Yo que tú, mañana, iría a votar

Mañana se celebrarán las elecciones a Junta de Gobierno en el Colegio de Abogados de Madrid y, si quieres que te diga la verdad, si estuviese colegiado en ese colegio, yo mañana iría a votar.

No es sólo que mañana resultará elegida una persona que va a hablar en tu nombre (lo quieras o no) durante los próximos cuatro años, es también que va a gastar el mayor de los presupuestos que tiene colegio alguno en España y, esto, puede hacerlo en interés propio o en interés de todos.

La mayoría de las candidaturas que concurren a las elecciones han gastado un importante presupuesto en esta campaña electoral sin que se acierte a saber bien para qué: ninguno de los cargos que se han de votar mañana están retribuidos ¿por qué nadie habría de gastar dinero propio en aspirar a ellos? ¿cómo esperan recuperar el dinero así gastado?

Gracias a tu dinero y al del resto de compañeros de tu colegio, obtenido coercitivamente pues si no pagas la cuota no puedes ejercer como abogado, el Colegio acumula un importante patrimonio económico que administrará en los próximos cuatro años la Junta de Gobierno que tú elijas (o la que elijan otros por ti si es que decides no ir a votar) y en esa administración, con toda seguridad, puedes encontrar las claves que expliquen por qué alguien invierte dinero en ser decano del colegio más poderoso de España.

El Colegio sobre el papel no tiene muchas funciones: ejerce el control deontológico, organiza el servicio del turno de oficio, emite informes sobre costas judiciales y ejerce otras funciones que la ley le encomienda; sin embargo, la influencia política —cada vez menor al parecer, todo sea dicho— y la realización de actividades no estrictamente estatutarias (formación, arbitraje, mediación, organización de congresos…) son importantes polos de atracción para muchas personas y grupos de interés.

La participación en este tipo de elecciones ha sido tradicionalmente bajísima, pareciera que la mayoría de los abogados considerasen sus colegios como una especie de mal necesario que hay que soportar para poder ejercer y que nunca se hubiesen planteado sustituir este mal necesario por un bien siquiera fuese potencial.

Los porcentajes de participación en las elecciones del Colegio de Abogados de Madrid en convocatorias anteriores son ínfimos (en las pasadas elecciones votaron 7.746 letrados ejercientes y 1.252 de un censo de más de 65.000; es decir un 13%) lo que significa que con 4.000 votos se puede gobernar el colegio más poderoso de España, una entidad que maneja muchos millones de presupuesto y que otorga a quienes la gobiernan una inmejorable plataforma para las relaciones con personalidades de todos los campos. El pequeño número de votos que se precisan y la magnitud del premio en juego hace que las elecciones al Colegio de Abogados de Madrid sean campo abonado para golpes de mano de pequeños grupos que tengan interés en contar con una infraestructura tan poderosa y pagada con dinero ajeno.

La campaña electoral ha sido de una crispación inaudita con cruces de querellas de unoscontra otros; acusaciones de fraude y deja la percepción de que, todo esto, es una batalla importantísima para unos pocos, pero que, a la mayoría de los letrados madrileños, les resulta absolutamente ajena.

Si eres de quienes piensa que nada de esto tiene que ver contigo te equivocas, tiene que ver contigo y mucho. Todos estos que ahora compiten por gobernar el colegio que tú mantienes con tus cuotas serán quienes luego te habrán de servir a ti… o no; quienes te representarán lo quieras… o no; quienes pelearán por el futuro de sus abogados y abogadas o pelearán por los intereses y ambiciones que les han llevado a presentarse a esta demencial carrera electoral.

Lo dicho, yo en tu lugar iría a votar, te juegas mucho en esto y, si aún así decides no ir a votar porque todo este espectáculo te resulta ajeno, entonces prepárate para defender los intereses de la justicia y de la profesión (suelen ir casi siempre de la mano) participando en cualquier otra asociación que te garantice que tu futuro estará en tus manos y no en las de gente a las que no has querido ni siquiera ir a votar.

