Abogacía y costas: drama en tres actos

El 21 de diciembre de 2016 fue un día feliz para muchos abogados. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) había fallado que lo indebidamente cobrado en virtud de las abusivas cláusulas suelo debía devolverse íntegramente y no sólo desde el año 2013 como pretendía el Tribunal Supremo. Abogacía Española1 dió la noticia así en su cuenta de tuíter: «El TJUE obliga a los bancos a devolver todo el dinero cobrado a los afectados por cláusulas suelo».

Resultaba difícil predecir hace sólo cincuenta y tres días que este tuit abriría el primero de los tres actos de un drama que llevaría a cometer a la Abogacía Española algunos de los más inadmisibles actos que he presenciado en los siete años que formo parte del Consejo.

Primer acto: los tribunales arbitrales

Tras la sentencia del TJUE la situación era, aparentemente, muy clara: los bancos ya sabían a qué atenerse y o bien devolvían voluntariamente el dinero indebidamente cobrado a sus clientes o bien estos se lo exigirían judicialmente. En un país normal los bancos habrían procedido a cumplir la ley inmediatamente pero el nuestro no es un país normal y por eso en España la útima posibilidad que se contempló esos días fue la de que los bancos cumpliesen voluntariamente la ley

Un incumplimiento generalizado de los bancos, que se daba y aún se da por descontado, sería una infamia para con la nación, sí, y exigiría un esfuerzo especial por parte de los abogados, incluídos los de oficio; pero también supondría trabajo para los abogados españoles, un trabajo que no vendría mal en un momento en que la abogacía española atraviesa el peor momento de los últimos 30 años, de forma que los pequeños despachos de abogados y los abogados del turno de oficio se prepararon para atender a la posible demanda; en última instancia la solución que establece nuestro ordenamiento cuando alguien no cumple la ley es acudir a los tribunales de justicia y no se ve por qué razón los bancos habrían de recibir un trato distinto. Los pequeños despachos, además, habían sido los únicos que habían apoyado a los consumidores en su lucha contra el abuso de las cláusulas suelo y parecía natural que fuesen ellos quienes hubiesen de lidiar con un posible incumplimiento generalizado por parte de los bancos, sobre todo si tenemos en cuenta que, en toda esta batalla de las hipotecas, el gobierno había estado sistemáticamente en contra de los consumidores y a favor de la posición procesal de los bancos..

Por alguna razón a nadie se le ocurrió exigirle a los bancos que cumpliesen con la sentencia. En España hay cosas de las que no se habla y esta de pedirle a los bancos que cumplan la ley parece ser que es una de ellas. La abogacía española tampoco pareció apuntarse a la vía de la firmeza exigiendo el cumplimiento de la doctrina contenida en la sentencia a los bancos y, para sorpresa de propios y extraños, el día 23 de diciembre, apenas día y medio después de la sentencia del TJUE se descolgó con este tuit en su cuenta oficial que sumió en la perplejidad a cuantos abogados conozco: Pedimos que Tribunales Arbitraje en que participan Colegios Abogados canalicen ejecución STC TJUE #CláusulasSuelo

La noticia no tenía desperdicio, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, sin que el Pleno del Consejo lo hubiese aprobado, en solitario y sin consultar aparentemente a nadie, se erigió en voz de la Abogacía Española y en nombre de la Abogacía Española dirigió al Ministro de Justicia Rafael Catalá una carta en la que le pedía que «Tribunales de Arbitraje en los que participan los Colegios de Abogados canalicen la ejecución de la sentencia del TJUE sobre cláusulas suelo»2.

Las respuestas al tuit no se hicieron esperar y oscilaron entre el «¿quién ha aprobado esa barbaridad?» y el «Vergonzoso». Los tuits lanzados por abogados desde sus cuentas particulares fueron muchos más, tuvieron casi todos ellos más apoyo que el de Abogacía Española y si algo quedó claro al final del día 23 de diciembre es que la presidenta había obrado por su cuenta, sin autorización del pleno e irrogándose ella misma una representación de la totalidad de los abogados que muchos abogados rechazaban explícitamente y que, desde mi punto de vista, no es admisible ni como figura literaria en casos como este.3

¿Por qué había podido comportarse así la presidenta? ¿por qué decidió por su cuenta solicitar algo que hasta ese momento no se había planteado ni como posibilidad en el Pleno? ¿Había algo más que un mero error detrás de su petición al Ministro de Justicia?

