¿Y LexNet qué tal?

Ha pasado un año entero desde que el gobierno obligase a utilizar en los juzgados españoles un sistema de comunicaciones electrónicas denominado LexNet. El sistema, controlado por el Poder Ejecutivo y no por el Poder Judicial, levantó inmediatamente críticas por este fallo fundamental de diseño que compromete la independencia judicial en España.

Pero LexNet no sólo fue criticado por su errónea concepción de base, también fue criticado porque se afirmaba que era un sistema viejo que no suponía una verdadera modernización de la administración de justicia.

Pues bien, ha pasado un año y las estadísticas ya permiten efectuar comparaciones para tratar de comprobar si el sistema ha contribuido de algún modo a acelerar o mejorar el funcionamiento de nuestra administración de justicia. Vamos a tratar de hacerlo.

Casos resueltos (por trimestres) en los años 2015/2016. Fuente: Consejo General de Poder Judicial.
Casos resueltos (por trimestres) en los años 2015/2016. Fuente: Consejo General de Poder Judicial.

La imagen que ven muestra el número de asuntos resueltos en 2015 y 2016 por los juzgados españoles. Aparentemente LexNet habría tenido el efecto de una explosión nuclear pues el número de asuntos resueltos en 2016 es muy inferior al resuelto en 2015… pero no se dejen llevar por el primer impulso, démosle una oportunidad a LexNet. Si observan los gráficos con detenimiento la verdadera causa de la aparente «pérdida de productividad» de los juzgados españoles en 2016 es que el número de procedimientos en la jurisdicción penal ha descendido de forma dramática (se han suprimido, por ejemplo, los juicios de faltas de tráfico ¿recuerdan?) y es, por lo mismo, que la jurisdicción penal es la que muestra una mayor tendencia a la «pérdida de productividad» que las cifras indican en bruto. Mucho más indicativas son las cifras del resto de las jurisdicciones (civil, social, contencioso…)

Y para ser más justos aún no deberíamos tampoco comparar los años 2015 y 2016 en conjunto pues, en los primeros trimestres, ya sabemos que la implantación de LexNet llevó aparejados problemas notables. Probablemente lo más ajustado sería comparar el cuarto trimestre de 2015 (sin LexNet) con el último de 2016 (con LexNet) excluyendo la jurisdicción penal.

Pues bien, si lo hacemos, no sólo no parece que LexNet haya resuelto nada sino que incluso el número de asuntos resueltos ha descendido, lo que quiere decir que los juzgados españoles «producen» menos sentencias con LexNet que sin LexNet.

Pueden buscarse explicaciones para este «descenso de productividad» de los juzgados españoles que traten de exculpar a LexNet… podemos tratar de imaginar explicaciones, sí, pero lo que parece indiscutible es que LexNet, a pesar del tremendo esfuerzo que ha exigido a profesionales y funcionarios y del coste económico para los administrados, no ha conseguido —ni de lejos— aumentar la productividad de los juzgados españoles.

Por si desean consultar los datos originales del Consejo General del Poder Judicial en estos links les dejo los correspondientes a los años 2015 y 2016.

 

Yo no he visto atacar naves en llamas…

Yo no he visto atacar naves en llamas más allá de Orión ni he visto Rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser.

Pero… 

He visto ponerle precio a la justicia y destinar los ingresos a ayudar a corporaciones que abusaban de los consumidores. Y he visto quejarse de la lentitud de la justicia mientras se la dejaba morir de inanición negándole la mínima ayuda indispensable. Y he visto culpar de la lentitud de la justicia a los ciudadanos que acudían a ella a reclamar lo que les habían depredado. Y he visto llamar querulantes a los ciudadanos cuando sólo reclamaban lo que era suyo. Y he visto cómo se llamaba “modernización” al uso de tecnologías del siglo pasado. Y he visto cómo se dictaban leyes sin dotación presupuestaria alguna tan sólo para aparentar que se hacía algo. Y proponer cambiarlo todo para que nada cambie. Y he visto a muchos aplaudir para medrar, sonreír para medrar, callar para medrar… Lo que no he visto es rubor en ningún rostro.

Porque antes veréis brillar Rayos-C en Tannhäuser que el rubor en el rostro de un ministro.

