La marcha granadera

Se escribe mucho sobre himnos en tuíter estos días. Quién les acusa de una cosa, quién de otra… y suele ser objeto de críticas especialmente furibundas el llamado himno de España; es decir, la vieja marcha granadera.

Carece de letra —siempre careció de letra— pero, como todo sirve al interés político, los más radicales de uno y otro bando tratan de atribuirle como «letra» unos oportunistas versos de Pemán. Hacen mal, la marcha granadera jamás tuvo letra y me parece perfecto que siga sin tenerla pues no sería decente cantarla en sólo una de las lenguas de España.

La marcha granadera tiene una historia realmente antigua y que se pierde en la bruma de los siglos.

Muchos afirmaron su origen prusiano, otros le atribuyeron origen popular, sea como sea, la primera partitura que conservamos de ella data de 1761 y aparece en el «Libro de la Ordenanza de los Toques de Pífanos y Tambores que se tocan nuevamente en la Ynfant° Española» compuestos por Don Manuel de Espinosa.

Nuestro himno, pues, nace al parecer con la humilde misión de servir de toque de marcha para los ejércitos españoles del siglo XVIII y sonaba, más o menos, así:

Como su nombre indica era un toque de ordenanza específico para los cuerpos de granaderos pues los fusileros ordinarios disponían de su propio toque de ordenanza, la llamada «marcha fusilera» que, por cierto, también sirvió de música introductoria a los mensajes reales en bastantes emisiones radiofónicas a principios del siglo XX.

Cómo llega un toque de ordenanza a convertirse en himno de España es cuestión de pura casualidad. El ordenancista Carlos III fue previendo música de honores para cada suceso en qué hubiesen de rendirse estos pero, al llegar al punto de determinar los honores que habían de rendirse al Santísimo Sacramento, optó porque se hiciese sonar en esos casos el toque de marcha de los granaderos. Uno debe imaginarse a las tropas arrodillándose ante la custodia al tiempo que sonaba la marcha granadera y no le cuesta trabajo imaginar que se identificase esta marcha de soldados con la música de las grandes ocasiones. Los reyes también decidieron que, cuando se acercasen a un establecimiento militar, se les rindiesen honores haciendo sonar el toque de marcha de los granaderos y de ahí a que se le considerase marcha real y de ahí a himno de España no había más que un paso pero, ese paso, por diversas razones, tardó mucho en darse.

Tras el destronamiento de Isabel II el general catalán Joan Prim i Prats convocó una comisión para promover un concurso que buscase un himno para España. Tras muchas reflexiones la comisión recomendó que se siguiese usando la marcha granadera.

Quizá el éxito de la marcha granadera como himno de España radica en su humildad: por carecer, carece hasta de letra, de forma que uno puede silbarla, tararearla o corearla en la lengua y con la letra que prefiera… algo muy útil en un país que habla al menos cuatro idiomas. Por otro lado, la funcionalidad de los toques de ordenanza y de las músicas de marcha en los ejércitos es bien sencilla: sirven para acompasar el paso de los hombres y facilitarles el que anden coordinados y, en este punto, uno encuentra hasta un mensaje oculto en esa música que se concibió con el único fin de hacernos andar juntos.

Pero, si aún así, todavía se insiste en la naturaleza franquista, monárquica, imperial o cristiana de la humilde «Marcha Granadera», esta todavía nos reserva una sorpresa pues, hace relativamente poco tiempo, se descubrió el asombroso parecido de nuestra humilde heroína con la música de una composición musulmana: la nuba Al-Istihlál, compuesta por el famoso filósofo y músico zaragozano, el musulmán Ibn Bayyah, más conocido entre los cristianos como Avempace.

Tras este golpe de efecto resultaría que la marcha granadera, el actual himno de España, tendría origen andalusí y estaría compuesta por un musulmán… ¿alguien da más?.

Sin letra, para cantarla en cualquier idioma, con un mítico origen zaragozano-andalusí-musulmán para que relativicemos la importancia del credo de cada cual y, en fin, sin más aspiración que ser una música humilde que suena con la única intención de producir concordia y permitir que todos caminemos juntos. ¿Alguien le puede pedir más a una melodía?

Les dejo con la nuba Al-Istihlál, disfrútenla.

