Españoles somos todos

La frase «falai de castelhanos e de portugueses, porque espanhóis somos todos…» (habla de castellanos y de portugueses, porque españoles somos todos…) se atribuye a Luís de Camões, el autor de «Os Lusíadas», la obra épica portuguesa por antonomasia. La wikipedia, por su parte, recoge como de Almeida Garrett (escritor portugués) la siguiente cita

«Españoles somos y de españoles nos debemos preciar cuantos habitamos la península ibérica. España y Portugal es tan absurdo como si dijéramos España y Cataluña. A tal extremo nos han traído los que llaman lengua española al castellano…»

No es pues extraño que reyes de Portugal como Alfonso V no tuviesen empacho en firmarse como «reyes de Castilla y León y Portugal… etc.» ni que se sostenga que Juan II de Portugal escribió a sus primos Isabel y Fernando censurándoles que se llamasen a sí mismos «Reyes de España» cuando no eran más que reyes de dos de sus reinos y que para español él, su señora y el porco a la alentejana.

Y mientras veo las imágenes dantescas del incendio que devora el corazón de Portugal no puedo dejar de recordar las maravillosas temporadas pasadas en ese país ni, mientras compruebo con angustia cómo crece la cifra de muertos, puedo evitar que se me haga un nudo en la garganta; porque es verdad que cuando muere un portugués el dolor tiene una intensidad especial.

Descansen en paz y ojalá esto nunca vuelva a repetirse.

Levántate y anda


Los griegos llamaron al ser humano anthropos literalmente «el que mira hacia arriba». Es un nombre apropiado pues es verdad que el ser humano nunca es tan ser humano como cuando se orienta hacia arriba, se yergue sobre sus piernas, se pone en pie y mira a lo alto. Sólo los enfermos y los muertos permanecen postrados en un sillón o en una cama.

No es casual, por tanto, que las palabras que el Evangelio nos dice que se emplearon para resucitar a Lázaro y devolverlo a su condición de hombre vivo fuesen precisamente esas: «levántate y anda».

Levantarse y andar son dos tareas absolutamente simples para una persona viva pero virtualmente imposibles para un ser humano que agoniza o para un muerto. Los organismos enfermos o en descomposición son incapaces de tareas tan sencillas.

Cuando ponerse en pie y caminar es una actividad inesperada, inusitada o llamativa en el seno de una organización, es que esta está cercana a la muerte o en franca descomposición. Si a alguien le llama la atención que otro se levante y ande es porque el sorprendido es un ser que agoniza o está muerto, física, psíquica o moralmente.

Sin embargo a veces uno detecta señales de vida que, por pequeñas que sean, son más interesantes que toda la postración dominante y piensa que es posible que, como dijo el poeta, todavía seamos capaces de levantarnos y andar, de dejar la cama donde nos dormimos con la multitud y de salir a caminar por nosotros mismos.

Hay días bonitos, ayer fue uno.

Los alienígenas invasores

No son humanos. No están hechos de la misma sustancia que nosotros, aunque se parezcan a nosotros no son como nosotros, aunque su reino parezca ser de este mundo resulta evidente que ellos pertenecen a otro, son alienígenas venidos de otra galaxia, no te quepa la menor duda.

Estos alienígenas tienen como misión gobernar a la humanidad y someterla a sus dictados para lo cual han creado una peligrosa raza de replicantes que, haciendo gala de indudables habilidades sociales, se infiltran en nuestras estructuras políticas y de poder; han tenido tal éxito en su labor de mezclarse y confundirse con nuestros gobernantes que hay expertos ufólogos que sostienen que TODA nuestra clase política está compuesta por este tipo de alienígenas replicantes.

Sólo hay una forma de distinguir a estos alienígenas de un genuino ser humano y es por su incapacidad absoluta para sentir vergüenza. Por algún error de programación estos replicantes están incapacitados para sentir ni imitar ningún rasgo que lejanamente recuerde a la tan humana sensación de vergüenza. La necesidad de disimular sus pensamientos, la inexistencia de un verdadero sentimiento de solidaridad social que dispare esa rara emoción, la inutilidad de revelar con signos externos el sentimiento íntimo del error, impidió a los programadores dotar a lo replicantes siquiera de los rasgos externos que caracterizan a la emoción de la vergüenza.