No nos quedemos sólo en el IVA

Hoy, la llamada “abogacía institucional” se queja -y con razón- de que, por parte del Ministerio de Hacienda, se quiere gravar con el IVA (al 21%) los servicios jurídicos prestados a personas sin recursos a través del llamado “turno de oficio”. En un primer momento no se sabía quién habría de pagar ese 21% (¿el beneficiario que no tiene dinero?)  pero, ante lo surrealista de tal posibilidad, ahora se nos dice que lo pagará el Ministerio de Justicia en la llamada «Zona Ministerio»1 y las respectivas Consejerías de Justicia en los territorios con competencias en justicia transferidas.

Cuando deberíamos estar tratando de mejorar un servicio como el de la asistencia jurídica gratuita lo que estamos  tratando es, simplemente, de que no empeore aún más y peleando contra un 21% en impuestos que pagará Justicia para que los cobre Hacienda (¿un ministerio pagando a otro? ¿de verdad es necesario este malabarismo tributario?) en lugar de ocuparnos de lo que de verdad importa. No sé cómo lo hace el gobierno pero entre señuelos, IVA’s y cortinas de humo jamás hablamos de lo que hay que hablar: de recursos para la Justicia Gratuita.

El Ministerio de Justicia lleva presupuestando demasiados años menos de 35 millones de euros anuales para la Justicia Gratuita, una cantidad ridícula e inferior a la que clubes como el Barcelona destinan a fichar a mediocentros perfectamente desconocidos -al menos para mí- como André Gomes (55 millones). Pensar que el estado destina a la justicia de los más necesitados menos que un club de fútbol a fichar uno de sus jugadores me resulta obsceno, sé que es una comparación fácil, pero me resulta obsceno.

El Ministerio de Justicia no sólo es que destine pocos recursos a la justicia gratuita, es que, además, los gestiona pésimamente porque los retrasos en los pagos son ya tan crónicos que se tiene por normal y admisible un inadmisible retraso de tres meses en el pago en Zona Ministerio.

Creo que la Justicia Gratuita merece una preocupación mayor que la circunscrita al IVA y a la protesta contra el Ministro de Hacienda. El responsable de la Justicia Gratuita es el Ministro de Justicia y es él el responsable de que los abogados de la Zona Ministerio sean los peor pagados de España. Véanlo si no.

Los mismos servicios jurídicos, dependiendo del lugar de España en que se presten, se retribuyen de formas tan dispares con cargo a los presupuestos de Justicia Gratuita que, dependiendo de la comunidad autónoma en que uno ejerza puede cobrar el doble —o la mitad— de un compañero que ejerza en la comunidad autónoma vecina. Veámoslo con un ejemplo.

Retribución de un Procedimiento Abreviado en turno de oficio según la comunidad autónoma en que se preste el servicio. Fuente: Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ)
Retribución de un Procedimiento Abreviado en turno de oficio según la comunidad autónoma en que se preste el servicio. Fuente: Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ)

La gráfica que les muestro corresponde a las retribuciones que cada administración paga a un abogado de oficio por defender un «Procedimiento Abreviado»2. Para quienes no sepan lo que es un «procedimiento abreviado» les diré que es el procedimiento a través del cual se instruyen la mayoría de los delitos cometidos en España3 y que, a pesar de su nombre, de «abreviado» no tiene nada, pues lo normal es que su tramitación se prolongue años, a veces muchos años. Para que se hagan una idea: el proceso del «Prestige» era un «Procedimiento Abreviado» y sólo la instrucción del mismo ya tomó más de 10 (DIEZ) años.

Pues bien, volvamos al tema, la gráfica anterior nos muestra lo que cada administración pagará a un abogado de oficio por defender a un acusado en un asunto que puede llevar aparejadas condenas realmente duras y cuya tramitación va a durar muchos meses en el mejor de los casos y muchos años en el peor de ellos.

Como pueden comprobar, si uno tiene la suerte de trabajar como letrado de oficio en Cataluña, por todo ese proceso le abonarán unos 400€ y, además, se los abonarán con toda puntualidad en cuanto justifique los servicios prestados. Por el contrario, si uno tiene la mala suerte de ejercer como letrado del turno de oficio en la llamada «Zona Ministerio» por el mismo trabajo le pagarán la mitad (unos 200€) pero además se los pagarán tarde y muchos meses después de que usted haya justificado su trabajo.