Anuncios

Cuarenta y nueve justos

Ni cincuenta ni cuarenta y ocho, cuarenta y nueve justos son los profesionales a los que el ministro de justicia acusó de tratar de aprovecharse de los fallos de LexNet —después de que estos fuesen reparados— para tratar de introducirse en buzones ajenos y fisgar documentos que no eran suyos. Esto dijo el ministro en su última comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso el pasado día 31 de agosto y no veo que nadie, desde la abogacía o la procura, hayan respondido a día de hoy a esa infamia como esa infamia merece.

Digámoslo en corto: el ministro mintió. Mintió de la forma más peligrosa y pérfida que existe y es mezclando lo real con lo imaginado y esto, a su vez, con con lo sencillamente inventado o falseado. En su intervención ante la Comisión de Justicia el ministro dio un auténtico recital de esta forma de faltar a la verdad y en esta infamia de que les hablo no lo hizo de manera diferente.

Veámoslo.

Fue el propio ministro, en su comparecencia, el que nos comunicó que, tras la reparación de LexNet, se produjeron cuarenta y nueve intentos fallidos de entrar en cuentas que no eran las propias del usuario que pretendía acceder. Esta afirmación es la única parte de su argumentación que podría ser cierta si los «logs» del sistema corroborasen la veracidad de la misma, el resto es pura basura, bullshit, caca de la vaca o vómito bilioso.

Porque de esta verdad posible el ministro extrajo la conclusión más improbable —que quienes realizaron accesos fallidos trataban de cometer un delito— para luego presentar esta conclusión improbable como verdad inconmovible: «cuarenta y nueve profesionales de la justicia intentaron acceder a documentos de otros».

Vayamos por partes.

LexNet había estado desconectado por fallos de seguridad, de forma que, cuando el gobierno volvió a conectarlo, la primera pregunta que todos los profesionales se hicieron fue: ¿estará arreglado de verdad?. Aquellos profesionales que no llegaron a enterarse de la naturaleza del problema volvieron a usar el sistema sin despejar la duda de si funcionaba correctamente o no, aquellos que disponían de algún conocimiento sí hicieron lo que cualquier persona prudente haría: comprobar si efectivamente lo habían arreglado. Esta comprobación, ciertamente, deja el aviso de un intento de acceso indebido —si el sistema está efectivamente reparado no hay miedo de que se produzca— pero en absoluto puede suponerse que la misma tiene por objeto fisgar en documentos ajenos. Es más, dada la naturaleza del fallo, resulta imposible que ninguno de estos «forty-nine testers» pudiesen acceder a la cuenta de nadie que a ellos les interesase porque, como dijo el Ministro también y esto demuestra que sabía que faltaba a la verdad, el identificador que era la clave del problema ni hacía referencia al DNI, ni al número de colegiado, ni a ningún parámetro que permitiese establecer una relación entre el mismo y un profesional concreto.

Por tanto, presentar a estos «forty-nine testers» como unos malvados que pretendían hacerse con los documentos de otros compañeros es una hipótesis que parece construida con el exclusivo fin de arrojar basura sobre unos profesionales desconocidos y para distraer la atención del gran público sobre el verdadero objeto del debate: la incompetencia del reprobado ministro compareciente y la inidoneidad del sistema por él impuesto. Un truco político tan viejo como sucio.

Y no, sé lo que están pensando y lamento decepcionarles, yo no estoy entre esos «cuarenta y nueve justos», de forma que no es este un artículo en el que yo tenga ningún interés personal; es cierto que yo di cuenta al ministerio del fallo de seguridad, pero cuando el gobierno anunció que estaba reparado simplemente les creí y no hice lo que un profesional prudente habría hecho: comprobar que decían la verdad. Gracias a eso no estoy entre esos «cuarenta y nueve justos» a quien el Ministro eligió llenar de basura para desviar la atención de todos. Afortunadamente este tipo de añagazas no sirven entre los profesionales y acaban volviéndose contra el que las maquina: antes o después y tras los procedimientos pertinentes la abyección ministerial será tan oficial como es evidente ahora y sólo quedará de todo esto un rastro de oprobio para él.

Por cierto, hoy hace tres años que dimitió Alberto Ruíz Gallardón, anterior ministro de justicia, pero no sin antes autoconcederse —por su puesto, por supuesto— todas las condecoraciones que tuvo a bien y fue capaz. El soberbio hijo de papá que impuso a los españoles unas infames tasas judiciales y pretendía instalar una abyecta planta judicial, que acabó definitivamente con la independencia del CGPJ e impuso un autocrático estilo de gobierno, hace ya tres años que abandonó el cargo con oprobio y ahora está en casa y cada vez más peligrosamente cerca de enfrentar responsabilidades penales en el caso Lezo.