El llamado «Principio de Hanlon» nos advierte de que no debemos atribuir a la maldad lo que podamos atribuir simplemente a la estupidez, de forma que, al menos ese día, decidí que no era posible, no, que la propuesta de la Abogacía Española obedeciese a un intento de favorecer la posición procesal de los bancos exhonerándoles, al reconducir las reclamaciones a un procedimiento arbitral, del pago de las cotas que todo proceso judicial civil lleva aparejadas cuando se ven rechazadas todas las pretensiones de una de las partes. Sin embargo algo me atormentaba: a pesar de la catarata de críticas en redes, ni Abogacía Española retiró el tuit ni tampoco rectificó públicamente su postura, de forma que, aunque preferí pensar que todo era un error, insensiblemente, el llamado «Test del Pato» comenzó a sustituir en mis pensamientos al «Principio de Hanlon».

Segundo acto: el apoyo al RD 1/2017

El segundo momento de este drama tiene lugar cuando el Gobierno de España presenta el Real Decreto Ley 1/2017 y Abogacía Española muestra su más explícito apoyo al mismo con este tuit: La Abogacía considera positivo establecer un sistema extrajudicial para resolver los litigios sobre. Dicho tuit enlaza a una noticia en la que, entre otras cosas la presidenta se felicita de la creación de «una disposición normativa que establezca un procedimiento extrajudicial para canalizar la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), según carta que remitió el pasado 23 de diciembre la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, al ministro Catalá.»

Las reacciones al tuit esta vez fueron mucho más masivas y mucho menos educadas. El enfado que esta postura provocó entre muchos abogados fue descomunal. Si no han leído antes los comentarios del tuit que les he enlazado háganlo ahora, merece la pena. Las reacciones en Tuíter y Facebook desde otras cuentas son numerosísimas y no necesito enunciarlas aquí, probablemente ya hayan tenido noticia directa de muchas de ellas.

Nuevamente la presidenta sufrió un absolutista error de identidades y se confundió a sí misma con la abogacía (L’État c’est moi) y todo ello sin consulta ni votación del Pleno del Consejo y, despreciando implícitamente las reacciones en contra que había despertado su posicionamiento anterior, se atrevió de nuevo a hablar en nombre de todos y a sostener que la Abogacía apoyaba un Real Decreto cuya única característica reseñable es que dulcificaba el régimen de costas procesales para los bancos y entidades relacionadas con el abuso de las cláusulas suelo.

Ante tal comportamiento volvieron a surgirme las preguntas: ¿Por qué habría podido comportarse así la presidenta? ¿por qué decidió por su cuenta aplaudir algo que hasta ese momento no se había planteado ni como posibilidad en el Pleno? ¿Había algo más que uno de esos habituales actos de adulación hacia el Ministro a que nos tiene tan acostumbrados?

Nuevamente recordé el «Principio de Hanlon» pues no podía creer que fuera posible que Abogacía Española se estuviese felicitando por este Real Decreto cuando nada se había votado al respecto en el Pleno del CGAE y, sin embargo, al igual que en el caso anterior y a pesar de la tormenta de opiniones en su contra, ni Abogacía Española retiró el tuit ni tampoco rectificó públicamente su postura, de forma que cada vez fue quedando en mis reflexiones menos espacio para el Principio de Hanlon y más para el llamado «Test del Pato».

Tercer acto: la modificación del régimen de costas

El tercer, y por ahora último acto de este drama, se produjo el pasado 6 de febrero, menos de una semana después de la convalidación del RD 1/2017 por el Congreso de los Diputados y se anunció, de nuevo, en redes sociales con un tuit: “Abogacía quiere modificación de condena en costas para que solo se imponga en supuestos en que se litiga con temeridad @_OrtegaVictoria”.

Sin que nadie lo pidiese, sin que nadie lo votase, sin más soporte que su propia y exclusiva opinión, la presidenta de esta Abogacia Española que pretende confundir la opinión personal de la presidenta con la voz de centenares de miles de abogados, se dio el lujo de pedir que se cambiase la regulación actual de las costas. ¿Para qué? Déjenme que les cuente algo antes de tratar de responder.

En la actualidad las costas de un procedimiento civil las paga la parte que vea desestimadas todas sus pretensiones salvo que, el juez, razonadamente considere que existían serías dudas de hecho o de derecho4. Esta posibilidad de que el juez pueda apreciar que, incluso en el caso de que una parte vea todas sus peticiones rechazadas puedan haber dudas de hecho o de derecho que le obligasen a litigar, ya ilustra que las afirmaciones de “automatismo” no son ciertas o que, al menos, si el “automatismo” se produce no es porque el sistema lo exija.