Y ahora explíquenme ustedes por qué el trabajo de un abogado de Manresa o Figueres vale el doble que el de una abogada murciana o de Palma de Mallorca. Si alguien es capaz de darme alguna razón que justifique esa diferencia con gusto le escucharé.4

Sospecho, sin embargo, que ninguna razón de justicia se esconde tras estas diferencias retributivas ni tras estos retrasos diferenciales en el pago. Sospecho —sé— que tras estas diferencias retributivas y retrasos diferenciales no se esconden más que razones que, de ser contadas, avergonzarían a bastantes personas.

Es tiempo ya de acabar con esta farsa. Es tiempo ya de decir que los abogados del resto de España no merecemos peor trato que los abogados de Cataluña —por ejemplo— y que no se puede defender a gobiernos de administraciones ni comunidades autónomas que pagan mucho peor y mucho más tarde que —por ejemplo otra vez— Cataluña.

No se comprende por qué un abogado de Ascó (Cataluña) ha de cobrar unos 400 euros puntualmente por un procedimiento abreviado mientras uno de Caspe (Aragón), por el mismo trabajo, tan sólo cobrará unos 260 euros, eso sí, no puntualmente como su colega de Ascó, sino tarde —muy tarde— y mal —muy mal—. Caspe y Ascó distan tan sólo 50 kilómetros en línea recta pero, en lo que respecta a justicia gratuita, están a años luz de distancia. Si algún abogado de Caspe me dijese que esta situación le parece bien no me quedaría más opción que pensar que miente o que sirve al gobierno que mantiene esta inicua situación.

Diferencias retributivas y retrasos diferenciales son una injusticia más que nadie remediará si no empiezas tu mismo por ponerte en pie y dejar oír tu voz alto y claro. Por eso no te quedes sólo en el IVA, hay muchas más tareas que hacer y que parece que, en años, nadie ha querido o se ha atrevido a hacer. Como siempre está en tu mano: no esperes a que nadie haga nada por ti si tú no lo haces primero.

  1. El «Territorio Común» o «Zona Ministerio» es el conjunto de comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de justicia y en las que el turno de oficio es sufragado directamente desde el Ministerio de Justicia con cargo a los presupuestos generales del estado. El «Territorio Común» o «Zona Ministerio» está formada por las comunidades autónomas de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las ciudades de Ceuta y Melilla. ↩︎
  2. Fuente «Confederación Española de Abogados Jóvenes» (CEAJ) ↩︎
  3. Conforme al artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración.» ↩︎
  4. Para que dispongan de una visión mucho más completa de cuales son las diferencias retributivas entre territorios les acompaño la tabla y gráfica que sigue
    Tabla de retribuciones del Turno de Oficio por territorios. Datos recogidos por CEAJ
    Tabla de retribuciones del Turno de Oficio por territorios. Datos recogidos por CEAJ

    Han de tener en cuenta que bastantes de las cifras contenidas en la tabla están sujetas a modificaciones en virtud de variadas circunstancias (por ejemplo es frecuente que si se realizan más de seis asistencias al detenido se doble la retribución, etc.) pero, en general, considero que la gráfica ilustra con bastante exactitud las diferencias retributivas existentes entre territorios. ↩︎

Abogacía y costas: drama en tres actos

El 21 de diciembre de 2016 fue un día feliz para muchos abogados. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) había fallado que lo indebidamente cobrado en virtud de las abusivas cláusulas suelo debía devolverse íntegramente y no sólo desde el año 2013 como pretendía el Tribunal Supremo. Abogacía Española1 dió la noticia así en su cuenta de tuíter: «El TJUE obliga a los bancos a devolver todo el dinero cobrado a los afectados por cláusulas suelo».

Resultaba difícil predecir hace sólo cincuenta y tres días que este tuit abriría el primero de los tres actos de un drama que llevaría a cometer a la Abogacía Española algunos de los más inadmisibles actos que he presenciado en los siete años que formo parte del Consejo.