Los abogados seguimos aquí, la Brigada sigue aquí y Alberto Ruíz Gallardón ya sólo es una mala pesadilla del pasado. Escucha, Catalá. Shemá Rafael.

Ejerciendo el derecho de petición para suspender la obligatoriedad de LexNet

Estoy convencido de que existe consenso generalizado entre los profesionales de la justicia en el sentido de que el funcionamiento de LexNet es altamente defectuoso e impropio de un sistema profesional de comunicación entre estos profesionales y la Administración de Justicia y estoy convencido de que existe también una preocupación generalizada en cuanto a la seguridad y el destino último de los datos que se ingresan en dicho sistema.

Ejemplo claro del funcionamiento defectuoso de LexNet son las continuas caídas del sistema y las numerosas incidencias por indisponibilidad del mismo.

Ejemplos claros de la falta de seguridad del sistema son los incidentes de seguridad que se han venido produciendo a partir del 27 de julio del presente año.

Ejemplo claro de la preocupación por el destino final que se va a dar a los datos que se incorporen al sistema es el debate existente -incluso en las Cortes de la Nación- sobre quién debe administrar los sistemas informáticos que almacenan y custodian las comunicaciones y expedientes electrónicos de la Administración de Justicia.

Con tales consensos en mente no se explica que el sistema siga siendo impuesto por el gobierno a quienes han de usarlo pues, de este empecinamiento, no nace un mejor funcionamiento de la administración de justicia sino, por el contrario, un funcionamiento anormalmente crispado de la misma.

Si el sistema fuera bueno y eficaz nadie debería dudar de que sería usado mayoritariamente por los profesionales; pero si, por el contrario, el sistema es ineficaz, los profesionales preferirán usar los medios tradicionales de presentación de escritos hasta tanto los medios electrónicos que proporciona el ministerio ofrezcan las capacidades y funcionalidades que hoy, a juicio de una amplia mayoría, no tienen.

El ejemplo más evidente de que la obligatoriedad es una insensatez es el hecho de que, a pesar de que un escrito supere la capacidad del sistema, aún así se obligue al profesional a tratar de presentarlo vía LexNet y de esta forma recoger los metadatos del procedimiento aunque no se recoja el procedimiento mismo.

A la luz de lo brevemente expuesto, parece absolutamente razonable que, en tanto el sistema LexNet no ofrezca la seguridad, capacidad y nivel de calidad exigible a un sistema informático de su importancia se suspenda su obligatoriedad hasta tanto se implementen en el sistema todas las características precisas y quede como un medio optativo de comunicación con la Administración de Justicia.

Con fundamento en las anteriores reflexiones y en ejercicio de las facultades que concede el artículo 29 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, he redactado para el Ministro de Justicia el escrito al que enlazan los links existentes al final de este post y que se acompaña en formato word y .txt a fin de que, si lo deseas, puedas modificarlo, adaptarlo a tus necesidades y criterios y usarlo para solicitar la interrupción de la obligatoriedad de LexNet.

La autoridad destinataria de la petición —en este caso el Ministro de Justicia— tiene la obligación de responder en el plazo de tres meses, de forma que la petición no puede ser simplemente desoída sin más, conforme establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, que, textualmente, disponen:

Artículo 11. Tramitación y contestación de peticiones admitidas.

1. Una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación.

Asimismo podrá, si así lo considera necesario, convocar a los peticionarios en audiencia especial.

2. Cuando la petición se estime fundada, la autoridad u órgano competente para conocer de ella, vendrá obligado a atenderla y a adoptar las medidas que estime oportunas a fin de lograr su plena efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de los procedimientos necesarios para adoptar una disposición de carácter general.

3. La contestación recogerá, al menos, los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración por parte de la autoridad u órgano competente e incorporará las razones y motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no hacerlo. En caso de que, como resultado de la petición, se haya adoptado cualquier acuerdo, medida o resolución específica, se agregará a la contestación.

4. La autoridad u órgano competente podrá acordar, cuando lo juzgue conveniente, la inserción de la contestación en el diario oficial que corresponda.

