Hipotecas: la infamia que viene.

Afirma el CGPJ que tiene preparado un plan “de contingencia” para —dicen ellos— “hacer frente” al previsible aumento de actividad en los juzgados por la presentación de demandas relacionadas con las cláusulas abusivas en las hipotecas.

Las cifras que manejan son las siguientes: Seis millones de hipotecas de las cuales 1.500.000 acabarán yendo a juicio (no me pregunten de dónde sacan los datos, alguien -quizá los bancos- se los hayan dado).

Eso supone que, por cada 100.000 habitantes, hay unas 3.221 hipotecas conflictivas y, para solucionarlo, van a crear UN juzgado por provincia. Lo mismo Madrid (6.500.000 habitantes) que Soria (90.040 habitantes) tendrán UN juzgado y luego, merced a unos presupuestos que no aumentan para crear juzgados, dicen que arreglarán la cosa según vaya… ¿a quién creen que engañan?.

Los bancos han intentado durante años que los consumidores se vean forzados a litigar en las capitales de provincia (dos tercios de la población española NO vive en capitales de provincia) y la jurisprudencia europea lo ha venido impidiendo. Ahora se prtende que el gobierno legisle contra Europa  para favorecer a los bancos y que los ciudadanos hayan de desplazarse a unos juzgados que nacen, por diseño, colapsados de antemano.

Este es quizá el disparate (la aberración si quieren) más inicuo que podría llevar a cabo el gobierno de España si finalmente lo aprueba.

Lo contaré en otros posts que sigan a este —inevitablemente apresurado— pero con este plan el gobierno está imponiendo DOS tasas judiciales en la sombra a los administrados. Si los consumidores y los abogados toleramos esta iniquidad es que la sociedad civil en este país está muerta.

Ampliaré mañana esta infame noticia porque —lo crean o no— el CGPJ pretende que esta infamia entre en vigor el 1 de junio. 

Tú sabes lo que puedes y lo que debes hacer. No esperes que nadie te lo diga, hazlo.

Juicios de tráfico: el triunfo de las aseguradoras.

Creo haber vivido lo suficiente como para tener una cierta perspectiva en este asunto de los juicios de tráfico. Permítanme que comparta con ustedes un poquito de lo que he visto durante mi vida profesional y luego, al final, hablamos.

En 1990 me dedicaba mayoritariamente a defender compañías de seguros. Mis compañeros de despacho y yo nos ocupábamos de defender los intereses de cuatro o cinco aseguradoras y eso me hizo conocer bien ese mundo desde el interior de las propias compañías. Por otro lado también actuábamos como acusación particular contra aquellas compañías que no eran nuestras clientes. Fueron muchos juicios los que celebré, tantos que, alguna vez, sigo soñando todavía con el artículo 586(bis) del viejo Código Penal.

A principios de la década de los 90 la indemnización que los jueces solían conceder a los lesionados por cada día de baja en Madrid o Alicante, por ejemplo, ascendía a 10.000 pesetas (60€). En la Región de Murcia, más modestamente, la indemnización, en cambio, tan solo era de 8.000 pesetas (50€). 

Sí, he dicho «la indemnización que los jueces solían conceder», porque quienes fijaban la indemnización entonces eran los jueces atendiendo, no a un baremo rígido, sino a todas las circunstacias que se presentaban a su valoración por las partes. Trataban de ser justos y, en general, lo lograban pero eso, ¡ay!, no les parecía convenir a las compañías de seguros de automóviles que, por entonces, desataron una lucha de precios sin cuartel. 

