplo al “6”.
  3. Ganará el juego aquel de los participantes cuyo número elegido esté inmediatamente por debajo de la media que arroje la votación. Por ejemplo, si la media de todos números recibidos es “57” ganará el juego aquel o aquellos jugadores que hayan elegido el “56”.
  4. No sé exactamente qué premio otorgar pero al ganador/a o ganadores/as por lo menos les invitaré a unas cañas con tapa. (Si residen lejos de mi ciudad les entregaré el premio tan pronto como pase por la suya) y les mandaré un papel manuscrito acreditativo de su triunfo. Si lo desean también publicaré su éxito en mi blog.

Como ve la dificultad del juego está en que usted ha de adivinar (profetizar) cuál será la media resultante de la votación de los demás jugadores y, en ese caso, apostar por el número inferior. No crea que es fácil, los demás jugadores también quieren ganar, así que, antes de apostar por un número, dedíquele un rato a reflexionar sobre qué harán sus adversarios.

Pueden apostar hasta el 4 de octubre (tienen como máximo un mes para decidirse). El sábado 9 de octubre daremos a conocer el resultado.


 

El control social y los “media” 

Revolviendo papeles por el despacho me he encontrado con estas notas que tomé creo que en 2008 y que no son más que la copia y traducción de un famoso papel que escribió en su día Doug Ruskhoff.

Recuerdo que me pareció una forma interesante de explicar el control social en función del dominio de las tecnologías de la información a lo largo de la historia.

Según este algoritmo el dominio de los media por quienes ejercen el control de las masas va siempre una era por delante del que las masas tienen sobre los mismos.

Así, cuando la élite dominante dominaba (valga la redundancia) la lectura, la masa sólo podía escuchar, es la era de los sacerdotes que controlaban a las masas leyendo los textos sagrados a que esta masa no sabía sino escuchar.

Cuando las élites dominaron la escritura y otras tecnologías escénicas la masa controlada apenas si podía leer, mirar o escuchar (literatura, cine, radio). El uso que hicieron estados totalitarios (nazismo, estalinismo) del cine, la radio y otros medios de comunicación es el cénit de un control que comenzó en lo que Ruskhoff considera ser la era de los reyes.

En nuestros días nos encontramos en lo que Ruskhoff llama la era de los gobiernos, las masas saben escribir pero lo hacen en interfaces programadas por otros. Nuestra capacidad -y nuestra libertad- de expresión está condicionada por las interfaces que usamos. De hecho usted sólamente podrá escribir en determinadas redes sociales aquellas ideas que los propietarios de la red entiendan admisibles. Como escribía Jorge Campanillas en un tuit hace unos días, “la libertad de expresión se decide en Sillicon Valley”.

¿Qué ocurrirá cuando las masas adquieran esta capacidad de programar que ahora dominan las élites?. Buena pregunta. Ruskhoff denomina a esa era la era de las corporaciones y sus características les dejo que las adivinen ustedes porque yo hoy, en realidad, sólo me he reencontrado con unas notas que tomé hace ocho años y que no quiero volver a extraviar. 

Perdón por el rollo cyberpunk.

Alimentándonos de orgullo

Hay cosas que se hacen por dinero y hay cosas que se hacen por orgullo. Hay quien, por ejemplo, defiende a los pobres por orgullo y hay quien -también por ejemplo- ejerce la política por dinero. Son formas muy diferentes de entender la vida, son formas muy diferentes de entender sus oficios.

Ya he contado alguna vez que con la palabra oficio (officium) no se designaba en latín ningún tipo de trabajo, sino que con ella se hacía referencia a un deber moral para con el resto de los ciudadanos, un deber que en la antigua Roma se ejercía con liberalidad (gratuitamente) y de buena fe. Similar en su naturaleza a los servicios religiosos (que todavía hoy se llaman oficios) los servicios jurídicos se prestaban ex officio a impulsos de ese deber cívico y sin salario alguno a cambio. En la antigua Roma, pues, los ingresos de los abogados provenían en exclusiva de las “liberalidades” (las donaciones) que el cliente satisfecho les hacía en “honor” a sus servicios. Por eso los abogados llamamos a nuestros ingresos “honorarios” y por eso nos decimos profesionales liberales.

Lo que ocurre es que entonces la gratitud debía ser moneda mucho más corriente que ahora y, quienes solicitaban los servicios de un abogado, no tenían la desvergüenza de no retribuirle de algún modo. Quien disponía de dinero agradecía los servicios pagando, quien no tenía dinero agradecía los servicios pagando en especie, quien no tenía dinero ni bienes pagaba los servicios con palabras de agradecimiento y prometiendo que cumpliría su obligación en cuanto dispusiese de aquellos.