Feliz día de elecciones y que gane quien sólo se deba a sus electores.

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Democracia colegial

Los antiguos griegos desarrollaron en el siglo VI AEC una forma de democracia directa que incorporaba una curiosa forma de gobierno que ellos denominaron «isonomía»1.

Esta isonomía se construía sobre la base de la existencia de una igualdad política radical entre todos los ciudadanos y, dada esta radical igualdad, la principal forma de elegir a sus gobernantes no fue la elección sino el sorteo.

En efecto, no sin muchas y muy buenas razones (si todos gobernaban hablando y votando en las Asambleas ¿qué ganaban teniendo que estar al servicio de ellas como gobernantes?), los antiguos griegos consideraron que el sorteo era la mejor forma de defender la igualdad de todos los ciudadanos y fue el sistema que utilizaron para elegir a la inmensa mayoría de sus cargos públicos, magistrados, jurados… etc. Así nos lo cuenta Aristóteles:

La democracia nace de la idea de que todos cuantos son iguales en algún aspecto son absolutamente iguales. Todos son libres y por lo tanto todos afirman que todos son absolutamente libres… Lo siguiente es cuando los demócratas, sobre la base de que son todos iguales, demandan idéntica participación en todo.

Se acepta como democrático el que los empleos públicos se provean por sorteo; y como oligárquico cuando estos cargos se proveen por elección.2

¿Curioso, verdad? Este sistema de elección por sorteo 3 no dejaría de parecernos una extravagancia griega si no pensásemos, por ejemplo, en sociedades tan habituales como lo son nuestras comunidades de propietarios.

A nadie se le ocultará que ser presidente de una comunidad de propietarios es un auténtico problema. Las decisiones las toma la asamblea de propietarios y el presidente poco más puede hacer que trabajar gratis por sus vecinos. No es de extrañar, pues, que en muchos casos nadie quiera ser presidente y se haya de recurrir al sorteo o al turno para elegirlo o incluso a tener que acudir a los tribunales para forzar a algún vecino a que acepte un cargo que, conforme a la jurisprudencia, es obligatorio.

Y dicho esto ¿por qué alguien habría de desear ser elegido decano de un colegio de abogados?

El cargo de decano no es remunerado, incorpora responsabilidades importantes y exige dedicarle un tiempo que no sobra a los profesionales de la abogacía. Siendo esto así y más allá de la muestra de cariño y respeto que representa ¿por qué alguien habría de querer ser elegido decano de un colegio de abogados?

Sin embargo, asisto atónito en estos días a una tremenda batalla electoral por el control de Colegio de Abogados de Madrid. Esa guerra incluye el cruce de querellas entre las diversas candidaturas, las descalificaciones públicas de unos hacia otros y las acusaciones directas y sin ambages de los unos contra los otros de que pretenden controlar el colegio para lucrarse con actividades paralelas en las que este control colegial les resultaría muy beneficioso.

No soy colegiado de Madrid (en los colegios de provincias, al parecer, esas cosas no se estilan) y me quedo perplejo cuando leo en la prensa que las candidaturas que optan a dirigir el colegio tienen presupuestos declarados de decenas de miles de euros para gastar en esta campaña electoral. La pregunta surge de inmediato: ¿cómo esperan recuperarlos? ¿Es que acaso el formar parte de la junta de gobierno del colegio lleva aparejados ingresos que no conozcamos?

El colectivo de los abogados y abogadas es uno de los más «isonómicos» que puedan imaginarse. Cualquiera de los electores es tan abogado como cualquiera de los elegibles y seguramente, en su parcela de especialidad del derecho, está más capacitado para opinar con acierto que el elegible. Los colegios son sociedades de pares donde el decano no debiera ser más que un «primus» entre todos ellos y, sin embargo… Sin embargo algo oculto debe de haber que impulsa a gastar importantes cantidades de dinero con tal de controlar el colegio.