La década de los 90 vio quebrar a muchas compañías de seguros y la CLEA (Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras) y el Consorcio hubieron de trabajar a destajo. Fue en esa época cuando quebraron compañías como «UNIAL» (una compañía del sindicato UGT que quebró en la época del vergonzante fraude de las cooperativas de viviendas), Grupo 86, Mercurio (una empresa que aseguraba autobuses urbanos y tenía una siniestralidad delirante), Apolo, Multinacional Aseguradora y muchas más…

Las compañías atribuyeron aquella cadena de quiebras no a su insensata política de riesgos y a las circunstancias específicas de su sector sino que culparon de todos sus males a los jueces: esos oscuros y malintencionados sujetos que hacen caridad con dinero ajeno, decían, y que no dando de lo propio curan sus conciencias con el dinero de las honestas compañías generando todo tipo de inseguridades jurídicas. Si usted no lo ha vivido le parecerá delirante pero le aseguro que así es como se hablaba en los departamentos de siniestros de las aseguradoras.

Por eso las compañías de seguros decidieron que retirarían del ámbito de competencia de los jueces la valoración del daño corporal y a fe mía que tuvieron más éxito del que ellas mismas podían llegar a imaginar. Para 1993 ya habían publicado un baremo «orientativo» de indemnizaciones para daños en tráfico que los jueces —simplemente— ignoraron, pensando cándidamente que ese baremo orientativo nunca podría llegar a ser obligatorio.

Y, si esta era la situación en el lado de las aseguradoras, el campo de los abogados en aquellos primeros años 90 ofrecía un panorama que no hacía presagiar lo que vendría después.

Por aquel entonces los abogados tenían prohibida (en contra del derecho europeo) la «cuota litis» pero, en el mundo del tráfico, todos la usaban y esta cuota era, en general, del 10%. Como el tiempo estándar de curación en aquellos años de un síndrome postraumático cervical, por ejemplo, era de 90 días, saber cuánto dejaba a un abogado medio de Alicante uno de aquellos pequeños accidentes era sencillo ((9010.000)10%): 90.000 pesetas; es decir unos 540 euros. Eso sin secuelas de ninguna especie.

Muchos de quienes no sean lo suficientemente mayores quizá no sepan lo que eran casi 100.000 pesetas en el año 1993… Esos 540€ actuales eran una cantidad muy respetable y con ella se podían hacer muchas cosas, como por ejemplo, salvar un mes. Fue en aquel año 93 cuando, con los honorarios que me reportó un caso en el que mi clienta había sufrido una lesión de rodilla, pude casarme. Con las 270 mil pesetas que cobramos mi entonces novia y yo (1.600€) pagamos la boda, la entrada de la casa, el viaje de novios y parte del mobiliario. Impresionante. Piense qué puede hacer usted hoy con 1.600€ y empezará a entender de qué le hablo.

Pero llegó 1995. Las aseguradoras habían dado al gobierno la matraca implacablemente con la cancamusa de la inseguridad que los jueces producían con sus resoluciones, con la grave situación por la que atravesaba el sector, con lo malvados que eran los españoles que se dedicaban a engañar a las honestas compañías de seguros (una matraca esta que las compañías se ocupan de mantener año tras año mientras mantienen un cuidadoso silencio acerca de sus propias tropelías), y con la pasividad de jueces y forenses para controlar un fraude que era evidente, obviamente, para las compañías.

Y triunfaron: en 1995 y enmedio de un sonoro escándalo entre jueces, abogados y el resto de lo que ahora se llaman «operadores jurídicos», el gobierno (socialista entonces) convirtió en obligatorio aquel baremo orientativo que despreciaron los jueces. Ahora los jueces ya no valoraban el lucro cesante ni el daño emergente que las lesiones habían producido a cada persona en concreto; a partir del baremo todos los casos (iguales o desiguales) pasaron a valorarse con ese único rasero y, por ejemplo, la indemnización por día de baja fue reducida a 2.500 pesetas (15€) de la noche a la mañana.

La judicatura se rebeló contra aquel baremo que juzgaron una tropelía y cuestiones de inconstitucionalidad y recursos de amparo fueron sometidos a la consideración del Tribunal Constitucional pero sin éxito, de forma que, poco a poco, amainó el temporal y las aseguradoras se salieron con la suya: habían triunfado.