5. Anualmente la autoridad u órgano competente confeccionará una memoria de actividades derivadas de las peticiones recibidas.

Artículo 12. Protección jurisdiccional.

El derecho de petición es susceptible de tutela judicial mediante las vías establecidas en el artículo 53.2 de la Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. Podrán ser objeto de recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

a) La declaración de inadmisibilidad de la petición.

b) La omisión de la obligación de contestar en el plazo establecido.

c) La ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior.

Creo que está bien y que es bueno formular peticiones en plataformas como «Change.org» pero, existiendo a nuestra disposición un cauce legal a través del cual hacer llegar las peticiones y provocar una imprescindible respuesta motivada de la administración, considero que este es un medio que no debiera ser olvidado y que ofrece insospechadas posibilidades en términos de hacer llegar a los órganos competentes la protesta seria y fundada de un colectivo. No es lo mismo una petición que 20.000 peticiones, de forma que esta es una de las formas de protesta que —a conveniencia de cada uno— sería interesante adoptar. La verdad es que este derecho de petición es el mismo que tienen otros órganos y corporaciones que, diciendo representar a un colectivo, sólo se ven amparados por una ficción jurídica y no por la fuerza real de las personas. Por ello me parece lógico ejercer este derecho y reclamar del ministro justicia los cambios que estimo pertinentes antes de poner en marcha cualquier otro medio de protesta legal de naturaleza más contundente.

Ya tengo confeccionado mi escrito y lo he firmado digitalmente; de paso, aprovechando el trabajo, he solicitado que el tema se debata en el próximo pleno del CGAE del día 6 y, ahora, debería remitirlo al Ministro por correo certificado o presentarlo en la ventanilla de la administración, pero me apetece mandarlo electrónicamente porque estoy viendo que no es fácil mandar un escrito de este tipo al Ministro de Justicia… Ummmmmm… voy a seguir en ello, si alguien me echa una mano será bienvenido y si no quizá escriba un post con esta peripecia.

Si te apetece unirte a la protesta aquí tienes el escrito que yo he hecho, puedes modificarlo a tu antojo y presentarlo. Si te pones en contacto conmigo tras hacerlo te lo agradeceré, así ya seremos dos a protestar de forma más contundente en el caso —muy probable— de que nos responda cualquier majadería.

Viva España

Se cumplen unos 110 años desde que el escritor y poeta catalán Joan Maragall escribiera un famoso artículo titulado como este post, pero en otra lengua española, el catalán: «Visca Espanya».

Este artículo («Visca Espanya!!», obviamente, no el mío) debiera ser lectura obligatoria para todos los políticos que estos días están enredados en la batalla del referéndum desde ambos lados de la tierra de nadie.

El artículo de Joan Maragall, con sus 110 años encima, sigue de plena actualidad, tanto que no puedo continuar leyendo sin detenerme a pensar al llegar al pasaje en que el autor proclama y pregunta:

Espanyols? sí! més que vosaltres! Visca Espanya! Però, com ha de viure Espanya?

Y es que esa es la pregunta nuclear, «Viva España», sí; «Visca Catalunya!», también, pero… ¿cómo ha de vivir España? ¿cómo ha de vivir Cataluña? ¿Qué estamos queriendo decir cuando damos esos «vivas»?

En esta península cainita más gente de la que debiera grita «Viva España» como un inri con que molestar a otros, pero también otra nada despreciable cantidad de gente grita «Visca Catalunya!» con intenciones nada venturosas para una buena parte de los habitantes de la propia Cataluña.

Déjenme que les cuente una historia.

Cuando yo era niño mis primos y yo éramos hinchas de la selección de fútbol de Brasil. Recuerdo aquellas vigilias durante el mundial de México-70 esperando a que, de madrugada, TVE nos ofreciera los partidos de la selección carioca, esa que jugaba con Félix en la puerta y que, de ahí para adelante, alineaba a diez genuinos magos del balón.
Mis primos y yo soñábamos con tener una camiseta amarilla y, en cuanto saltaba Brasil al campo, se nos pasaba el sueño, jaleábamos a gritos con infantil estupor las acciones de Pelé y nos sonaba a poesía épica aquella delantera prodigiosa que rimaba como riman los versos de Os Lusíadas: Gerson, Jairzinho, Tostao, Pelé y Rivelinho.