Sólo quien no tenía vergüenza no pagaba en dinero, ni en especie, ni con palabras, ni con promesas. Sólo quien no tenía -o no tiene- vergüenza no paga de ningún modo.

La abogacía, pues, es una profesión liberal que nunca dejará de ayudar a sus conciudadanos, pero es bueno que los ciudadanos -y sobre todo los representantes de los ciudadanos- entiendan que los oficios de los abogados no pueden pagarse con desvergüenza.

Es el de político también un “oficio”, pero entre el suyo y el de abogado median bastantes diferencias. Por un lado ese impulso cívico que obliga a la abogacía a defender a sus conciudadanos de oficio, le paguen o no, no parece que abunde entre nuestra clase política. La retribución de nuestros políticos de oficio no suele revestir la forma de “honorarios” sino que, por el contrario, suele consistir en una generosa retribución que reciben en forma de salario o sueldo y cuyo cobro no parece estar vinculado a la vergüenza o desvergüenza de los administrados: se les exacciona coactivamente por vía de impuestos. Finalmente, si el político no cobra y deja de ejercer su función, no pasa nada pues nada ni nadie le obligará a seguir prestando sus servicios hasta concluir los trabajos iniciados.

Quede claro que cuando hablo de “políticos” no hablo de esos alcaldes y concejales de pequeños pueblos que ejercen su tarea sin retribución alguna y que aún mantienen viva la llama de la vieja virtud romana de su oficio; cuando hablo de “políticos” me refiero a esos que han hecho de la política su forma de vida y que llevan, por ejemplo, veinte años o más dedicados a esa actividad.

Los abogados de oficio en Aragón, hoy día 3 de septiembre de 2016, llevan trabajados ocho meses de este año sin que quienes han de “agradecerles” sus servicios les hayan pagado ni un céntimo de sus miserables honorarios. No he oído que les vayan a compensar de ningún modo por los trabajos no cobrados y no he oído tampoco a nadie agradecer a estos abogados que estén haciendo posible la justicia de todos con su oficio y su necesidad. Ni dinero, ni bienes, ni tan siquiera palabras. Yo no las he oído, sáquenme del error si estoy equivocado.

Todos los políticos “de oficio” en Aragón cobran puntualmente -algunos como su presidente, por ejemplo, cobran espléndidamente- y, sin embargo, por motivos que desconozco los abogados también “de oficio” en Aragón llevan ocho meses con sus “honorarios” sin cobrar. No encuentro razón que justifique esto, no encuentro razón que haga a unos mejores o diferentes de otros.

O sí la encuentro, porque, mientras los políticos “de oficio” de Aragón se alimentan del dinero público, a los abogados de oficio de Aragón no les queda otro remedio que alimentarse en exclusiva de orgullo: una sustancia extraña que no sé si podrán encontrar quienes han de pagarles en sus bien surtidas despensas.

Pero no se llamen a error, no se equivoquen, porque, cuando los ciudadanos tienen hambre de justicia y los abogados de oficio se alimentan sólo de orgullo, las despensas de los que mandan no tardan en cambiar de dueño.

No lo olviden y paguen. Cuanto antes.

Ubi periculum

Visto cómo van las cosas con la investidura de un nuevo presidente y en previsión de que la situación se eternice, he acudido en busca de consejo al acervo del derecho canónico, pues la iglesia romana lleva eligiendo papa un par de milenios y he pensado que algo deben entender de estas cosas. Rápidamente he dado con la constitución “Ubi periculum” que yo creo que sienta como anillo al dedo a la situación presente.

Para el caso de que el cónclave se prolongase mucho por falta de acuerdo (como pasó en el de 1268–71) la santa iglesia de Roma adoptó estas, sin duda, sabias previsiones:

Los electores serán apartados de la totalidad del mundo; su alimentación se llevará a cabo a través de una pequeña abertura por donde se les dará la comida, y ésta se racionará el tercer día (con una sola comida) y al octavo día con sólo pan y agua mezclada con un poco de vino (yo les quitaría el vino). Los cardenales tampoco recibirían de la Cámara Apostólica todos los pagos que conllevara su cargo hasta que el cónclave se diera por terminado (este punto me parece muy sabio).

Creo yo que con esto salíamos del problema en tres días.