El éxito de las aseguradoras fue una derrota para los asegurados y víctimas de accidentes de tráfico;  sin embargo, la tradicional falta de capacidad asociativa española y la debilidad de nuestra sociedad civil hizo que el «lobby social» no dejase sentir su justa protesta. Tampoco la abogacía institucional tuvo éxito (si es que acaso lo intentó, que no lo sé, yo desde luego no recuerdo que lo hiciera) y aquel recorte impuesto por el baremo hizo que los consumidores vieran reducidas sus indemnizaciones de forma draconiana para regocijo de las aseguradoras y sus cuentas de resultados y que, de paso, los abogados de tráfico perdieran un enorme poder adquisitivo. Perdían los ciudadanos, ganaban las aseguradoras, la abogacía no protestó y quienes entonces representaban a los ciudadanos se olvidaron de ellos para no volver a recordarlos jamás en este tema.

Si echamos cuentas resulta que, ahora, en 2017, la indemnización por día de baja se encuentra en España a niveles del año 1993 (unos 50€ y pico por día de baja), lo que significa que, desde 1995, hemos tardado más de 20 años en regresar al pasado. Los ciudadanos de 2017 son indemnizados como los ciudadanos de 1993 (a veces menos) y, si aplicamos a esas magras indemnizaciones la cuota litis del 10%, resultará que los abogados de tráfico están cobrando cantidades de 1993 para afrontar gastos de 2017 y, todo ello, con el noble fin no de indemnizar en justicia a los perjudicados, sino con el más prosaico de que las aseguradoras mejoren sus cuentas de resultados.

Sí, la aseguradoras se salieron con la suya, obtuvieron del gobierno la rebaja pretendida y la furibunda protesta judicial inicial se fue disolviendo como un azucarillo. Los abogados, hasta donde yo sé, no parece que protestásemos entonces con la necesaria firmeza ni que hayamos trabajado con posterioridad en sentido contrario al de las compañías de seguros y en pro de los perjudicados. El lobby de las aseguradoras ha funcionado desde entonces como una máquina bien engrasada y el de aquellos que quieren una valoración específica para cada caso concreto sin aplicar automatismos que lleven a soluciones absurdas en muchos casos, ese lobby, ni siquiera ha llegado a nacer. Pero no nos quedemos aquí porque la historia continua.

Tras la aprobación del baremo el lobby de las aseguradoras prosiguió con su buen hacer (buen hacer para ellos, se entiende) y, de forma generalizada, comenzaron a bajar las garantías de defensa y reclamación jurídicas en las pólizas de automóviles. Si a finales de los 90 las coberturas para esta garantía estaban habitualmente cifradas en varios miles de euros, para 2015 casi todas las pólizas que emitían las compañías no pasaban de 600€; una medida muy útil para evitar que en los asuntos de tráfico interviniesen abogados particulares distintos de los de las compañías. A esta inicua medida se unió la facilidad y gratuidad con que las compañías asumían la defensa de los ocupantes del vehículo propio mientras que ponían todo tipo de problemas y ejercían todo tipo de presiones si estos decidían buscar —como era natural y aconsejable— un abogado de su elección.

También les salió bien a las aseguradoras este plan, nadie protestó desde el campo de los consumidores, la CNMC no abrió la boca ni para respirar y tampoco en el campo de la abogacía pareció interesarle a nadie el tema y, si alguien protestó, (recuerdo una desagradable experiencia sufrida hace años con un post mío sobre este mismo tema) recibió advertencias incluso desde el propio campo.

Sí, el futuro sonreía a las aseguradoras, pero el golpe de gracia se produjo a finales de la legislatura pasada con la eliminación de los juicios de faltas y la desaparición de la mayor parte de los juicios de tráfico que se redujeron a un proceso extrajudicial donde la figura del abogado es perfectamente prescindible. Nadie solicitaba esa reforma, nadie pedía la despenalización de los accidentes de tráfico (salvo las aseguradoras se entiende), pero el gobierno (en este caso el actual con R. Catalá como ministro de justicia) decidió que, nuevamente, volvería ayudar a las aseguradoras contra los consumidores y contra la abogacía.