No es fácil reconocer a un replicante pero si ustedes se fijan en sus gestos pronto podrán ser unos auténticos «blade runners». Atiendan.

Cuando vean ustedes sonreír a un alto cargo en el Congreso mientras el resto de la cámara vota su reprobación no le quepa duda, con toda probabilidad sea un replicante; cuando alguien en lugar de avergonzarse por la falta y la mangancia propias se engalle y acuse a los contrarios de hacer lo mismo, no le quepa duda, es un replicante; cuando algún gobernante gobierne en contra del pueblo y a favor de la banca y con gesto afable afirme que «es por el bien de los ciudadanos», no lo dude un segundo: es también un replicante.

Quieren adueñarse de la tierra pero la desvergüenza les delata. No, no son de los nuestros, no son humanos, no están hechos de la misma sustancia que nosotros, son replicantes que quieren apropiarse del poder del estado y del patrimonio de todos.

Ahora ya sabes lo que hay, la sociedad está siendo invadida por una raza de replicantes alienígenas y es una guerra sin cuartel: es o ellos o tú. Pero ahora ya tienes una ventaja, sabes distinguirlos, les delata la desvergüenza.
PD. Hoy el presidente del CGPJ Carlos Lesmes y el ministro de justicia han sacado adelante un plan de juzgados únicos provinciales para favorecer a la banca en la tramitación de los procesos por cláusulas abusivas. Ninguno de ambos se ha sonrojado.

No se puede gobernar contra el pueblo

Hoy es un día de infamia; a pesar de que las asociaciones judiciales han manifestado su clara oposición a la medida, a pesar de que los TSJ’s mayoritariamente se han opuesto, a pesar de que el Consejo General de la Abogacía ha expresado su oposición unánime, a pesar de que Comunidades Autónomas enteras han expresado su rechazo a través de los órganos representativos de la soberanía popular… a pesar de eso, digo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido llevar a cabo una de las agresiones más flagrantes contra los derechos de los ciudadanos y en favor de la banca.

Verán, tras el hecho de que el CGPJ haya decidido «encapsular» (este es el eufemismo que usan) todos los juicios de hipotecas en un ÚNICO juzgado por provincia no es que se esconda solamente una agresión a los 2/3 de la población española que no vive en las ciudades seleccionadas como sede.

Tras el hecho de que el CGPJ asigne el conocimiento de 1.500.000 hipotecas a tan solo 54 juzgados en España no es que se esconda sólo el hecho cierto de que se estará tratando de provocar un colapso judicial generalizado.

Tras el hecho de que se pretenda atribuir a jueces en prácticas el conocimiento de estos asuntos no se esconde sólo un gesto de desprecio hacia los consumidores.

Tras el hecho de que se trate igual a Soria que Madrid o que se dejen islas sin juzgado no late sólo un rasgo de estolidez propio de la soberbia covachuelista.

Tras el hecho de que el CGPJ obligue a 2/3 de la población española a pagar sobrecostes multimillonarios para acceder a la justicia no se esconde sólo la consecuencia del error de mentes incapacitadas para pensar con conceptos que superen lo provinciano…

No, lo que se esconde tras todas estas infamias encadenadas, es el mayor favor que el sedicente poder judicial podría hacerle a la banca, de tal manera que la norma puede comprenderse mejor si la entendemos escrita al dictado de los intereses de los bancos que de las exigencias de la razón normalmente constituida.

Dificultando el acceso a la justicia de los ciudadanos se favorece a la banca, provocando lentitud en la tramitación de las reclamaciones se favorece a la banca, encareciendo artificialmente las reclamaciones de los ciudadanos se favorece a la banca, maltratando a los 2/3 de la población de España que no vive en capitales de provincia se favorece a la banca…

Busque usted en esta disposición de enquistar las hipotecas en poco más de 50 juzgados un sólo rasgo que favorezca al consumidor y no a la banca y si lo logra estoy dispuesto a invitarle a un café y discutirlo, porque, sin duda, será sólo un espejismo.