Los griegos también tenían una palabra para referirse a estas agendas ocultas, a estas verdades en la sombra que explican conductas que de otro modo serían icomprensibles: obscenidad.

La etimología de la palabra “obscena” es dudosa y se han ofrecido respecto de ella múltiples versiones. De entre todas, la que más me gusta (nótese que digo “la que más me gusta” y no “la más acertada”) es la que se atribuye en unos lugares a D.H. Lawrence y en otros a Philip Matyszak. Según esta versión que les refiero, la palabra “obscena” derívaría de una especie de compuesto de las palabras “ob” y “skena” y se referiría a aquello que sucede en las representaciones teatrales, no en la escena, sino fuera de ella por razones de moralidad.

Pues bien, si yo fuese colegiado de Madrid, desearía conocer todo eso que ocurre detrás de las bambalinas, todo ese entramado real que justifica que abogados y abogadas como usted y como yo gasten decenas de miles de euros en campañas para acceder a puestos no retribuídos.

Quizá resulte que no hay más que una inmensa voluntad de servicio y en ese caso habrá que agradecerlo doblemente, aunque puede que resulte que no, que lo que haya sea una oportunidad de negocio que se pretende aprovechar.

Sea como sea la clave es la transparencia. Entre tanta querella, descalificación y siembra de sospechas, no hay más opción que un radical ejercicio de transparencia que traiga a primera fila de escenario todas las tramas argumentales que pudieran existir entre bastidores.

O eso o la isonomía griega.


  1. La isonomía (griego ἰσονομία «igualdad ante la ley» con la idea de reparto) del griego ἴσος isos, “igual” y νόμος nomos, “uso, costumbre, ley”, era una palabra usada por los antiguos griegos para referirse a una determinada forma de gobierno popular. ↩︎Aristóteles. Política. ↩︎El cleroterion (griego antiguo, κληρωτήριον) es una máquina para desinsaculación utilizada en la antigua democracia ateniense para materializar el concepto de isonomía y de ese modo determinar, cada año, a los 6000 ciudadanos, mayores de 30 años y repartidos en diez clases de 500 ciudadanos (1000 quedaban de reserva), que formaban el tribunal popular de los heliastas; y también a los 500 bouleutas del Consejo (a razón de cincuenta por tribu, a partir de la reforma de Clístenes). Se le introducían plaquetas de identidad (chapitas de bronce, llamadas pinakia[cita requerida] con el nombre de los nomotetas que constituirían el Consejo o Boulé. Este aparato del siglo IV a. C. puede observarse en el Museo del Ágora de Atenas. ↩︎

Los abogados de verdad no miden su éxito en dinero

Leo la prensa económica y veo con preocupación como las páginas de la prensa salmón incluyen entre sus gráficas y ratios las de determinadas firmas de abogados. La marcha, buena o mala, de estas firmas se mide en euros, las firmas tienen tanto más éxito cuanto más dinero ingresan. Miro y remiro la gráfica con detenimiento tratando de dar con alguna magnitud no cuantificada en euros y no encuentro nada más que el criterio del beneficio económico para medir el éxito o el fracaso. No son muchas las firmas que aparecen en esos periódicos, usualmente cuatro o cinco, lo cual, en un país con 150.000 abogados, da una imagen bastante poco cercana a la realidad de lo que es, de verdad, la abogacía en España.

Tratan de convencernos de que el ejercicio de la abogacía es un negocio y que, como tal negocio ha de ser tratado, imponiendo el mercantil criterio del reparto de dividendos como el único valido para regir la empresa.

Esta visión de la abogacía como negocio es compartida por muchas y muy poderosas entidades. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, cada poco tiempo, deja oír su voz inquisidora en defensa del mercado como si el mercado fuera el supremo interés del género humano, muy por encima de cualquier derecho fundamental proclamado en las constituciones. La nueva ortodoxia religiosa fija el libre mercado como el nuevo paraíso terrenal y a él se dirigen sus fieles sin que un derecho fundamental de más o de menos vaya a dificultar su marcha.