Nuevamente los consumidores han dejado oír sus protestas, pero, esta vez, ya la judicatura no ha dejado sentir su voz (al fin y al cabo les reducen la carga de trabajo) y la abogacía ha sido una balsa de aceite en manos de Rafael Catalá a pesar de que esta reforma suponía la pérdida de un sector de actividad importantísimo para la abogacía y el cierre anunciado de muchísimos despachos.

Las compañías de seguros, en interés propio y con la colaboración impagable del gobierno, han logrado eliminar la presencia judicial y reducir la de los juristas en los procesos de tráfico que ahora se ven reducidos a unos cuantos trámites extrajudiciales. Sea como fuere la realidad es que lo sucedido es bueno para las compañías y perpetúa esa realidad de las indemnizaciones baremadas que, si pareció inadmisible en 1994, es ahora una situación con la que la sociedad se ha acostumbrado a vivir.

En 2017 el futuro de los abogados de tráfico es muy incierto —aunque ello no ha parecido provocar la menor inquietud en los representantes de la abogacía— y hablar con estos abogados es palpar una inquietud ante el futuro que no es exclusiva, por cierto, sólo de ellos sino de muchas otras ramas de la profesión.

Hay en España unos 130.000 abogados y datos recientes parecen indicar que una quinta parte de ellos están afrontando graves problemas económicos en sus despachos; si a tal situación le añadimos la crisis entre quienes se dedican o dedicaban al tráfico es posible que estemos viviendo los momentos más graves de la historia de la abogacía en España sin que aparentemente nadie parezca inmutarse. Desearía equivocarme pero lo que desearía además es que, si has sido abogado estos últimos 20 años, me permitieses escuchar tu opinión sobre la evolución de la profesión que nos da de vivir. 

Ah, y no esperes que nadie proteste ni haga nada por ti si tú no lo haces.

Lo dejaré aquí por hoy. Perdón por extenderme.

Territorios excepcionales

Debe de ser que, al no vindicar competencias, resultamos demasiado pastueños para cualquiera que acceda al gobierno. Debe de ser que, al no habernos marchado con las transferencias de justicia, se nos toma por unos ingenuos a los que se puede engañar sin demasiada dificultad. Debe de ser también que, en este país, al que confía en que juntos se vive mejor que separados, al que confía en la cooperación más que en la competencia y a quienes creen que cumplir con sus obligaciones algún día será recompensado lo único que les espera al final del camino es la decepción y la risotada obscena de esos «listos» que «saben cómo son las cosas» en este país de mamancios y tiralevitas.

No encuentro explicación a que los abogados de oficio del territorio común llevemos 20 años sin que nuestras indemnizaciones se actualicen ni siquiera para incrementarles el IPC; no encuentro explicación a que el sistema informático de nuestros palacios de justicia se esté cayendo diariamente (lean hoy la prensa) y nadie parezca alarmado por ello. No encuentro explicación a que nuestros gobiernos autonómicos —los que dicen representarnos— no manden alto y claro un mensaje al gobierno central y le expliquen que seremos «territorio común» pero en absoluto unos tiñalpas inferiores a nadie en nada y menos en necesidades de Justicia y que aquí, o jugamos todos, o la baraja se va a romper a la altura de donde pone «Heraclio Fournier» en el cuatro de oros.

Baleares, Castilla y León, Castilla la Mancha, Extremadura, la Región de Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son esos lugares a los que en Justicia llaman «territorio común», lugares nada comunes, antes al contrario, excepcionales, dónde la vulgaridad sólo la ponen quienes gobiernan.

Si crees que puedes hacer algo por mejorar la justicia en los territorios comunes únete al equipo. Puedes hacer nada o puedes hacer algo: yo no lo dudaría.