Hoy el CGPJ ha comunicado su decisión de pasarse por el forro las opiniones y la voluntad de los ciudadanos, hoy ha vuelto el despotismo (no el ilustrado, que eso sería algo, sino el provinciano) como forma de gobierno… Hoy es un día de infamia.

Sin embargo, lo que toda esta tropa olvida es que no se puede gobernar contra el pueblo o, al menos, que no se puede gobernar impunemente contra el pueblo. Parece que han olvidado el ejemplo de Gallardón marchando a su casa con oprobio y dejando uno de los peores recuerdos que se tiene de un ministro de justicia en España. 

Vamos a tener que recordárselo y vamos a tener que recordárselo de una forma que no olviden nunca jamás. No se puede gobernar impunemente contra el pueblo.

Hipotecas: la infamia que viene.

Afirma el CGPJ que tiene preparado un plan “de contingencia” para —dicen ellos— “hacer frente” al previsible aumento de actividad en los juzgados por la presentación de demandas relacionadas con las cláusulas abusivas en las hipotecas.

Las cifras que manejan son las siguientes: Seis millones de hipotecas de las cuales 1.500.000 acabarán yendo a juicio (no me pregunten de dónde sacan los datos, alguien -quizá los bancos- se los hayan dado).

Eso supone que, por cada 100.000 habitantes, hay unas 3.221 hipotecas conflictivas y, para solucionarlo, van a crear UN juzgado por provincia. Lo mismo Madrid (6.500.000 habitantes) que Soria (90.040 habitantes) tendrán UN juzgado y luego, merced a unos presupuestos que no aumentan para crear juzgados, dicen que arreglarán la cosa según vaya… ¿a quién creen que engañan?.

Los bancos han intentado durante años que los consumidores se vean forzados a litigar en las capitales de provincia (dos tercios de la población española NO vive en capitales de provincia) y la jurisprudencia europea lo ha venido impidiendo. Ahora se prtende que el gobierno legisle contra Europa  para favorecer a los bancos y que los ciudadanos hayan de desplazarse a unos juzgados que nacen, por diseño, colapsados de antemano.

Este es quizá el disparate (la aberración si quieren) más inicuo que podría llevar a cabo el gobierno de España si finalmente lo aprueba.

Lo contaré en otros posts que sigan a este —inevitablemente apresurado— pero con este plan el gobierno está imponiendo DOS tasas judiciales en la sombra a los administrados. Si los consumidores y los abogados toleramos esta iniquidad es que la sociedad civil en este país está muerta.

Ampliaré mañana esta infame noticia porque —lo crean o no— el CGPJ pretende que esta infamia entre en vigor el 1 de junio. 

Tú sabes lo que puedes y lo que debes hacer. No esperes que nadie te lo diga, hazlo.

Juicios de tráfico: el triunfo de las aseguradoras.

Creo haber vivido lo suficiente como para tener una cierta perspectiva en este asunto de los juicios de tráfico. Permítanme que comparta con ustedes un poquito de lo que he visto durante mi vida profesional y luego, al final, hablamos.

En 1990 me dedicaba mayoritariamente a defender compañías de seguros. Mis compañeros de despacho y yo nos ocupábamos de defender los intereses de cuatro o cinco aseguradoras y eso me hizo conocer bien ese mundo desde el interior de las propias compañías. Por otro lado también actuábamos como acusación particular contra aquellas compañías que no eran nuestras clientes. Fueron muchos juicios los que celebré, tantos que, alguna vez, sigo soñando todavía con el artículo 586(bis) del viejo Código Penal.

A principios de la década de los 90 la indemnización que los jueces solían conceder a los lesionados por cada día de baja en Madrid o Alicante, por ejemplo, ascendía a 10.000 pesetas (60€). En la Región de Murcia, más modestamente, la indemnización, en cambio, tan solo era de 8.000 pesetas (50€). 