Esta regulación actual no es producto de la casualidad, fue extensa y profundamente debatida por la doctrina durante la segunda mitad del siglo XX y, para finales del mismo, se había alcanzado un amplísimo consenso que se plasmó en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) aunque, ya con anterioridad, se había impuesto el actual régimen de costas como el normal y deseable, al menos en la jurisdicción civil. Desde entonces no recuerdo que nadie haya cuestionado este régimen en ningún foro relevante y, por ello, la propuesta de la Abogacía resultaba curiosamente llamativa.

Supongo que quienes estén leyendo este post y no sean juristas se preguntarán: ¿Qué significa para un litigante en un proceso ser condenado en costas? Pues significa que habrá de pagar a su contrario todos aquellos conceptos que la LEC conceptúa como costas y que según su artículo 241 incluirían: 1º. Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas. 2º. Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso. 3º. Depósitos necesarios para la presentación de recursos. 4º. Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso. 5º. Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la Ley, salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos, que serán gratuitos. 6º. Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso. 7º La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional… En fin, que cuando una de las partes pierde completamente el pleito se ve abocada, salvo que el juez razonadamente decida otra cosa, a abonar a la parte contraria todos estos gastos.

Y es en estas costas donde se encuentra el meollo de todo este asunto. La banca, esa banca que no paga simplemente porque no quiere, está muy enfadada con las costas. Los juzgados y tribunales vienen desestimando absolutamente sus excusas defensivas y les imponen las costas con asiduidad y esto la banca no lo tolera. Su enfado ha llegado a tal extremo que ni los Colegios de Abogados han escapado a sus iras. El hecho de que la banca haya de indemnizar a quien le demanda de los gastos del proceso es algo que no soporta. Nuestra banca está acostumbrada a cobrar inmisericordemente sus costas a aquellos contra quienes litiga, incluso presupuestándolas y embargándolas de entrada al 30% del principal en esos procedimientos de que ella dispone y los consumidores no.

La banca, que ha olvidado cómo adicionaba sistemáticamente un 30% en costas a la deuda de los consumidores a quienes desahuciaba en estos últimos años, ahora no está dispuesta a consentir que se le condene a pagar los gastos en que estos consumidores incurran al demandarla a ella. Hay mucho en juego en estos gastos, piénsenlo un poco.

No todos los consumidores disponen del dinero preciso para demandar pero, cuando el sistema judicial es predecible, un jurista medio puede prever con bastante seguridad lo que el juez resolverá en sentencia. En estos días el sistema judicial es altamente predecible en cuanto a las cláusulas suelo y, por lo tanto, muchos abogados se animan a predecir a sus clientes que el juez, ante la negativa injustificada del banco, con mucha probabilidad le condenarán al pago de las costas en sentencia.

Consumidores que de otro modo no reclamarían, a la vista de la solidez del sistema reclaman y así pueden recuperar lo que injustamente se les detrajo.

Por la misma razón la banca ha estallado en ira: porque el sistema es predecible y saben que su impago injustificado les acarreará el pago de las costas y no sólo eso, facilitará la reclamación de aquellos consumidores a quienes no logren espantar con sus bulos de: “te va a costar más el entierro que la abuela”, “el proceso te va a costar más de lo que vas a ganar”, “tu abogado se va a quedar con todo” y esas lindezas que creo que todos ustedes conocen perfectamente.

Hay mucho dinero en juego: créanme. Piensen en cuantas hipotecas contienen cláusulas abusivas y cuántos procesos habrá en España si los bancos se niegan injustificadamente a pagar ¿un millón de hipotecas? ¿Dos? pues multipliquen ese número por los aranceles del procurador y por el precio en que estimen el trabajo de su abogado y todo ese dinero habrá de pagarlo la banca. Por hacerlo fácil si hay dos millones de hipotecas y las costas medias de cada proceso son de mil euros (es un ejemplo para hacer fácil la multiplicación) la banca habría de añadir al dinero de la devolución de las cláusulas suelo 2.000 millones de euros de las costas de los procesos que habrían provocado con su injustificada negativa a pagar. Hablamos, créanme, de mucho dinero y la banca lo sabe perfectamente.