Yo creo que si eres jurista sabes perfectamente que la abogacía no es un negocio, o al menos no es exclusivamente un negocio, porque antes y por encima del beneficio económico se sitúan otros fines y consideraciones que —aunque el mercado no las entienda— un jurista las percibe de inmediato. Preséntenme a un abogado cuya primera prioridad sea ganar dinero y les señalaré a un psicópata con un brillante futuro delictivo. Luego le pillarán o no; de momento, alguna de esas cuatro o cinco firmas habituales de los papeles salmón, han confirmado ya esta predicción que les hago.

Lo diré una vez más: los abogados a los que admiro no miden su éxito en dinero.

Quizá nadie como Dionisio Moreno ilustre esto que les digo. Él fue el letrado del Caso Aziz, ese que permitió que todo el abuso hipotecario español fuese dinamitado por la jurisprudencia europea. Dionisio, sin duda, con su trabajo, ha sido el hombre que mayor cantidad de felicidad ha regalado a los españoles en los últimos tiempos: hoy centenares de miles de familias españolas no han perdido sus hogares porque Dionisio hizo lo que hizo, hoy centenares de miles de familias españolas litigan para recuperar parte de las ingentes cantidades de dinero que, esos supremos sacerdotes del dividendo que son los bancos, les sacaron del bolsillo.

Hoy Dionisio debería ser famoso y hartarse de dar conferencias, pero resultó que en la época en que defendía a Aziz alguien trató de hacerle la puñeta. Yo no diría que ninguno de los bufetes de la prensa salmón haya tenido un éxito comparable al suyo.

Este tipo de letrados como Dionisio son el 80% de los que ejercen la abogacía en España. Son los letrados de la gente común, los que no trabajan para el alto staff de bancos, aseguradoras, multinacionales o grandes corporaciones. Son quienes no deben nada a los grandes y por eso son la esperanza de los pequeños, son los abogados que molestan a quienes preferirían una abogacía menos luchadora, a los que quieren «desjudicializar» los asuntos para impedir que nadie pueda conocer sus fechorías.

Esta abogacía independiente y al servicio de la población, esta que no divide a los abogados en «seniors» o «juniors», esta que no sale en las hojas sepia de la prensa económica, es mi abogacía; a la que pertenezco, a la que amo, la imprescindible si de verdad queremos poder vivir en libertad y con justicia.

Hoy esa abogacía está sufriendo el mayor ataque de su historia: casi un 25% de sus miembros no pueden pagar la Mutualidad, se han reducido sus parcelas de actuación y una legislación dolosa trata de favorecer los entornos sociales y económicos donde ejercer este tipo de abogacía sea cada vez más difícil.

Estamos alcanzando el punto de no retorno y no parece que las instituciones corporativas (Colegios, CGAE) sean capaces de invertir este rápido descenso a los infiernos. Hay que hacer algo y hay que hacerlo ya. Y si algo hay que hacer en primer lugar es recuperar la dimensión ética de nuestra profesión, de nuestra escasez, de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Porque pueden haber unos cuantos mandarines que piensen que lo nuestro es sólo una forma de hacer dinero pero yo sé que tú sabes que tu profesión es más, mucho más que un simple negocio.

Aún somos muchos y aún podemos conseguirlo todo pero esto no siempre seguirá siendo así. Es hora de actuar. Si nos determinamos a impedirlo tened la absoluta certeza de que la esperanza de los más quedará a salvo y que los menos no se saldrán con la suya.

Vamos.

Cuarenta y nueve justos

Ni cincuenta ni cuarenta y ocho, cuarenta y nueve justos son los profesionales a los que el ministro de justicia acusó de tratar de aprovecharse de los fallos de LexNet —después de que estos fuesen reparados— para tratar de introducirse en buzones ajenos y fisgar documentos que no eran suyos. Esto dijo el ministro en su última comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso el pasado día 31 de agosto y no veo que nadie, desde la abogacía o la procura, hayan respondido a día de hoy a esa infamia como esa infamia merece.