Sí, he dicho «la indemnización que los jueces solían conceder», porque quienes fijaban la indemnización entonces eran los jueces atendiendo, no a un baremo rígido, sino a todas las circunstacias que se presentaban a su valoración por las partes. Trataban de ser justos y, en general, lo lograban pero eso, ¡ay!, no les parecía convenir a las compañías de seguros de automóviles que, por entonces, desataron una lucha de precios sin cuartel. 

La década de los 90 vio quebrar a muchas compañías de seguros y la CLEA (Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras) y el Consorcio hubieron de trabajar a destajo. Fue en esa época cuando quebraron compañías como «UNIAL» (una compañía del sindicato UGT que quebró en la época del vergonzante fraude de las cooperativas de viviendas), Grupo 86, Mercurio (una empresa que aseguraba autobuses urbanos y tenía una siniestralidad delirante), Apolo, Multinacional Aseguradora y muchas más…

Las compañías atribuyeron aquella cadena de quiebras no a su insensata política de riesgos y a las circunstancias específicas de su sector sino que culparon de todos sus males a los jueces: esos oscuros y malintencionados sujetos que hacen caridad con dinero ajeno, decían, y que no dando de lo propio curan sus conciencias con el dinero de las honestas compañías generando todo tipo de inseguridades jurídicas. Si usted no lo ha vivido le parecerá delirante pero le aseguro que así es como se hablaba en los departamentos de siniestros de las aseguradoras.

Por eso las compañías de seguros decidieron que retirarían del ámbito de competencia de los jueces la valoración del daño corporal y a fe mía que tuvieron más éxito del que ellas mismas podían llegar a imaginar. Para 1993 ya habían publicado un baremo «orientativo» de indemnizaciones para daños en tráfico que los jueces —simplemente— ignoraron, pensando cándidamente que ese baremo orientativo nunca podría llegar a ser obligatorio.

Y, si esta era la situación en el lado de las aseguradoras, el campo de los abogados en aquellos primeros años 90 ofrecía un panorama que no hacía presagiar lo que vendría después.

Por aquel entonces los abogados tenían prohibida (en contra del derecho europeo) la «cuota litis» pero, en el mundo del tráfico, todos la usaban y esta cuota era, en general, del 10%. Como el tiempo estándar de curación en aquellos años de un síndrome postraumático cervical, por ejemplo, era de 90 días, saber cuánto dejaba a un abogado medio de Alicante uno de aquellos pequeños accidentes era sencillo ((9010.000)10%): 90.000 pesetas; es decir unos 540 euros. Eso sin secuelas de ninguna especie.

Muchos de quienes no sean lo suficientemente mayores quizá no sepan lo que eran casi 100.000 pesetas en el año 1993… Esos 540€ actuales eran una cantidad muy respetable y con ella se podían hacer muchas cosas, como por ejemplo, salvar un mes. Fue en aquel año 93 cuando, con los honorarios que me reportó un caso en el que mi clienta había sufrido una lesión de rodilla, pude casarme. Con las 270 mil pesetas que cobramos mi entonces novia y yo (1.600€) pagamos la boda, la entrada de la casa, el viaje de novios y parte del mobiliario. Impresionante. Piense qué puede hacer usted hoy con 1.600€ y empezará a entender de qué le hablo.

Pero llegó 1995. Las aseguradoras habían dado al gobierno la matraca implacablemente con la cancamusa de la inseguridad que los jueces producían con sus resoluciones, con la grave situación por la que atravesaba el sector, con lo malvados que eran los españoles que se dedicaban a engañar a las honestas compañías de seguros (una matraca esta que las compañías se ocupan de mantener año tras año mientras mantienen un cuidadoso silencio acerca de sus propias tropelías), y con la pasividad de jueces y forenses para controlar un fraude que era evidente, obviamente, para las compañías.

Y triunfaron: en 1995 y enmedio de un sonoro escándalo entre jueces, abogados y el resto de lo que ahora se llaman «operadores jurídicos», el gobierno (socialista entonces) convirtió en obligatorio aquel baremo orientativo que despreciaron los jueces. Ahora los jueces ya no valoraban el lucro cesante ni el daño emergente que las lesiones habían producido a cada persona en concreto; a partir del baremo todos los casos (iguales o desiguales) pasaron a valorarse con ese único rasero y, por ejemplo, la indemnización por día de baja fue reducida a 2.500 pesetas (15€) de la noche a la mañana.