La eliminación de esa predictibilidad no sólo desanimaría a muchos consumidores a reclamar sino que produciría un efecto de impunidad inadmisible. La banca maneja bien las hojas de cálculo: no sólo ahorrarían en costas sino que sus abusivas cláusulas permanecerían en los contratos; la felicidad completa para la banca pero… ¿cómo generar incertidumbre?

Dejemos aquí nuestro excursus sobre las costas y volvamos al tercer acto de nuestro drama, recordémoslo: Sin que nadie lo pidiese, sin que nadie lo votase, sin más soporte que su propia y exclusiva opinión, la presidenta de esta Abogacia Española que pretende confundir la opinión personal de la presidenta con la voz de centenares de miles de abogados, se dio el lujo de pedir que se cambiase la regulación actual de las costas.

Y ahora preguntémonos de nuevo: ¿por qué la Abogacía se acuerda ahora del régimen de costas y no en 2012 cuando 217 familias eran desahuciadas diariamente y además de la deuda y sus intereses ordinarios y moratorios se les ejecutaba un 30% más por costas? ¿Por qué se acuerda de las costas en general y no pide por ejemplo que se regulen en los procesos hipotecarios donde son más automáticas y se embargan desde el minuto cero? ¿por qué se trae a la luz ahora este debate que nadie reclamaba?, ¿para qué?, ¿a quién beneficia esto?, ¿a los abogados?, ¿a los consumidores o a los bancos?

Ya son tres los actos de este drama en que el argumento y los papeles se repiten. Yo sigo queriendo pensar que todo esto se debe a insensatez o incompetencia como dice el Principio de Hanlon, pero no puedo olvidarme del llamado “Test del Pato”, ese que, cuando nos dicen que algo no es lo que parece, nos recuerda que:

Si parece un pato, nada como un pato, y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato.

Usted decide si las cosas son o no lo que parecen o incluso lo que parecen, nada tengo que indicarle; lo que sí puedo decirle es que no voy a cooperar con este juego. Esta no es mi Abogacía y usted que me lee puede tener la seguridad de que, diga lo que diga la presidenta en este punto, a mí no me representa. Y sospecho que a usted tampoco.

Vale.

Pato


  1. Utilizo la expresión «Abogacía Española» en cursiva para expresar que está usada en sentido impropio; no por mí, sino por los representantes del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Abogacía Española es la «marca» con que suelen aparecer en los medios de comunicación y frente a terceros los representantes del CGAE sin que esta expresión sea el nombre de ninguna corporación de derecho público contemplada por nuestras leyes. Hablar de la Abogacía Española (marca CGAE) y tratar de confundirla con la totalidad de los abogados de España es una de las conductas que exigiría de mayores dosis de humildad por parte de sus usuarios. ↩︎
  2. Abogacía Española: La Abogacía pide que los Tribunales de Arbitraje en los que participan los Colegios de Abogados canalicen la ejecución de la sentencia del TJUE sobre cláusulas suelo. ↩︎
  3. Por solo poner unos ejemplos véase este tuit «¿Pedimos? ¿quién lo pide?» con el doble de visualizaciones y «likes» que el de Abogacía Española. Es sólo un ejemplo entre muchísimos más. ↩︎
  4. El artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) dispone en sus dos primeros números: “1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares. 2. Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad.” ↩︎

¿Quién defiende a los abogados?

De entre las obligaciones que acompañan al cargo de decano la más triste es, sin duda, la de asistir a los funerales de los abogados y abogadas que nos dejan. Son muchos años de ejercicio y nos conocemos todos, muy a menudo también sus familiares son amigos o conocidos y esto hace mucho más duras aún este tipo de despedidas.

Sin embargo, nada me produce tanta ira ni tanta frustración como cuando pienso que alguno de estos abogados y abogadas, tras toda una vida dedicada honradamente al ejercicio de la abogacía, pudiera no estar al corriente de pago en la Mutualidad. Quizá a ustedes les parezca un simple detalle, a mí no.

Cuando un abogado no puede pagar sus cuotas de la Mutualidad, esas que aseguran su jubilación o la tranquilidad económica de su familia, es que algo muy grave está pasando en su despacho, la crisis, la falta de clientes que pagan o la sobra de clientes que no pagan… quién sabe; en todo caso, cuando un abogado no puede atender al pago de la mutualidad, es que atraviesa una situación difícil.