La vieja guardia

Ellas han visto cosas que no creeríais… han visto pagar sobornos de forma generalizada a los funcionarios de la administración de justicia para que hiciesen su trabajo… («astillas» las llamaban1); ellos han realizado juicios sin juez2 y han conocido lugares de los cuales tú, joven abogado, quizá no has oído ni hablar: Audiencias Territoriales y Juzgados de Distrito. Ellas han redactado escritos inimaginables: pliegos de posiciones, interrogatorios de repreguntas y réplicas y dúplicas en el seno de procesos (juicios de cognición, mayor y menor cuantía) que, para ti, forman parte de la historia del derecho pero para ellos fueron el campo de batalla donde se ganaron honradamente su vida y la de sus hijos.

Ellas —sí, ellas— tuvieron la generosidad necesaria para trabajar gratis en el turno de oficio pero también el coraje y la dignidad precisas para ponerse en huelga y conseguir que la retribución de los abogados alcanzase unos mínimos niveles de dignidad para aquellos años y aquella justicia gratuita. Tú, joven abogado, aún te calientas con los rescoldos de aquel fuego.

Ellas y ellos, en fin, han demostrado que se puede vivir una vida dedicados a este oficio. Es lo que ellos y ellas han demostrado y es bueno que recuerdes que tú, joven abogado, aún no lo has hecho y está por ver que lo hagas. Así pues: no les des lecciones, aprende —ahora que estás en la edad de hacerlo— y no les digas cómo han de llevar sus despachos, publicitar su trabajo o «modernizarse», porque, a estas alturas, su capacidad de adaptación la tienen demostrada, su elegancia para publicitar su trabajo sin menoscabo de la dignidad de la profesión evidenciada y la capacidad para organizar despachos más que acreditada.

No les desprecies porque te aseguro que cualquiera de ellos o de ellas, llegado el caso, puede atacar su vieja Olivetti con papel carbón, azufre y salitre y demostrarte no sólo que eres polvo, sino que son pólvora y están hechos/as de un material que hace tiempo dejó de fabricarse porque el plástico era más barato.

Por eso, ahora que una abogacía de plástico inunda las redes sociales y el carísimo papel couché de las revistas, me acuerdo de ellos y de ellas, de la vieja guardia, de esos abogados y abogadas que no son «juniors», «seniors» ni «trendy», que ni componen poses ni hablan de lo que ignoran, que no impostan desvergonzadamente saber lo que no saben ni tener experiencia en aquello de lo que nunca han vivido. Porque ellos y ellas son reales, porque son abogados de verdad, porque han vivido de ejercer la abogacía y no del ejercicio de la farsa u otras artes escénicas.

Este post va por vosotros y vosotras, viejos. Y por ti Mercedes. Gracias por todo.


  1. Hasta mediados de los años 80 del siglo pasado el pago de cantidades «extrasalariales» a secretarios (actuales LAJ) y funcionarios de la administración de justicia era una práctica absolutamente generalizada en España. A mí y a mis compañeros, cuando pasamos por la Escuela de Práctica Jurídica, algún profesor –fiscal, por cierto– incluso nos enseñó algunos trucos para «convivir» pacíficamente con aquella repugnante práctica. Afortunadamente para mí, no me vi obligado a ello, cuando llegué a ejercer seriamente tal práctica había sido erradicada casi por completo. Si has llegado leyendo hasta aquí eso significa que todavía eres muy joven, incrédulo lector, felicidades. ↩︎
  2. Los juicios civiles, antes de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, eran íntegramente escritos en primera instancia y los interrogatorios de los testigos se realizaban a tenor de unos escritos previamente preparados (escritos de preguntas y repreguntas) a los que daba lectura un funcionario que indefectiblemente levantaba un acta que comenzaba con la falsedad más repetida de la historia judicial española: «Ante mí, Su Señoría, asistido de mí el Secretario…» ↩︎

¿Y LexNet qué tal?

Ha pasado un año entero desde que el gobierno obligase a utilizar en los juzgados españoles un sistema de comunicaciones electrónicas denominado LexNet. El sistema, controlado por el Poder Ejecutivo y no por el Poder Judicial, levantó inmediatamente críticas por este fallo fundamental de diseño que compromete la independencia judicial en España.