La judicatura se rebeló contra aquel baremo que juzgaron una tropelía y cuestiones de inconstitucionalidad y recursos de amparo fueron sometidos a la consideración del Tribunal Constitucional pero sin éxito, de forma que, poco a poco, amainó el temporal y las aseguradoras se salieron con la suya: habían triunfado.

El éxito de las aseguradoras fue una derrota para los asegurados y víctimas de accidentes de tráfico;  sin embargo, la tradicional falta de capacidad asociativa española y la debilidad de nuestra sociedad civil hizo que el «lobby social» no dejase sentir su justa protesta. Tampoco la abogacía institucional tuvo éxito (si es que acaso lo intentó, que no lo sé, yo desde luego no recuerdo que lo hiciera) y aquel recorte impuesto por el baremo hizo que los consumidores vieran reducidas sus indemnizaciones de forma draconiana para regocijo de las aseguradoras y sus cuentas de resultados y que, de paso, los abogados de tráfico perdieran un enorme poder adquisitivo. Perdían los ciudadanos, ganaban las aseguradoras, la abogacía no protestó y quienes entonces representaban a los ciudadanos se olvidaron de ellos para no volver a recordarlos jamás en este tema.

Si echamos cuentas resulta que, ahora, en 2017, la indemnización por día de baja se encuentra en España a niveles del año 1993 (unos 50€ y pico por día de baja), lo que significa que, desde 1995, hemos tardado más de 20 años en regresar al pasado. Los ciudadanos de 2017 son indemnizados como los ciudadanos de 1993 (a veces menos) y, si aplicamos a esas magras indemnizaciones la cuota litis del 10%, resultará que los abogados de tráfico están cobrando cantidades de 1993 para afrontar gastos de 2017 y, todo ello, con el noble fin no de indemnizar en justicia a los perjudicados, sino con el más prosaico de que las aseguradoras mejoren sus cuentas de resultados.

Sí, la aseguradoras se salieron con la suya, obtuvieron del gobierno la rebaja pretendida y la furibunda protesta judicial inicial se fue disolviendo como un azucarillo. Los abogados, hasta donde yo sé, no parece que protestásemos entonces con la necesaria firmeza ni que hayamos trabajado con posterioridad en sentido contrario al de las compañías de seguros y en pro de los perjudicados. El lobby de las aseguradoras ha funcionado desde entonces como una máquina bien engrasada y el de aquellos que quieren una valoración específica para cada caso concreto sin aplicar automatismos que lleven a soluciones absurdas en muchos casos, ese lobby, ni siquiera ha llegado a nacer. Pero no nos quedemos aquí porque la historia continua.

Tras la aprobación del baremo el lobby de las aseguradoras prosiguió con su buen hacer (buen hacer para ellos, se entiende) y, de forma generalizada, comenzaron a bajar las garantías de defensa y reclamación jurídicas en las pólizas de automóviles. Si a finales de los 90 las coberturas para esta garantía estaban habitualmente cifradas en varios miles de euros, para 2015 casi todas las pólizas que emitían las compañías no pasaban de 600€; una medida muy útil para evitar que en los asuntos de tráfico interviniesen abogados particulares distintos de los de las compañías. A esta inicua medida se unió la facilidad y gratuidad con que las compañías asumían la defensa de los ocupantes del vehículo propio mientras que ponían todo tipo de problemas y ejercían todo tipo de presiones si estos decidían buscar —como era natural y aconsejable— un abogado de su elección.

También les salió bien a las aseguradoras este plan, nadie protestó desde el campo de los consumidores, la CNMC no abrió la boca ni para respirar y tampoco en el campo de la abogacía pareció interesarle a nadie el tema y, si alguien protestó, (recuerdo una desagradable experiencia sufrida hace años con un post mío sobre este mismo tema) recibió advertencias incluso desde el propio campo.