España no se clasificó para ese mundial y durante los cuatro años siguientes los niños españoles soñamos con las camisetas amarillas de la canarinha. Sí, en lo que al fútbol respecta, en aquel lejano año 70, los niños queríamos ser brasileños.

Ahora, cuarenta años después, tras dos eurocopas y un mundial ganados por España, uno no tiene dificultad para encontrar niños con camisetas rojas en casi cualquier parte del mundo con los nombres de Iniesta, Xabi o Villa escritos en ellas. Los niños ya no son, como éramos mis primos y yo, todos brasileños.

No ha hecho falta “españolizar” a esos niños que desean lucir una camiseta roja, no ha sido preciso hablarles de las virtudes patrias para que hayan querido formar parte de la selección española; ha bastado con ofrecerles la ilusión de un equipo que toca con la precisión de un reloj suizo, que hace que el balón parezca de su exclusiva propiedad y que, llegado el caso, tiene de su lado esa fortuna que es patrimonio de los campeones.

Viva España.

El caso de las naciones y los estados no es muy distinto: los hombres se marchan de los lugares donde no encuentran la libertad que buscan, de los países que no les ofrecen a ellos y a sus hijos el futuro que desean y se enfundan la camiseta de aquellos lugares que les ofrecen la ilusión, real o ficticia, que su país les niega.

Hemos visto venir a España seres humanos de todos los lugares del planeta huyendo de la esclavitud, la guerra y el hambre; hombres que querían ser españoles porque aquí vivía la ilusión de un futuro mejor para ellos y sus hijos, la esperanza de ser atendidos en un hospital si caían enfermos y la seguridad de que sus hijos tendrían educación y que cualquier injusticia que se les hiciese podría ser remediada gracias a leyes y jueces justos. No hubo que españolizarlos, bastó con ofrecerles un lugar donde vivir una vida casi digna. Pero era sólo una ilusión: la España de 2017, hoy, nos muestra todo aquello que la prosperidad económica no dejaba ver a esos hombres que un día vinieron. Un lugar donde no pueden, y en muchos casos ni quieren, vivir los propios españoles.

Hablan de españolizar y tratan de confundir el color de la camiseta con la calidad de los jugadores: Ni por ponerse una camiseta amarilla se es Pelé ni se es Blas de Lezo por agarrarse a una bandera española.

Si queremos españolizar hagamos de este país un lugar donde los gobiernos sean honestos, donde la riqueza y la pobreza se compartan por todos con justicia, donde los hombres vivan libres e iguales y donde la felicidad de todos sea posible. Un lugar en donde todos quieran vivir y de donde nadie quiera marcharse.

Y cuando eso pase, quienes nos gobiernan, podrán levantar con orgullo la bandera, como Blas de Lezo, como Ramón y Cajal, como Cervantes, como Don Joan Prim i Prats… Aunque para entonces ya no hará falta españolizar a nadie porque, a esas alturas, ya todos querrán jugar en este equipo.

Perdonen esta larga historia de mi infancia, lo que quisiera señalarles con ella es que la primera y más principal forma de trabajar por la unidad de España (y Cataluña) es hacer que el equipo juegue bien, que quienes lo dirigen no se lucren a costa de los dirigidos, que persigan a quienes se llevan el dinero de todos y no los amparen u oculten, que den a la justicia los medios necesarios para llevar a cabo su trabajo y que dejen a los jueces juzgar con independencia… en fin ya saben ustedes lo que hace falta, lo que llevamos muchos años echando de menos. Los patriotas no se agarran a banderas ni las hacen tremolar, quienes aman a su país son honestos con él, no cobran treses por ciento ni financian sus partidos con comisiones de empresas. Quien agarra una bandera y la hace tremolar es quien no tiene más respeto por ella que el que tendría a una muleta con que hacernos embestir.

Miren, yo soy español de religión, no soy capaz de entenderme si no es como español y por tanto un trozo de mí es catalán. No creo que ningún referéndum pueda separar estas dos partes de mí y no creo que ningún referendum pueda separar medio milenio de vida en común.