Pero LexNet no sólo fue criticado por su errónea concepción de base, también fue criticado porque se afirmaba que era un sistema viejo que no suponía una verdadera modernización de la administración de justicia.

Pues bien, ha pasado un año y las estadísticas ya permiten efectuar comparaciones para tratar de comprobar si el sistema ha contribuido de algún modo a acelerar o mejorar el funcionamiento de nuestra administración de justicia. Vamos a tratar de hacerlo.

Casos resueltos (por trimestres) en los años 2015/2016. Fuente: Consejo General de Poder Judicial.
Casos resueltos (por trimestres) en los años 2015/2016. Fuente: Consejo General de Poder Judicial.

La imagen que ven muestra el número de asuntos resueltos en 2015 y 2016 por los juzgados españoles. Aparentemente LexNet habría tenido el efecto de una explosión nuclear pues el número de asuntos resueltos en 2016 es muy inferior al resuelto en 2015… pero no se dejen llevar por el primer impulso, démosle una oportunidad a LexNet. Si observan los gráficos con detenimiento la verdadera causa de la aparente «pérdida de productividad» de los juzgados españoles en 2016 es que el número de procedimientos en la jurisdicción penal ha descendido de forma dramática (se han suprimido, por ejemplo, los juicios de faltas de tráfico ¿recuerdan?) y es, por lo mismo, que la jurisdicción penal es la que muestra una mayor tendencia a la «pérdida de productividad» que las cifras indican en bruto. Mucho más indicativas son las cifras del resto de las jurisdicciones (civil, social, contencioso…)

Y para ser más justos aún no deberíamos tampoco comparar los años 2015 y 2016 en conjunto pues, en los primeros trimestres, ya sabemos que la implantación de LexNet llevó aparejados problemas notables. Probablemente lo más ajustado sería comparar el cuarto trimestre de 2015 (sin LexNet) con el último de 2016 (con LexNet) excluyendo la jurisdicción penal.

Pues bien, si lo hacemos, no sólo no parece que LexNet haya resuelto nada sino que incluso el número de asuntos resueltos ha descendido, lo que quiere decir que los juzgados españoles «producen» menos sentencias con LexNet que sin LexNet.

Pueden buscarse explicaciones para este «descenso de productividad» de los juzgados españoles que traten de exculpar a LexNet… podemos tratar de imaginar explicaciones, sí, pero lo que parece indiscutible es que LexNet, a pesar del tremendo esfuerzo que ha exigido a profesionales y funcionarios y del coste económico para los administrados, no ha conseguido —ni de lejos— aumentar la productividad de los juzgados españoles.

Por si desean consultar los datos originales del Consejo General del Poder Judicial en estos links les dejo los correspondientes a los años 2015 y 2016.

 

No nos quedemos sólo en el IVA

Hoy, la llamada “abogacía institucional” se queja -y con razón- de que, por parte del Ministerio de Hacienda, se quiere gravar con el IVA (al 21%) los servicios jurídicos prestados a personas sin recursos a través del llamado “turno de oficio”. En un primer momento no se sabía quién habría de pagar ese 21% (¿el beneficiario que no tiene dinero?)  pero, ante lo surrealista de tal posibilidad, ahora se nos dice que lo pagará el Ministerio de Justicia en la llamada «Zona Ministerio»1 y las respectivas Consejerías de Justicia en los territorios con competencias en justicia transferidas.

Cuando deberíamos estar tratando de mejorar un servicio como el de la asistencia jurídica gratuita lo que estamos  tratando es, simplemente, de que no empeore aún más y peleando contra un 21% en impuestos que pagará Justicia para que los cobre Hacienda (¿un ministerio pagando a otro? ¿de verdad es necesario este malabarismo tributario?) en lugar de ocuparnos de lo que de verdad importa. No sé cómo lo hace el gobierno pero entre señuelos, IVA’s y cortinas de humo jamás hablamos de lo que hay que hablar: de recursos para la Justicia Gratuita.