Primer acto: los tribunales arbitrales

Tras la sentencia del TJUE la situación era, aparentemente, muy clara: los bancos ya sabían a qué atenerse y o bien devolvían voluntariamente el dinero indebidamente cobrado a sus clientes o bien estos se lo exigirían judicialmente. En un país normal los bancos habrían procedido a cumplir la ley inmediatamente pero el nuestro no es un país normal y por eso en España la útima posibilidad que se contempló esos días fue la de que los bancos cumpliesen voluntariamente la ley

Un incumplimiento generalizado de los bancos, que se daba y aún se da por descontado, sería una infamia para con la nación, sí, y exigiría un esfuerzo especial por parte de los abogados, incluídos los de oficio; pero también supondría trabajo para los abogados españoles, un trabajo que no vendría mal en un momento en que la abogacía española atraviesa el peor momento de los últimos 30 años, de forma que los pequeños despachos de abogados y los abogados del turno de oficio se prepararon para atender a la posible demanda; en última instancia la solución que establece nuestro ordenamiento cuando alguien no cumple la ley es acudir a los tribunales de justicia y no se ve por qué razón los bancos habrían de recibir un trato distinto. Los pequeños despachos, además, habían sido los únicos que habían apoyado a los consumidores en su lucha contra el abuso de las cláusulas suelo y parecía natural que fuesen ellos quienes hubiesen de lidiar con un posible incumplimiento generalizado por parte de los bancos, sobre todo si tenemos en cuenta que, en toda esta batalla de las hipotecas, el gobierno había estado sistemáticamente en contra de los consumidores y a favor de la posición procesal de los bancos..

Por alguna razón a nadie se le ocurrió exigirle a los bancos que cumpliesen con la sentencia. En España hay cosas de las que no se habla y esta de pedirle a los bancos que cumplan la ley parece ser que es una de ellas. La abogacía española tampoco pareció apuntarse a la vía de la firmeza exigiendo el cumplimiento de la doctrina contenida en la sentencia a los bancos y, para sorpresa de propios y extraños, el día 23 de diciembre, apenas día y medio después de la sentencia del TJUE se descolgó con este tuit en su cuenta oficial que sumió en la perplejidad a cuantos abogados conozco: Pedimos que Tribunales Arbitraje en que participan Colegios Abogados canalicen ejecución STC TJUE #CláusulasSuelo

La noticia no tenía desperdicio, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, sin que el Pleno del Consejo lo hubiese aprobado, en solitario y sin consultar aparentemente a nadie, se erigió en voz de la Abogacía Española y en nombre de la Abogacía Española dirigió al Ministro de Justicia Rafael Catalá una carta en la que le pedía que «Tribunales de Arbitraje en los que participan los Colegios de Abogados canalicen la ejecución de la sentencia del TJUE sobre cláusulas suelo»2.

Las respuestas al tuit no se hicieron esperar y oscilaron entre el «¿quién ha aprobado esa barbaridad?» y el «Vergonzoso». Los tuits lanzados por abogados desde sus cuentas particulares fueron muchos más, tuvieron casi todos ellos más apoyo que el de Abogacía Española y si algo quedó claro al final del día 23 de diciembre es que la presidenta había obrado por su cuenta, sin autorización del pleno e irrogándose ella misma una representación de la totalidad de los abogados que muchos abogados rechazaban explícitamente y que, desde mi punto de vista, no es admisible ni como figura literaria en casos como este.3

¿Por qué había podido comportarse así la presidenta? ¿por qué decidió por su cuenta solicitar algo que hasta ese momento no se había planteado ni como posibilidad en el Pleno? ¿Había algo más que un mero error detrás de su petición al Ministro de Justicia?

El llamado «Principio de Hanlon» nos advierte de que no debemos atribuir a la maldad lo que podamos atribuir simplemente a la estupidez, de forma que, al menos ese día, decidí que no era posible, no, que la propuesta de la Abogacía Española obedeciese a un intento de favorecer la posición procesal de los bancos exhonerándoles, al reconducir las reclamaciones a un procedimiento arbitral, del pago de las cotas que todo proceso judicial civil lleva aparejadas cuando se ven rechazadas todas las pretensiones de una de las partes. Sin embargo algo me atormentaba: a pesar de la catarata de críticas en redes, ni Abogacía Española retiró el tuit ni tampoco rectificó públicamente su postura, de forma que, aunque preferí pensar que todo era un error, insensiblemente, el llamado «Test del Pato» comenzó a sustituir en mis pensamientos al «Principio de Hanlon».