Sé de lo que les hablo, conozco los embargos de las miserables retribuciones del turno de oficio y conozco los agobios por los que pasan muchos de nuestros compañeros, pero si algo me produce ira y frustración es que compañeros con muchísimos años de ejercicio a cuestas puedan experimentar dificultades para pagar la Mutualidad.

He tratado de investigar cuántos abogados de España podrían encontrarse en esta situación -no encuentro cifras oficiales- y me llega noticia de que la cifra podría estar en torno a los 26.000 (salieron 40.000 cartas recientemente). Una cifra de 26.000 abogados en problemas con la Mutualidad, de confirmarse, nos hablaría bien a las claras de que el 20% de los abogados (uno de cada cinco) estaría al borde de ir a la lona y acabar para siempre con su ejercicio profesional. 

Y mientras pienso esto me acuerdo de cómo nuestra profesión ha ido perdiendo espacios por efecto de la acción de lobbys particularmente activos sin que la abogacía haya opuesto, aparentemente, ninguna medida efectiva. Los accidentes de tráfico, por ejemplo, que en los años 90 suponían un importante sector económico para los abogados, ahora están prácticamente acabados merced a unas leyes que sólo favorecen a las aseguradoras y no a los asegurados. Para que se hagan una idea: en 1994, en Madrid, un ciudadano percibía 10.000 pesetas (60€) por día de baja derivado de accidente de tráfico, mientras que en 2016 percibió unos 52€ (algo más de 8.000 pesetas) por el mismo concepto; es decir, en materia de indemnizaciones estamos a niveles de hace más de veinte años, como suena.

Y me acuerdo también de cómo el legislador, sistemáticamente, ha percibido la presencia del abogado como perturbadora (no necesito recordarles las abyectas manifestaciones de Margarita Robles hace unos pocos días desde la tribuna del Congreso) y ha tratado de apartarlo de cuantos espacios ha podido, particularmente de aquellos en que medraban sus amigos los bancos.

Y me acuerdo de cómo la abogacía parece no haber sido capaz de hacer nada frente a toda esta labor realizada de adverso y, por venírseme a la cabeza, se me vienen a la memoria hasta saraos en el Ritz a costa de los de siempre que, automáticamente, multiplican mi ira.

He pasado demasiados años viendo como esta profesión, la profesión que amo, se encoge a impulsos de intereses mucho menos nobles que los que ella encarna y siento que es tiempo ya de hacer algo; que con uno de cada cinco compañeros al borde del abismo, que con una profesión insultada desde la tribuna del Congreso, que con una justicia gratuita puesta en jaque por el fisco (Hacienda contra Justicia ¿imaginan el resultado?) es tiempo de hacer algo… y algo distinto de lo hecho hasta ahora. Vamos.

Me irrita

Releo las sentencias sobre las hipotecas que ha dictado el TJUE y me irrito leyendo como la posición procesal del Gobierno de España ha sido sistemáticamente de ayuda a los bancos y contraria a los intereses de los ciudadanos. Me irrita que hayan perdido y que no hayan tenido la decencia mínima exigible: felicitar al contrario por su victoria y pedir perdón por haber defendido las tesis erróneas, por haber defendido a quienes les financian en lugar de a quienes les votan, por haber defendido a los fuertes frente a los débiles y por haber permitido que durante mucho tiempo unos pocos abusaran de casi todos en su beneficio. Si quienes nos gobiernan defienden a los bancos… ¿quién nos defiende a nosotros?
Si lo piensas quizá comiences a mirar de otro modo a los abogados.

Guindos, Catalá & The Dejudicializers

Son lo último, la caña de España, lo más trendy y molón que hay en el mercado, los apóstoles de la nueva religión de la paz y el amor financiero: la desjudicialización, uséase.

Ellos han descubierto que eso de acudir a los tribunales a pedir justicia es una antigualla propia de palurdos pasados de moda. Lo guay es buscar soluciones extraprocesales que el gobierno amantísimo preparará “ad hoc” para cada caso. La administración de justicia (esa vieja estantigua) quedará arrumbada sólo para casos sin glamour financiero alguno.

Por ejemplo: si usted, pedazo de sinvergüenza, no paga la hipoteca porque no tiene dinero no nos venga con tonterías, lo suyo es un caso de tiñalpas y piojosos; usted, en caso tan evidente y odioso, sí irá al juzgado a que le quiten su casa, a que le arrojen de ella y a que además no le cancelen la deuda sino que quede usted endeudado de por vida. La ley ha de ser inflexible con sujetos de su ralea. ¿No lo entiende?