Sí, el futuro sonreía a las aseguradoras, pero el golpe de gracia se produjo a finales de la legislatura pasada con la eliminación de los juicios de faltas y la desaparición de la mayor parte de los juicios de tráfico que se redujeron a un proceso extrajudicial donde la figura del abogado es perfectamente prescindible. Nadie solicitaba esa reforma, nadie pedía la despenalización de los accidentes de tráfico (salvo las aseguradoras se entiende), pero el gobierno (en este caso el actual con R. Catalá como ministro de justicia) decidió que, nuevamente, volvería ayudar a las aseguradoras contra los consumidores y contra la abogacía.

Nuevamente los consumidores han dejado oír sus protestas, pero, esta vez, ya la judicatura no ha dejado sentir su voz (al fin y al cabo les reducen la carga de trabajo) y la abogacía ha sido una balsa de aceite en manos de Rafael Catalá a pesar de que esta reforma suponía la pérdida de un sector de actividad importantísimo para la abogacía y el cierre anunciado de muchísimos despachos.

Las compañías de seguros, en interés propio y con la colaboración impagable del gobierno, han logrado eliminar la presencia judicial y reducir la de los juristas en los procesos de tráfico que ahora se ven reducidos a unos cuantos trámites extrajudiciales. Sea como fuere la realidad es que lo sucedido es bueno para las compañías y perpetúa esa realidad de las indemnizaciones baremadas que, si pareció inadmisible en 1994, es ahora una situación con la que la sociedad se ha acostumbrado a vivir.

En 2017 el futuro de los abogados de tráfico es muy incierto —aunque ello no ha parecido provocar la menor inquietud en los representantes de la abogacía— y hablar con estos abogados es palpar una inquietud ante el futuro que no es exclusiva, por cierto, sólo de ellos sino de muchas otras ramas de la profesión.

Hay en España unos 130.000 abogados y datos recientes parecen indicar que una quinta parte de ellos están afrontando graves problemas económicos en sus despachos; si a tal situación le añadimos la crisis entre quienes se dedican o dedicaban al tráfico es posible que estemos viviendo los momentos más graves de la historia de la abogacía en España sin que aparentemente nadie parezca inmutarse. Desearía equivocarme pero lo que desearía además es que, si has sido abogado estos últimos 20 años, me permitieses escuchar tu opinión sobre la evolución de la profesión que nos da de vivir. 

Ah, y no esperes que nadie proteste ni haga nada por ti si tú no lo haces.

Lo dejaré aquí por hoy. Perdón por extenderme.

Territorios excepcionales

Debe de ser que, al no vindicar competencias, resultamos demasiado pastueños para cualquiera que acceda al gobierno. Debe de ser que, al no habernos marchado con las transferencias de justicia, se nos toma por unos ingenuos a los que se puede engañar sin demasiada dificultad. Debe de ser también que, en este país, al que confía en que juntos se vive mejor que separados, al que confía en la cooperación más que en la competencia y a quienes creen que cumplir con sus obligaciones algún día será recompensado lo único que les espera al final del camino es la decepción y la risotada obscena de esos «listos» que «saben cómo son las cosas» en este país de mamancios y tiralevitas.

No encuentro explicación a que los abogados de oficio del territorio común llevemos 20 años sin que nuestras indemnizaciones se actualicen ni siquiera para incrementarles el IPC; no encuentro explicación a que el sistema informático de nuestros palacios de justicia se esté cayendo diariamente (lean hoy la prensa) y nadie parezca alarmado por ello. No encuentro explicación a que nuestros gobiernos autonómicos —los que dicen representarnos— no manden alto y claro un mensaje al gobierno central y le expliquen que seremos «territorio común» pero en absoluto unos tiñalpas inferiores a nadie en nada y menos en necesidades de Justicia y que aquí, o jugamos todos, o la baraja se va a romper a la altura de donde pone «Heraclio Fournier» en el cuatro de oros.

Baleares, Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, la Región de Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son esos lugares a los que en Justicia llaman «territorio común», lugares nada comunes, antes al contrario, excepcionales, dónde la vulgaridad sólo la ponen quienes gobiernan.

Si crees que puedes hacer algo por mejorar la justicia en los territorios comunes únete al equipo. Puedes hacer nada o puedes hacer algo: yo no lo dudaría.