Segundo acto: el apoyo al RD 1/2017

El segundo momento de este drama tiene lugar cuando el Gobierno de España presenta el Real Decreto Ley 1/2017 y Abogacía Española muestra su más explícito apoyo al mismo con este tuit: La Abogacía considera positivo establecer un sistema extrajudicial para resolver los litigios sobre. Dicho tuit enlaza a una noticia en la que, entre otras cosas la presidenta se felicita de la creación de «una disposición normativa que establezca un procedimiento extrajudicial para canalizar la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), según carta que remitió el pasado 23 de diciembre la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, al ministro Catalá.»

Las reacciones al tuit esta vez fueron mucho más masivas y mucho menos educadas. El enfado que esta postura provocó entre muchos abogados fue descomunal. Si no han leído antes los comentarios del tuit que les he enlazado háganlo ahora, merece la pena. Las reacciones en Tuíter y Facebook desde otras cuentas son numerosísimas y no necesito enunciarlas aquí, probablemente ya hayan tenido noticia directa de muchas de ellas.

Nuevamente la presidenta sufrió un absolutista error de identidades y se confundió a sí misma con la abogacía (L’État c’est moi) y todo ello sin consulta ni votación del Pleno del Consejo y, despreciando implícitamente las reacciones en contra que había despertado su posicionamiento anterior, se atrevió de nuevo a hablar en nombre de todos y a sostener que la Abogacía apoyaba un Real Decreto cuya única característica reseñable es que dulcificaba el régimen de costas procesales para los bancos y entidades relacionadas con el abuso de las cláusulas suelo.

Ante tal comportamiento volvieron a surgirme las preguntas: ¿Por qué habría podido comportarse así la presidenta? ¿por qué decidió por su cuenta aplaudir algo que hasta ese momento no se había planteado ni como posibilidad en el Pleno? ¿Había algo más que uno de esos habituales actos de adulación hacia el Ministro a que nos tiene tan acostumbrados?

Nuevamente recordé el «Principio de Hanlon» pues no podía creer que fuera posible que Abogacía Española se estuviese felicitando por este Real Decreto cuando nada se había votado al respecto en el Pleno del CGAE y, sin embargo, al igual que en el caso anterior y a pesar de la tormenta de opiniones en su contra, ni Abogacía Española retiró el tuit ni tampoco rectificó públicamente su postura, de forma que cada vez fue quedando en mis reflexiones menos espacio para el Principio de Hanlon y más para el llamado «Test del Pato».

Tercer acto: la modificación del régimen de costas

El tercer, y por ahora último acto de este drama, se produjo el pasado 6 de febrero, menos de una semana después de la convalidación del RD 1/2017 por el Congreso de los Diputados y se anunció, de nuevo, en redes sociales con un tuit: “Abogacía quiere modificación de condena en costas para que solo se imponga en supuestos en que se litiga con temeridad @_OrtegaVictoria”.

Sin que nadie lo pidiese, sin que nadie lo votase, sin más soporte que su propia y exclusiva opinión, la presidenta de esta Abogacia Española que pretende confundir la opinión personal de la presidenta con la voz de centenares de miles de abogados, se dio el lujo de pedir que se cambiase la regulación actual de las costas. ¿Para qué? Déjenme que les cuente algo antes de tratar de responder.

En la actualidad las costas de un procedimiento civil las paga la parte que vea desestimadas todas sus pretensiones salvo que, el juez, razonadamente considere que existían serías dudas de hecho o de derecho4. Esta posibilidad de que el juez pueda apreciar que, incluso en el caso de que una parte vea todas sus peticiones rechazadas puedan haber dudas de hecho o de derecho que le obligasen a litigar, ya ilustra que las afirmaciones de “automatismo” no son ciertas o que, al menos, si el “automatismo” se produce no es porque el sistema lo exija.