El Ministerio de Justicia lleva presupuestando demasiados años menos de 35 millones de euros anuales para la Justicia Gratuita, una cantidad ridícula e inferior a la que clubes como el Barcelona destinan a fichar a mediocentros perfectamente desconocidos -al menos para mí- como André Gomes (55 millones). Pensar que el estado destina a la justicia de los más necesitados menos que un club de fútbol a fichar uno de sus jugadores me resulta obsceno, sé que es una comparación fácil, pero me resulta obsceno.

El Ministerio de Justicia no sólo es que destine pocos recursos a la justicia gratuita, es que, además, los gestiona pésimamente porque los retrasos en los pagos son ya tan crónicos que se tiene por normal y admisible un inadmisible retraso de tres meses en el pago en Zona Ministerio.

Creo que la Justicia Gratuita merece una preocupación mayor que la circunscrita al IVA y a la protesta contra el Ministro de Hacienda. El responsable de la Justicia Gratuita es el Ministro de Justicia y es él el responsable de que los abogados de la Zona Ministerio sean los peor pagados de España. Véanlo si no.

Los mismos servicios jurídicos, dependiendo del lugar de España en que se presten, se retribuyen de formas tan dispares con cargo a los presupuestos de Justicia Gratuita que, dependiendo de la comunidad autónoma en que uno ejerza puede cobrar el doble —o la mitad— de un compañero que ejerza en la comunidad autónoma vecina. Veámoslo con un ejemplo.

Retribución de un Procedimiento Abreviado en turno de oficio según la comunidad autónoma en que se preste el servicio. Fuente: Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ)
Retribución de un Procedimiento Abreviado en turno de oficio según la comunidad autónoma en que se preste el servicio. Fuente: Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ)

La gráfica que les muestro corresponde a las retribuciones que cada administración paga a un abogado de oficio por defender un «Procedimiento Abreviado»2. Para quienes no sepan lo que es un «procedimiento abreviado» les diré que es el procedimiento a través del cual se instruyen la mayoría de los delitos cometidos en España3 y que, a pesar de su nombre, de «abreviado» no tiene nada, pues lo normal es que su tramitación se prolongue años, a veces muchos años. Para que se hagan una idea: el proceso del «Prestige» era un «Procedimiento Abreviado» y sólo la instrucción del mismo ya tomó más de 10 (DIEZ) años.

Pues bien, volvamos al tema, la gráfica anterior nos muestra lo que cada administración pagará a un abogado de oficio por defender a un acusado en un asunto que puede llevar aparejadas condenas realmente duras y cuya tramitación va a durar muchos meses en el mejor de los casos y muchos años en el peor de ellos.

Como pueden comprobar, si uno tiene la suerte de trabajar como letrado de oficio en Cataluña, por todo ese proceso le abonarán unos 400€ y, además, se los abonarán con toda puntualidad en cuanto justifique los servicios prestados. Por el contrario, si uno tiene la mala suerte de ejercer como letrado del turno de oficio en la llamada «Zona Ministerio» por el mismo trabajo le pagarán la mitad (unos 200€) pero además se los pagarán tarde y muchos meses después de que usted haya justificado su trabajo.

Y ahora explíquenme ustedes por qué el trabajo de un abogado de Manresa o Figueres vale el doble que el de una abogada murciana o de Palma de Mallorca. Si alguien es capaz de darme alguna razón que justifique esa diferencia con gusto le escucharé.4

Sospecho, sin embargo, que ninguna razón de justicia se esconde tras estas diferencias retributivas ni tras estos retrasos diferenciales en el pago. Sospecho —sé— que tras estas diferencias retributivas y retrasos diferenciales no se esconden más que razones que, de ser contadas, avergonzarían a bastantes personas.

Es tiempo ya de acabar con esta farsa. Es tiempo ya de decir que los abogados del resto de España no merecemos peor trato que los abogados de Cataluña —por ejemplo— y que no se puede defender a gobiernos de administraciones ni comunidades autónomas que pagan mucho peor y mucho más tarde que —por ejemplo otra vez— Cataluña.