Digámoslo en corto: el ministro mintió. Mintió de la forma más peligrosa y pérfida que existe y es mezclando lo real con lo imaginado y esto, a su vez, con con lo sencillamente inventado o falseado. En su intervención ante la Comisión de Justicia el ministro dio un auténtico recital de esta forma de faltar a la verdad y en esta infamia de que les hablo no lo hizo de manera diferente.

Veámoslo.

Fue el propio ministro, en su comparecencia, el que nos comunicó que, tras la reparación de LexNet, se produjeron cuarenta y nueve intentos fallidos de entrar en cuentas que no eran las propias del usuario que pretendía acceder. Esta afirmación es la única parte de su argumentación que podría ser cierta si los «logs» del sistema corroborasen la veracidad de la misma, el resto es pura basura, bullshit, caca de la vaca o vómito bilioso.

Porque de esta verdad posible el ministro extrajo la conclusión más improbable —que quienes realizaron accesos fallidos trataban de cometer un delito— para luego presentar esta conclusión improbable como verdad inconmovible: «cuarenta y nueve profesionales de la justicia intentaron acceder a documentos de otros».

Vayamos por partes.

LexNet había estado desconectado por fallos de seguridad, de forma que, cuando el gobierno volvió a conectarlo, la primera pregunta que todos los profesionales se hicieron fue: ¿estará arreglado de verdad?. Aquellos profesionales que no llegaron a enterarse de la naturaleza del problema volvieron a usar el sistema sin despejar la duda de si funcionaba correctamente o no, aquellos que disponían de algún conocimiento sí hicieron lo que cualquier persona prudente haría: comprobar si efectivamente lo habían arreglado. Esta comprobación, ciertamente, deja el aviso de un intento de acceso indebido —si el sistema está efectivamente reparado no hay miedo de que se produzca— pero en absoluto puede suponerse que la misma tiene por objeto fisgar en documentos ajenos. Es más, dada la naturaleza del fallo, resulta imposible que ninguno de estos «forty-nine testers» pudiesen acceder a la cuenta de nadie que a ellos les interesase porque, como dijo el Ministro también y esto demuestra que sabía que faltaba a la verdad, el identificador que era la clave del problema ni hacía referencia al DNI, ni al número de colegiado, ni a ningún parámetro que permitiese establecer una relación entre el mismo y un profesional concreto.

Por tanto, presentar a estos «forty-nine testers» como unos malvados que pretendían hacerse con los documentos de otros compañeros es una hipótesis que parece construida con el exclusivo fin de arrojar basura sobre unos profesionales desconocidos y para distraer la atención del gran público sobre el verdadero objeto del debate: la incompetencia del reprobado ministro compareciente y la inidoneidad del sistema por él impuesto. Un truco político tan viejo como sucio.

Y no, sé lo que están pensando y lamento decepcionarles, yo no estoy entre esos «cuarenta y nueve justos», de forma que no es este un artículo en el que yo tenga ningún interés personal; es cierto que yo di cuenta al ministerio del fallo de seguridad, pero cuando el gobierno anunció que estaba reparado simplemente les creí y no hice lo que un profesional prudente habría hecho: comprobar que decían la verdad. Gracias a eso no estoy entre esos «cuarenta y nueve justos» a quien el Ministro eligió llenar de basura para desviar la atención de todos. Afortunadamente este tipo de añagazas no sirven entre los profesionales y acaban volviéndose contra el que las maquina: antes o después y tras los procedimientos pertinentes la abyección ministerial será tan oficial como es evidente ahora y sólo quedará de todo esto un rastro de oprobio para él.