Esta regulación actual no es producto de la casualidad, fue extensa y profundamente debatida por la doctrina durante la segunda mitad del siglo XX y, para finales del mismo, se había alcanzado un amplísimo consenso que se plasmó en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) aunque, ya con anterioridad, se había impuesto el actual régimen de costas como el normal y deseable, al menos en la jurisdicción civil. Desde entonces no recuerdo que nadie haya cuestionado este régimen en ningún foro relevante y, por ello, la propuesta de la Abogacía resultaba curiosamente llamativa.

Supongo que quienes estén leyendo este post y no sean juristas se preguntarán: ¿Qué significa para un litigante en un proceso ser condenado en costas? Pues significa que habrá de pagar a su contrario todos aquellos conceptos que la LEC conceptúa como costas y que según su artículo 241 incluirían: 1º. Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas. 2º. Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso. 3º. Depósitos necesarios para la presentación de recursos. 4º. Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso. 5º. Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la Ley, salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos, que serán gratuitos. 6º. Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso. 7º La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional… En fin, que cuando una de las partes pierde completamente el pleito se ve abocada, salvo que el juez razonadamente decida otra cosa, a abonar a la parte contraria todos estos gastos.

Y es en estas costas donde se encuentra el meollo de todo este asunto. La banca, esa banca que no paga simplemente porque no quiere, está muy enfadada con las costas. Los juzgados y tribunales vienen desestimando absolutamente sus excusas defensivas y les imponen las costas con asiduidad y esto la banca no lo tolera. Su enfado ha llegado a tal extremo que ni los Colegios de Abogados han escapado a sus iras. El hecho de que la banca haya de indemnizar a quien le demanda de los gastos del proceso es algo que no soporta. Nuestra banca está acostumbrada a cobrar inmisericordemente sus costas a aquellos contra quienes litiga, incluso presupuestándolas y embargándolas de entrada al 30% del principal en esos procedimientos de que ella dispone y los consumidores no.

La banca, que ha olvidado cómo adicionaba sistemáticamente un 30% en costas a la deuda de los consumidores a quienes desahuciaba en estos últimos años, ahora no está dispuesta a consentir que se le condene a pagar los gastos en que estos consumidores incurran al demandarla a ella. Hay mucho en juego en estos gastos, piénsenlo un poco.

No todos los consumidores disponen del dinero preciso para demandar pero, cuando el sistema judicial es predecible, un jurista medio puede prever con bastante seguridad lo que el juez resolverá en sentencia. En estos días el sistema judicial es altamente predecible en cuanto a las cláusulas suelo y, por lo tanto, muchos abogados se animan a predecir a sus clientes que el juez, ante la negativa injustificada del banco, con mucha probabilidad le condenarán al pago de las costas en sentencia.

Consumidores que de otro modo no reclamarían, a la vista de la solidez del sistema reclaman y así pueden recuperar lo que injustamente se les detrajo.

Por la misma razón la banca ha estallado en ira: porque el sistema es predecible y saben que su impago injustificado les acarreará el pago de las costas y no sólo eso, facilitará la reclamación de aquellos consumidores a quienes no logren espantar con sus bulos de: “te va a costar más el entierro que la abuela”, “el proceso te va a costar más de lo que vas a ganar”, “tu abogado se va a quedar con todo” y esas lindezas que creo que todos ustedes conocen perfectamente.

Hay mucho dinero en juego: créanme. Piensen en cuantas hipotecas contienen cláusulas abusivas y cuántos procesos habrá en España si los bancos se niegan injustificadamente a pagar ¿un millón de hipotecas? ¿Dos? pues multipliquen ese número por los aranceles del procurador y por el precio en que estimen el trabajo de su abogado y todo ese dinero habrá de pagarlo la banca. Por hacerlo fácil si hay dos millones de hipotecas y las costas medias de cada proceso son de mil euros (es un ejemplo para hacer fácil la multiplicación) la banca habría de añadir al dinero de la devolución de las cláusulas suelo 2.000 millones de euros de las costas de los procesos que habrían provocado con su injustificada negativa a pagar. Hablamos, créanme, de mucho dinero y la banca lo sabe perfectamente.

La eliminación de esa predictibilidad no sólo desanimaría a muchos consumidores a reclamar sino que produciría un efecto de impunidad inadmisible. La banca maneja bien las hojas de cálculo: no sólo ahorrarían en costas sino que sus abusivas cláusulas permanecerían en los contratos; la felicidad completa para la banca pero… ¿cómo generar incertidumbre?