Claro que si es el banco el que ha abusado de usted, le ha cobrado lo que no debe, incluso ha manipulado el euribor, entonces… hombre de dios ¿no se da usted cuenta de que acudir al juzgado a pedir justicia es algo malísimo y muy poco moderno? ¿No entiende usted que es mejor acudir al chiringuito administrativobancariogubernamental que le hemos preparado aquí los bancos amigos y nosotros? Sea usted moderno, viaje con nosotros…

Yo, que me dedico a este trabajo antiguo -y a lo que se ve pasado de moda- de pedir justicia, cuando he oído hablar de “desjudicialización”, he observado que quien habla de ella suele ser siempre aquel genares que teme a la justicia, que sabe que la tiene hecha, que no le cabe duda de que un juez justo le va a dar la del pulpo en su sentencia y que aún conserva la cara dura precisa para aconsejarnos que no acudamos a él.

Otra cosa que me llama la atención es que solo he oído hablar de “desjudicialización” a los políticos respecto de los asuntos que a ellos les son propios sin que pidan idéntico trato para quienes no son de su clase. Hay que desjudicializar los asuntos políticos -dicen los acusados de corrupción- mientras que la sociedad asiste atónita al espectáculo.

Se me ocurre, ingenuamente, que no sólo los políticos podrían beneficiarse de tan moderna doctrina desjudicializadora pues tengo para mí que estafadores, ladrones, falsificadores y trileros se contarían, sin duda, entre los principales partidarios de la “desjudicialización” y quienes recibirían con mayor alborozo que fuesen ellos los destinatarios de tan moderna innovación; pero no, a lo que parece las cosas “moelnas” como la desjudicialización no están hechas para tiñalpas, hay que tener clase para ello, y si la clase es político/financiera mejor que mejor.

Ahora que, con el asunto de las cláusulas suelo, el ministro de economía quiere hacerle un traje a medida a los bancos y que el ministro de justicia nos pide que no pidamos justicia (la cosa tiene bemoles) quizá sea bueno recordar que quienes ahora no quieren ir al juzgado son los mismos que antes nos llevaron implacablemente a él; que quienes ahora hablan de desjudicialización antes judicializaron sin misericordia a millones de españoles; que, en fin, son esos mismos quienes ahora tratan de convencerle a usted para que no haga con ellos lo que ellos hicieron con usted.

Por eso, cuando Guindos, Catalá o cualquiera de los del grupo de “The Dejudicializers” le cante a usted las bondades de no ir a los tribunales, tiéntese usted la ropa bien no sea que vayan a engañarle por partida doble: antes para abusar de usted y sacarle el dinero con las cláusulas de su hipoteca y ahora para no devolvérselas por completo. Avisados quedan.

Yo no me fiaría de ellos

Va a comenzar 2017 y muchos españoles andan calculando lo que el banco habrá de devolverles a causa de aquel abuso industrializado que se dio en llamar “cláusulas suelo”.

Es tiempo de que se diga: si aquel abuso tiene hoy remedio no fue gracias al gobierno (que defendió la no devolución completa), ni al Banco de España (que miró para otro lado), ni a las Cortes de la Nación (que prefirieron legislar sobre otras cosas), ni al Tribunal Supremo de España (que prefirió causar daño a los ciudadanos para no causarlo a la banca)…

Si este abuso tiene remedio es porque hubo ciudadanos que, a pesar de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, reclamaron. Y porque hubo abogados que confiaron en que el sistema debería funcionar y tramitaron esas demandas. Y porque hubo jueces de a pié (la sagrada infantería) que llevaron la injusticia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y allí, lejos de nuestras fronteras, se decidió algo que en España parecía imposible decidir: que nadie puede aprovecharse de los abusos que comete.

En este asunto quien ha vencido es la tropa, la infantería y quien ha perdido es el gobierno, el Tribunal Supremo, el Banco de España y la patronal bancaria. Sin embargo, no parece que ninguno de quienes estuvieron con la banca y contra los intereses de la ciudadanía vaya a dimitir. Ni siquiera se han sonrojado y, por supuesto, nadie ha pedido disculpas. Por eso, cuando ahora les oigo decir que van a intervenir para solucionar el asunto, sujeto fuertemente mi cartera. Quienes no impidieron que esto pasase, quienes toleraron que pasara, quienes no lo remediaron cuando ocurrió ¿van a encargarse ahora de solucionarlo?… ¡Quiá!. Yo que usted no me fiaría de ellos.