Y dicho esto, ahora, quienes van a votar el 1-0 sería bueno que cambiasen en este artículo la palabra España por Cataluña y comprobasen, se preguntasen, si el club en el que quieren jugar está dirigido por quienes no se quedan con el dinero de todos para lucrarse, por quienes son patriotas en todo menos en sus ahorros y depredaciones helvéticas, por quienes garantizan la libertad y el derecho de todos, por quienes respetan la justicia y la independencia judicial… y si quienes hacen tremolar las banderas lo que pretenden es hacer embestir a dos comunidades de seres humanos como si fuesen animales, apelando a los instintos.

Viva España, Visca Catalunya!, sí, pero… ¿de verdad queremos que vivan así?

El 1-O no habrá referéndum o habrá tan solo un conato de referéndum y llegará el 2-O y ese será el primer día de los muchísimos días en que tendremos que plantearnos y acordar cómo habremos de empezar a ganarnos el futuro de forma que, cuando gritemos Viva España o Visca Catalunya, lo hagamos a favor de todos y en contra de nadie.

Vale.

Superabogadas

El hijo de una compañera abogada me contó, no hace mucho, que uno de sus más persistentes recuerdos de infancia era el de dormirse escuchando el sonido lejano de la máquina de escribir de su madre y despertarse, al día siguiente, oyendo cómo la máquina seguía sonando.

La imagen me pareció extremadamente tierna y que describía perfectamente el tremendo esfuerzo de esas abogadas madres por sacar adelante a sus hijos y su trabajo, dando a cada tarea el tiempo necesario y quitándoselo a ellas mismas.

Esta noche en que muchas abogadas concluyen sus recursos tras acostar a sus hijos, me ha venido esa imagen a la memoria y he pensado que es verdad, que cuando los niños duermen aún sacan el coraje las superabogadas.

Va por vosotras compañeras, sois lo mejor.

Mentiras ministeriales

«Epistula non erubescit» (el papel no se sonroja) nos dijo Cicerón hace dos mil años, aludiendo a que, por más que lo que se escribe en un texto sean mentiras y falsedades deleznables, ni el papel ni el texto en él escrito mostrarán el más mínimo signo de vergüenza. Lo novedoso en este siglo XXI es que ya no es el papel el que no se sonroja, sino que, al parecer, ni siquiera los ministros lo hacen.

Ayer la cuenta tuíter del ministerio de justicia publicó el tuit que sigue a este párrafo, tuit que reproducía una frase o idea transmitida por el ministro de justicia Rafael Catalá Polo en la así llamada «vigésimo tercera intermunicipal PP». La frase contenida en el tuit era literalmente la que en él se ve: «Apostamos por una Justicia próxima, se viva donde se viva» y se quedó tan ancho.

El ministro, sin pudor ni vergüenza alguna, transmitió este mensaje apenas tres meses después de que dejase a dos tercios de la población española sin juzgados donde acudir a solventar sus reclamaciones hipotecarias, inhabilitando 381 partidos judiciales en favor de un sólo juzgado en la capital de provincia e imponiendo, por ejemplo, a los habitantes del partido judicial de Herrera del Duque, la tasa encubierta de tener que circular 400 kms cada vez que pretendan acercarse al juzgado que conoce de su cláusula suelo en Mérida, la capital de su comunidad.

Esto mismo ocurre a dos terceras partes de la población española (sí, en España dos tercios de su población no viven en capital de provincia) pero el ministro —a pesar de las fuertes protestas de todos los profesionales de la justicia, asociaciones de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios, procuradores y abogados— decidió dar el visto bueno al insensato plan provinciofrénico que le propuso un nada independiente Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Gracias a esa insensatez el juzgado especial de Madrid está ya colapsado con 11.000 demandas, la mayoría sin proveer (11 años de retraso), cuando si se hubiesen usado los 101 juzgados de que dispone la Comunidad de Madrid habrían repartido unos 100 cada uno lo que alargaría un mes el tiempo medio esperado de respuesta. Parte de esas 11.000 demandas archivadas en los suelos del juzgado son las que ven en la fotografía que sigue y que es ya viral en la red.

Pues bien, ese es Catalá: el ministro reprobado que alejó la justicia de las dos terceras partes de la población española y ese es Catalá también, el ministro que es capaz de decir justo lo contrario de lo que hace con todo desparpajo y sin que asome a su rostro el más leve rasgo de vergüenza. La realidad no le impedirá decir nunca lo que él entienda más apropiado en cada momento, en la era de la «postverdad» el ministro es un virtuoso.