Dejemos aquí nuestro excursus sobre las costas y volvamos al tercer acto de nuestro drama, recordémoslo: Sin que nadie lo pidiese, sin que nadie lo votase, sin más soporte que su propia y exclusiva opinión, la presidenta de esta Abogacia Española que pretende confundir la opinión personal de la presidenta con la voz de centenares de miles de abogados, se dio el lujo de pedir que se cambiase la regulación actual de las costas.

Y ahora preguntémonos de nuevo: ¿por qué la Abogacía se acuerda ahora del régimen de costas y no en 2012 cuando 217 familias eran desahuciadas diariamente y además de la deuda y sus intereses ordinarios y moratorios se les ejecutaba un 30% más por costas? ¿Por qué se acuerda de las costas en general y no pide por ejemplo que se regulen en los procesos hipotecarios donde son más automáticas y se embargan desde el minuto cero? ¿por qué se trae a la luz ahora este debate que nadie reclamaba?, ¿para qué?, ¿a quién beneficia esto?, ¿a los abogados?, ¿a los consumidores o a los bancos?

Ya son tres los actos de este drama en que el argumento y los papeles se repiten. Yo sigo queriendo pensar que todo esto se debe a insensatez o incompetencia como dice el Principio de Hanlon, pero no puedo olvidarme del llamado “Test del Pato”, ese que, cuando nos dicen que algo no es lo que parece, nos recuerda que:

Si parece un pato, nada como un pato, y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato.

Usted decide si las cosas son o no lo que parecen o incluso lo que parecen, nada tengo que indicarle; lo que sí puedo decirle es que no voy a cooperar con este juego. Esta no es mi Abogacía y usted que me lee puede tener la seguridad de que, diga lo que diga la presidenta en este punto, a mí no me representa. Y sospecho que a usted tampoco.

Vale.

Pato


  1. Utilizo la expresión «Abogacía Española» en cursiva para expresar que está usada en sentido impropio; no por mí, sino por los representantes del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Abogacía Española es la «marca» con que suelen aparecer en los medios de comunicación y frente a terceros los representantes del CGAE sin que esta expresión sea el nombre de ninguna corporación de derecho público contemplada por nuestras leyes. Hablar de la Abogacía Española (marca CGAE) y tratar de confundirla con la totalidad de los abogados de España es una de las conductas que exigiría de mayores dosis de humildad por parte de sus usuarios. ↩︎
  2. Abogacía Española: La Abogacía pide que los Tribunales de Arbitraje en los que participan los Colegios de Abogados canalicen la ejecución de la sentencia del TJUE sobre cláusulas suelo. ↩︎
  3. Por solo poner unos ejemplos véase este tuit «¿Pedimos? ¿quién lo pide?» con el doble de visualizaciones y «likes» que el de Abogacía Española. Es sólo un ejemplo entre muchísimos más. ↩︎
  4. El artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) dispone en sus dos primeros números: “1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares. 2. Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad.” ↩︎

La lectura de la hipoteca


Esta vez no iban a cogerle por sorpresa; el notario leía monótonamente la escritura de préstamo hipotecario hasta que llegó al terrible párrafo que contenía la fórmula maldita. Sin embargo, esta vez, estaba preparado. Miró al prestatario por encima de la montura de sus gafas de cerca y, tras coger aire discretamente, dirigió su mirada de nuevo al maléfico algoritmo y atacó con voz firme el pasaje:

-“Sepa usted que la cuota es igual a “C” mayúscula, multiplicada por la inversa del sumatorio desde “m” minúscula igual a uno, hasta “n” minúscula del productorio desde “p” minúscula igual a uno hasta “m” minúscula de la inversa de la suma de uno más el cociente del producto de “i” minúscula por “d” minúscula sub “p” minúscula dividido entre 36.000…”

(…)

-¿Lo ha entendido usted? 

El prestatario, que había ido abriendo progresivamente los ojos hasta adquirir la expresión de un pez abisal, respondió con un hilo de voz…

-Perfectamente, está claro como el agua… ¿dónde hay que firmar?