Por cierto, hoy hace tres años que dimitió Alberto Ruíz Gallardón, anterior ministro de justicia, pero no sin antes autoconcederse —por su puesto, por supuesto— todas las condecoraciones que tuvo a bien y fue capaz. El soberbio hijo de papá que impuso a los españoles unas infames tasas judiciales y pretendía instalar una abyecta planta judicial, que acabó definitivamente con la independencia del CGPJ e impuso un autocrático estilo de gobierno, hace ya tres años que abandonó el cargo con oprobio y ahora está en casa y cada vez más peligrosamente cerca de enfrentar responsabilidades penales en el caso Lezo.

Los abogados seguimos aquí, la Brigada sigue aquí y Alberto Ruíz Gallardón ya sólo es una mala pesadilla del pasado. Escucha, Catalá. Shemá Rafael.

Ejerciendo el derecho de petición para suspender la obligatoriedad de LexNet

Estoy convencido de que existe consenso generalizado entre los profesionales de la justicia en el sentido de que el funcionamiento de LexNet es altamente defectuoso e impropio de un sistema profesional de comunicación entre estos profesionales y la Administración de Justicia y estoy convencido de que existe también una preocupación generalizada en cuanto a la seguridad y el destino último de los datos que se ingresan en dicho sistema.

Ejemplo claro del funcionamiento defectuoso de LexNet son las continuas caídas del sistema y las numerosas incidencias por indisponibilidad del mismo.

Ejemplos claros de la falta de seguridad del sistema son los incidentes de seguridad que se han venido produciendo a partir del 27 de julio del presente año.

Ejemplo claro de la preocupación por el destino final que se va a dar a los datos que se incorporen al sistema es el debate existente -incluso en las Cortes de la Nación- sobre quién debe administrar los sistemas informáticos que almacenan y custodian las comunicaciones y expedientes electrónicos de la Administración de Justicia.

Con tales consensos en mente no se explica que el sistema siga siendo impuesto por el gobierno a quienes han de usarlo pues, de este empecinamiento, no nace un mejor funcionamiento de la administración de justicia sino, por el contrario, un funcionamiento anormalmente crispado de la misma.

Si el sistema fuera bueno y eficaz nadie debería dudar de que sería usado mayoritariamente por los profesionales; pero si, por el contrario, el sistema es ineficaz, los profesionales preferirán usar los medios tradicionales de presentación de escritos hasta tanto los medios electrónicos que proporciona el ministerio ofrezcan las capacidades y funcionalidades que hoy, a juicio de una amplia mayoría, no tienen.

El ejemplo más evidente de que la obligatoriedad es una insensatez es el hecho de que, a pesar de que un escrito supere la capacidad del sistema, aún así se obligue al profesional a tratar de presentarlo vía LexNet y de esta forma recoger los metadatos del procedimiento aunque no se recoja el procedimiento mismo.

A la luz de lo brevemente expuesto, parece absolutamente razonable que, en tanto el sistema LexNet no ofrezca la seguridad, capacidad y nivel de calidad exigible a un sistema informático de su importancia se suspenda su obligatoriedad hasta tanto se implementen en el sistema todas las características precisas y quede como un medio optativo de comunicación con la Administración de Justicia.

Con fundamento en las anteriores reflexiones y en ejercicio de las facultades que concede el artículo 29 de la Constitución Española y la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, he redactado para el Ministro de Justicia el escrito al que enlazan los links existentes al final de este post y que se acompaña en formato word y .txt a fin de que, si lo deseas, puedas modificarlo, adaptarlo a tus necesidades y criterios y usarlo para solicitar la interrupción de la obligatoriedad de LexNet.

La autoridad destinataria de la petición —en este caso el Ministro de Justicia— tiene la obligación de responder en el plazo de tres meses, de forma que la petición no puede ser simplemente desoída sin más, conforme establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, que, textualmente, disponen:

Artículo 11. Tramitación y contestación de peticiones admitidas.

1. Una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación.

Asimismo podrá, si así lo considera necesario, convocar a los peticionarios en audiencia especial.