Pues bien; 2017 va a ser un año más feliz que 2016 aunque sólo sea por este episodio doméstico de las hipotecas. Y no va a ser más feliz por el gobierno, ni por los ministros ni por el Tribunal Supremo. Va a ser más feliz porque la gente común, una vez más, ha sabido arreglar sus problemas en contra de las inicuas maneras de los que mandan.

Va a empezar un nuevo año, esperemos que el viento nos sople de espaldas y que, como en el episodio de las cláusulas suelo, los comunes sigamos siendo capaces de solucionar los problemas a pesar de quienes nos gobiernan. Feliz 2017.

Hipotecas, zorras y gallinas

No habían pasado ni unas pocas horas desde que ayer se publicase la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas suelo, cuando hizo su aparición en escena el ministro de justicia de España y algún representante de la oposición para decir lo normal en estos casos: que acataban la sentencia, naturalmente, y que como ciudadanos responsables que eran exigían de los bancos y cajas un comportamiento ajustado a la misma con carácter inmediato.

¿Fue así? Esperen… ¡Ah no!

No, perdón, esto es España, lo que les he contado es lo que hubiese sucedido en un país normal. Aquí quienes aparecieron en escena lo que pidieron no fue que bancos y cajas cumpliesen con los dictados de la sentencia, lo que pidieron urgentemente es que se constituyese un arbitraje que rearbitrase los arbitrios y determinase como cumplir lo que no hay ninguna duda de cómo se debe cumplir: pagando. Porque lo de pagar ni lo mencionaron, hablaron eso sí de que “había que alcanzar pactos” como si a estas alturas y después de la sentencia hubiese algo que pactar. No se les vió alegres de que la sentencia salvaguardase los derechos de los ciudadanos y sí se les observó ciecunspectos. Comunicación no verbal la llaman quienes de esto entienden.

Uno recuerda tiempos muy recientes, cuando 517 familias de media al día eran lanzadas a la calle por falta de pago en el primer trimestre de 2012. No recuerdo que desde el gobierno se pidiese con urgencia ningún “arbitraje” o “pacto” que impidiese aquella sangría que aún hoy, bien que más moderadamente, prosigue. No recuerdo tampoco que los bancos se apiadasen de padres y madres de familia en paro a quienes lanzaron a la calle junto con sus hijos y sin contemplaciones.

Luego hemos sabido más cosas. Hemos sabido que diversos bancos manipularon el euribor para hacer que los hipotecados les pagasen más. Hemos sabido también que estos bancos y cajas titulizaron las hipotecas para venderlas a fondos sin anotar esas ventas en el registro. Y hemos sabido también que, en uno de los países con mayor proporción de población reclusa de europa, quienes nunca están entre esa población son quienes han desangrado con los medios antes narrados a las familias españolas.

Si hacen memoria verán que la solución nunca ha venido de nuestro gobierno sino de fuera de nuestras fronteras. En 2013 hubo que modificar la ley no porque al gobierno le hubiese preocupado hasta entonces hacerlo sino porque una sentencia europea le obligaba a ello. El gobierno no trabajó para obtener aquella sentencia, el gobierno no trabajó en defensa de sus ciudadanos, quienes trabajaron fueron esos desconocidos a quienes llaman “operadores jurídicos” y que en realidad no eran más que un abogado, un fiscal y un juez que cumplieron con su deber.

Ahora vuelve a pasar lo mismo. No es que el gobierno haya peleado denodadamente en Europa en defensa de los derechos de los ciudadanos, no, más bien al contrario; si por algo ha trabajado el gobierno ha sido por lo contrario. Pero aquí -de nuevo- oscuros “operadores jurídicos” (personas que cumplen honradamente con su deber) han vuelto a tirar abajo todo el chiringuito de mentiras e injusticias de unos “actores políticos” que defienden más a quienes les financian las campañas electorales que a quienes les votan.

Ayer la sentencia podría haber sido desfavorable para los intereses de los ciudadanos que pagan o han pagado préstamos hipotecarios y habríamos seguido como hasta ahora, sin que el gobierno pidiese arbitrajes o martingalas de ayuda para nadie. Pero la sentencia fue favorable y bastaron minutos a los representantes del gobierno y algunos partidos para salir en tromba a pedir árnica, emplastos y cataplasmas para quien se ha llevado impunemente el dinero de las familias españolas.