Darwin se quedaría estupefacto si contemplase a este hombre a quién todavía, hace un par de meses, algunos abogados —me da pena decirlo— aplaudían ostensiblemente en Granada.

Ninguna emoción producía más intriga a Darwin que la de la vergüenza y los cambios físicos asociados a la expresión de esta emoción. Le sorprendía que el ser humano manifestase instintivamente su vergüenza, por ejemplo, ruborizándose; veía en esta reacción panhumana una amenaza para su teoría de la evolución pues ¿qué ventaja evolutiva puede aportar al ser humano el evidenciar ante el resto de la comunidad que sabe que ha obrado mal? Nada tan humano como la vergüenza y nada tan inhumano como la ausencia absoluta de ella.

Cuentan que, cuando preguntaron al “Guerra” (el torero, no el ministro) cómo era posible que a un banderillero de su cuadrilla le hubieran nombrado Gobernador Civil de una provincia sureña, el diestro respondió con una afirmación que suscribiría el mismo Darwin si resucitase: «Degenerando».

Hemos llegado a un grado de degeneración tal en algunos sectores de nuestra clase política que Darwin hubiese quedado atónito y Cicerón hubiese tenido que pensárselo dos veces antes de repetir su cita porque «Epistula non erubescit», cierto, pero los ministros tampoco.

No se puede engañar a todos todo el mundo: ya está bien, acabemos con esta farsa.

Tienes que ir a Las Merindades

Si eres jurista y no has ido a Las Merindades ten la seguridad de que estás en pecado, porque Las Merindades son La Meca de un jurista y allá hay que ir al menos una vez en la vida. Si eres jurista de los que trabajan en el llamado territorio común —y no en el foral—entonces el pecado es mortal y no entrarás en el paraíso de los juristas; esto tienes que saberlo, porque Las Merindades fue el lugar donde empezó todo.

Las Merindades es un territorio donde los hombres se dedican a cosas importantes y, por eso, de las menudencias se encarga Dios, que es quien por estas tierras construye puentes y ermitas cuando los seres humanos andan ocupados en sus cosas. La fotografía que hay más arriba corresponde a un pueblo de Las Merindades llamado «Puentedei», nombre que no puede ser más claro y significante: el puente de Dios, porque fue efectivamente Dios quien construyó el puente y a fe mía que no le quedó nada mal. Díganme si han visto alguna vez un puente más bonito.

El caso es que, en Las Merindades, podemos contemplar los vestigios de la Castilla más joven, esa que en torno a los siglos IX y X, con toda su hambre y su pobreza a cuestas, con todo su espíritu banderizo y su santo temor de Dios, empezó a buscar su lugar en la historia del mundo y, sabiendo que los reinos injustos no duran y son víctimas de sus propios súbditos, encontró en Las Merindades a dos personajes de leyenda que hicieron de Castilla un lugar donde el derecho y la justicia fuesen ideas respetadas e incluso sagradas; estos personajes no son otros que los primeros jueces de Castilla, los míticos Laín Calvo y Nuño Rasura.

Porque has de saber, desocupado lector, que el de Las Merindades es sin duda el Partido Judicial Primado de España, la primera sede judicial de toda Castilla y probablemente de la península. Aquí Laín Calvo y Nuño Rasura dictaron sus fazañas e hicieron justicia; la toponimia de Las Merindades recuerda a estos juristas: el lugar donde se hallaba su primera sede judicial se llama aún hoy día «Bisjueces» (dos jueces) y una aldea cercana honra a uno de ellos con el significativo nombre de «Villalaín».

Todas estas poblaciones de que les hablo forman hoy día parte del partido judicial con el nombre oficial más largo de España, a saber: Villarcayo de Las Merindades de Castilla la Vieja; ahí es nada.

Poco importa que ministros de justicia niños de papá o trepas de manual se hayan sentido tentados de afrentar la memoria de España atentando contra la Sede Primada de la justicia española, la ignorancia es osada y estos de quienes les hablo no tienen más osadía que la que nace de una ignorancia supina. Has de saber que, a pesar de diez siglos de historia y de los muchos ministros tarugos que en ellos caben, Villarcayo y Las Merindades siguen aquí, y aquí sigue la sede primada y, si no vienes, ya lo sabes, jamás entrarás en el cielo de los juristas.

Además ¿en qué otro lugar podrías hacerte un selfie con las esculturas de dos jueces detrás? (Si encuentras otro te invito a una caña).