2. Cuando la petición se estime fundada, la autoridad u órgano competente para conocer de ella, vendrá obligado a atenderla y a adoptar las medidas que estime oportunas a fin de lograr su plena efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de los procedimientos necesarios para adoptar una disposición de carácter general.

3. La contestación recogerá, al menos, los términos en los que la petición ha sido tomada en consideración por parte de la autoridad u órgano competente e incorporará las razones y motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no hacerlo. En caso de que, como resultado de la petición, se haya adoptado cualquier acuerdo, medida o resolución específica, se agregará a la contestación.

4. La autoridad u órgano competente podrá acordar, cuando lo juzgue conveniente, la inserción de la contestación en el diario oficial que corresponda.

5. Anualmente la autoridad u órgano competente confeccionará una memoria de actividades derivadas de las peticiones recibidas.

Artículo 12. Protección jurisdiccional.

El derecho de petición es susceptible de tutela judicial mediante las vías establecidas en el artículo 53.2 de la Constitución, sin perjuicio de cualesquiera otras acciones que el peticionario estime procedentes. Podrán ser objeto de recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

a) La declaración de inadmisibilidad de la petición.

b) La omisión de la obligación de contestar en el plazo establecido.

c) La ausencia en la contestación de los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior.

Creo que está bien y que es bueno formular peticiones en plataformas como «Change.org» pero, existiendo a nuestra disposición un cauce legal a través del cual hacer llegar las peticiones y provocar una imprescindible respuesta motivada de la administración, considero que este es un medio que no debiera ser olvidado y que ofrece insospechadas posibilidades en términos de hacer llegar a los órganos competentes la protesta seria y fundada de un colectivo. No es lo mismo una petición que 20.000 peticiones, de forma que esta es una de las formas de protesta que —a conveniencia de cada uno— sería interesante adoptar. La verdad es que este derecho de petición es el mismo que tienen otros órganos y corporaciones que, diciendo representar a un colectivo, sólo se ven amparados por una ficción jurídica y no por la fuerza real de las personas. Por ello me parece lógico ejercer este derecho y reclamar del ministro justicia los cambios que estimo pertinentes antes de poner en marcha cualquier otro medio de protesta legal de naturaleza más contundente.

Ya tengo confeccionado mi escrito y lo he firmado digitalmente; de paso, aprovechando el trabajo, he solicitado que el tema se debata en el próximo pleno del CGAE del día 6 y, ahora, debería remitirlo al Ministro por correo certificado o presentarlo en la ventanilla de la administración, pero me apetece mandarlo electrónicamente porque estoy viendo que no es fácil mandar un escrito de este tipo al Ministro de Justicia… Ummmmmm… voy a seguir en ello, si alguien me echa una mano será bienvenido y si no quizá escriba un post con esta peripecia.

Si te apetece unirte a la protesta aquí tienes el escrito que yo he hecho, puedes modificarlo a tu antojo y presentarlo. Si te pones en contacto conmigo tras hacerlo te lo agradeceré, así ya seremos dos a protestar de forma más contundente en el caso —muy probable— de que nos responda cualquier majadería.

Superabogadas

El hijo de una compañera abogada me contó, no hace mucho, que uno de sus más persistentes recuerdos de infancia era el de dormirse escuchando el sonido lejano de la máquina de escribir de su madre y despertarse, al día siguiente, oyendo cómo la máquina seguía sonando.

La imagen me pareció extremadamente tierna y que describía perfectamente el tremendo esfuerzo de esas abogadas madres por sacar adelante a sus hijos y su trabajo, dando a cada tarea el tiempo necesario y quitándoselo a ellas mismas.

Esta noche en que muchas abogadas concluyen sus recursos tras acostar a sus hijos, me ha venido esa imagen a la memoria y he pensado que es verdad, que cuando los niños duermen aún sacan el coraje las superabogadas.

Va por vosotras compañeras, sois lo mejor.