Ustedes me van a perdonar, tengo memoria, y en todo este asunto de las hipotecas no he visto al gobierno estar nunca del lado de los ciudadanos sino del de las entidades financieras; si alguna ayuda han tenido los ciudadanos les ha venido de más allá de los Pirineos y, ahora que Europa les dice a los bancos que devuelvan lo indebidamente cobrado, resulta muy poco edificante ver al gobierno y a algunos partidos solicitar antes árnica que el cumplimiento estricto de las sentencias.

Lo de las cláusulas suelo no se va a resolver con una firma en el banco y con el regalo de una batería de cocina o de una cubertería. Es mucho dinero el que han cobrado indebidamente, no permita que, ahora, en el corral de las hipotecas, pongan a las zorras a cuidar a las gallinas. Haga usted que le devuelvan lo que es suyo desde el primer euro y hasta el último; ellos, tenga la absoluta seguridad, lo harían así aunque para lograrlo hubiesen de ponerle a usted y a sus hijos en la calle. Lo tienen muy bien acreditado.

Poderoso caballero

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por fin y tras ardua pelea, ha llegado hoy a una conclusión para la cual no parece que hicieran falta especiales conocimientos jurídicos: que quien ha cobrado indebidamente ha de devolver TODO lo cobrado indebidamente. Total nada.

Tal afirmación es una obviedad que no debiera levantar expectación alguna entre la población, lo que ocurre es que en este caso quienes han de devolver lo indebidamente cobrado son los bancos y eso, ¡ay amigo!, no es algo a lo que estemos acostumbrados.

Los ciudadanos saben de sobra que bancos y cajas les han cobrado cantidades indebidas por sus hipotecas, pero la experiencia les ha enseñado -a los ciudadanos- que la justicia no suele tratar con dureza a los dueños del dinero y esto lo han visto confirmado en multitud de ocasiones. Cuando el gobierno cobró indebidamente tasas judiciales el Tribunal Constitucional dijo que mejor no devolviesen lo injustamente cobrado, básicamente porque era mucho dinero y eso a la administración le causaba un importante perjuicio. Que ese mismo perjuicio lo hubiesen sufrido antes los ciudadanos no pareció importarle en la misma medida al Tribunal Constitucional para quien el cuidado de la hacienda pública estuvo por encima del cuidado de las haciendas del público. Los españoles fueron tomando nota.

Cuando las cláusulas suelo fueron declaradas nulas al Tribunal Supremo tampoco le pareció bien que todo lo injustamente cobrado se hubiese de devolver; básicamente por los mismos motivos que en el caso anterior: porque era mucho dinero y el perjuicio [para los bancos y cajas obviamente] podía ser muy grande. El perjuicio de los ciudadanos no pareció importarle tanto. Y los ciudadanos de nuevo tomaron nota.

En España los ciudadanos saben que, si tienes el suficiente dinero y la lías lo suficientemente gorda, las consecuencias de tus acciones pueden incluso quedar impunes.

Algunos bancos alteraron maliciosamente el euribor que regulaba el importe de las mensualidades de su hipoteca y nadie ha ido a prisión. Fueron miles de millones de euros los que sacaron de los bolsillos ajenos, pero no pruebe usted a llevarse un salchichón del supermercado porque las pasará peor que ellos si le pillan. Y este es solo un ejemplo.

Hoy el TJUE ha proclamado con aparato y estrépito que, lo que los bancos le “levantaron” a sus clientes con motivo de las ilegales cláusulas suelo, debe ser devuelto, no desde 2013 -como decía el Tribunal Supremo español- sino desde el primer euro mal cobrado.

A esto se lo podría calificar como un ejercicio de “solemnizar lo obvio” pero lo cierto es que someter a los bancos a la justicia no es tarea fácil sino difícil, tan difícil que, hasta para proclamar lo obvio, hay que recurrir a las más altas instituciones europeas.

Hoy es un buen día para los ciudadanos; consulten a su abogado de confianza, reclamen lo que es suyo y recen porque bancos y cajas no movilicen a tiempo los recursos políticos de que aún disponen. Lo van a intentar, se lo aseguro, y no hay víscera más sensible en los ámbitos del poder que el bolsillo. Guárdense de los idus de marzo, el dinero es un poderoso caballero y no le gusta que le ganen la partida unos tiñalpas.