Transparencia hipotecaria


El notario leía monótonamente la escritura de préstamo hipotecario hasta que llegó al terrible párrafo en que aparecía la maldita fórmula… imaginó que el prestatario podía ser de ciencias y descubrir la impostura o incluso peor, que le pidiese que le explicase qué significaba aquel galimatías… tras un leve carraspeo cerró la escritura, dejó de leer y dijo: 

“esto quiere decir que si usted paga lo que le diga el banco no pasa ná”.

¿Quién defiende a los abogados?

De entre las obligaciones que acompañan al cargo de decano la más triste es, sin duda, la de asistir a los funerales de los abogados y abogadas que nos dejan. Son muchos años de ejercicio y nos conocemos todos, muy a menudo también sus familiares son amigos o conocidos y esto hace mucho más duras aún este tipo de despedidas.

Sin embargo, nada me produce tanta ira ni tanta frustración como cuando pienso que alguno de estos abogados y abogadas, tras toda una vida dedicada honradamente al ejercicio de la abogacía, pudiera no estar al corriente de pago en la Mutualidad. Quizá a ustedes les parezca un simple detalle, a mí no.

Cuando un abogado no puede pagar sus cuotas de la Mutualidad, esas que aseguran su jubilación o la tranquilidad económica de su familia, es que algo muy grave está pasando en su despacho, la crisis, la falta de clientes que pagan o la sobra de clientes que no pagan… quién sabe; en todo caso, cuando un abogado no puede atender al pago de la mutualidad, es que atraviesa una situación difícil.

Sé de lo que les hablo, conozco los embargos de las miserables retribuciones del turno de oficio y conozco los agobios por los que pasan muchos de nuestros compañeros, pero si algo me produce ira y frustración es que compañeros con muchísimos años de ejercicio a cuestas puedan experimentar dificultades para pagar la Mutualidad.

He tratado de investigar cuántos abogados de España podrían encontrarse en esta situación -no encuentro cifras oficiales- y me llega noticia de que la cifra podría estar en torno a los 26.000 (salieron 40.000 cartas recientemente). Una cifra de 26.000 abogados en problemas con la Mutualidad, de confirmarse, nos hablaría bien a las claras de que el 20% de los abogados (uno de cada cinco) estaría al borde de ir a la lona y acabar para siempre con su ejercicio profesional. 

Y mientras pienso esto me acuerdo de cómo nuestra profesión ha ido perdiendo espacios por efecto de la acción de lobbys particularmente activos sin que la abogacía haya opuesto, aparentemente, ninguna medida efectiva. Los accidentes de tráfico, por ejemplo, que en los años 90 suponían un importante sector económico para los abogados, ahora están prácticamente acabados merced a unas leyes que sólo favorecen a las aseguradoras y no a los asegurados. Para que se hagan una idea: en 1994, en Madrid, un ciudadano percibía 10.000 pesetas (60€) por día de baja derivado de accidente de tráfico, mientras que en 2016 percibió unos 52€ (algo más de 8.000 pesetas) por el mismo concepto; es decir, en materia de indemnizaciones estamos a niveles de hace más de veinte años, como suena.

Y me acuerdo también de cómo el legislador, sistemáticamente, ha percibido la presencia del abogado como perturbadora (no necesito recordarles las abyectas manifestaciones de Margarita Robles hace unos pocos días desde la tribuna del Congreso) y ha tratado de apartarlo de cuantos espacios ha podido, particularmente de aquellos en que medraban sus amigos los bancos.

Y me acuerdo de cómo la abogacía parece no haber sido capaz de hacer nada frente a toda esta labor realizada de adverso y, por venírseme a la cabeza, se me vienen a la memoria hasta saraos en el Ritz a costa de los de siempre que, automáticamente, multiplican mi ira.

He pasado demasiados años viendo como esta profesión, la profesión que amo, se encoge a impulsos de intereses mucho menos nobles que los que ella encarna y siento que es tiempo ya de hacer algo; que con uno de cada cinco compañeros al borde del abismo, que con una profesión insultada desde la tribuna del Congreso, que con una justicia gratuita puesta en jaque por el fisco (Hacienda contra Justicia ¿imaginan el resultado?) es tiempo de hacer algo… y algo distinto de lo hecho hasta ahora. Vamos.