Mentiras ministeriales

«Epistula non erubescit» (el papel no se sonroja) nos dijo Cicerón hace dos mil años, aludiendo a que, por más que lo que se escribe en un texto sean mentiras y falsedades deleznables, ni el papel ni el texto en él escrito mostrarán el más mínimo signo de vergüenza. Lo novedoso en este siglo XXI es que ya no es el papel el que no se sonroja, sino que, al parecer, ni siquiera los ministros lo hacen.

Ayer la cuenta tuíter del ministerio de justicia publicó el tuit que sigue a este párrafo, tuit que reproducía una frase o idea transmitida por el ministro de justicia Rafael Catalá Polo en la así llamada «vigésimo tercera intermunicipal PP». La frase contenida en el tuit era literalmente la que en él se ve: «Apostamos por una Justicia próxima, se viva donde se viva» y se quedó tan ancho.

El ministro, sin pudor ni vergüenza alguna, transmitió este mensaje apenas tres meses después de que dejase a dos tercios de la población española sin juzgados donde acudir a solventar sus reclamaciones hipotecarias, inhabilitando 381 partidos judiciales en favor de un sólo juzgado en la capital de provincia e imponiendo, por ejemplo, a los habitantes del partido judicial de Herrera del Duque, la tasa encubierta de tener que circular 400 kms cada vez que pretendan acercarse al juzgado que conoce de su cláusula suelo en Mérida, la capital de su comunidad.

Esto mismo ocurre a dos terceras partes de la población española (sí, en España dos tercios de su población no viven en capital de provincia) pero el ministro —a pesar de las fuertes protestas de todos los profesionales de la justicia, asociaciones de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios, procuradores y abogados— decidió dar el visto bueno al insensato plan provinciofrénico que le propuso un nada independiente Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Gracias a esa insensatez el juzgado especial de Madrid está ya colapsado con 11.000 demandas, la mayoría sin proveer (11 años de retraso), cuando si se hubiesen usado los 101 juzgados de que dispone la Comunidad de Madrid habrían repartido unos 100 cada uno lo que alargaría un mes el tiempo medio esperado de respuesta. Parte de esas 11.000 demandas archivadas en los suelos del juzgado son las que ven en la fotografía que sigue y que es ya viral en la red.

Pues bien, ese es Catalá: el ministro reprobado que alejó la justicia de las dos terceras partes de la población española y ese es Catalá también, el ministro que es capaz de decir justo lo contrario de lo que hace con todo desparpajo y sin que asome a su rostro el más leve rasgo de vergüenza. La realidad no le impedirá decir nunca lo que él entienda más apropiado en cada momento, en la era de la «postverdad» el ministro es un virtuoso.

Darwin se quedaría estupefacto si contemplase a este hombre a quién todavía, hace un par de meses, algunos abogados —me da pena decirlo— aplaudían ostensiblemente en Granada.

Ninguna emoción producía más intriga a Darwin que la de la vergüenza y los cambios físicos asociados a la expresión de esta emoción. Le sorprendía que el ser humano manifestase instintivamente su vergüenza, por ejemplo, ruborizándose; veía en esta reacción panhumana una amenaza para su teoría de la evolución pues ¿qué ventaja evolutiva puede aportar al ser humano el evidenciar ante el resto de la comunidad que sabe que ha obrado mal? Nada tan humano como la vergüenza y nada tan inhumano como la ausencia absoluta de ella.

Cuentan que, cuando preguntaron al “Guerra” (el torero, no el ministro) cómo era posible que a un banderillero de su cuadrilla le hubieran nombrado Gobernador Civil de una provincia sureña, el diestro respondió con una afirmación que suscribiría el mismo Darwin si resucitase: «Degenerando».

Hemos llegado a un grado de degeneración tal en algunos sectores de nuestra clase política que Darwin hubiese quedado atónito y Cicerón hubiese tenido que pensárselo dos veces antes de repetir su cita porque «Epistula non erubescit», cierto, pero los ministros tampoco.

No se puede engañar a todos todo el tiempo: ya está bien, acabemos con esta farsa.