No se comprende por qué un abogado de Ascó (Cataluña) ha de cobrar unos 400 euros puntualmente por un procedimiento abreviado mientras uno de Caspe (Aragón), por el mismo trabajo, tan sólo cobrará unos 260 euros, eso sí, no puntualmente como su colega de Ascó, sino tarde —muy tarde— y mal —muy mal—. Caspe y Ascó distan tan sólo 50 kilómetros en línea recta pero, en lo que respecta a justicia gratuita, están a años luz de distancia. Si algún abogado de Caspe me dijese que esta situación le parece bien no me quedaría más opción que pensar que miente o que sirve al gobierno que mantiene esta inicua situación.

Diferencias retributivas y retrasos diferenciales son una injusticia más que nadie remediará si no empiezas tu mismo por ponerte en pie y dejar oír tu voz alto y claro. Por eso no te quedes sólo en el IVA, hay muchas más tareas que hacer y que parece que, en años, nadie ha querido o se ha atrevido a hacer. Como siempre está en tu mano: no esperes a que nadie haga nada por ti si tú no lo haces primero.

  1. El «Territorio Común» o «Zona Ministerio» es el conjunto de comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de justicia y en las que el turno de oficio es sufragado directamente desde el Ministerio de Justicia con cargo a los presupuestos generales del estado. El «Territorio Común» o «Zona Ministerio» está formada por las comunidades autónomas de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las ciudades de Ceuta y Melilla. ↩︎
  2. Fuente «Confederación Española de Abogados Jóvenes» (CEAJ) ↩︎
  3. Conforme al artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración.» ↩︎
  4. Para que dispongan de una visión mucho más completa de cuales son las diferencias retributivas entre territorios les acompaño la tabla y gráfica que sigue
    Tabla de retribuciones del Turno de Oficio por territorios. Datos recogidos por CEAJ
    Tabla de retribuciones del Turno de Oficio por territorios. Datos recogidos por CEAJ

    Han de tener en cuenta que bastantes de las cifras contenidas en la tabla están sujetas a modificaciones en virtud de variadas circunstancias (por ejemplo es frecuente que si se realizan más de seis asistencias al detenido se doble la retribución, etc.) pero, en general, considero que la gráfica ilustra con bastante exactitud las diferencias retributivas existentes entre territorios. ↩︎

Abogacía y costas: drama en tres actos

El 21 de diciembre de 2016 fue un día feliz para muchos abogados. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) había fallado que lo indebidamente cobrado en virtud de las abusivas cláusulas suelo debía devolverse íntegramente y no sólo desde el año 2013 como pretendía el Tribunal Supremo. Abogacía Española1 dió la noticia así en su cuenta de tuíter: «El TJUE obliga a los bancos a devolver todo el dinero cobrado a los afectados por cláusulas suelo».

Resultaba difícil predecir hace sólo cincuenta y tres días que este tuit abriría el primero de los tres actos de un drama que llevaría a cometer a la Abogacía Española algunos de los más inadmisibles actos que he presenciado en los siete años que formo parte del Consejo.

Primer acto: los tribunales arbitrales

Tras la sentencia del TJUE la situación era, aparentemente, muy clara: los bancos ya sabían a qué atenerse y o bien devolvían voluntariamente el dinero indebidamente cobrado a sus clientes o bien estos se lo exigirían judicialmente. En un país normal los bancos habrían procedido a cumplir la ley inmediatamente pero el nuestro no es un país normal y por eso en España la útima posibilidad que se contempló esos días fue la de que los bancos cumpliesen voluntariamente la ley

Un incumplimiento generalizado de los bancos, que se daba y aún se da por descontado, sería una infamia para con la nación, sí, y exigiría un esfuerzo especial por parte de los abogados, incluídos los de oficio; pero también supondría trabajo para los abogados españoles, un trabajo que no vendría mal en un momento en que la abogacía española atraviesa el peor momento de los últimos 30 años, de forma que los pequeños despachos de abogados y los abogados del turno de oficio se prepararon para atender a la posible demanda; en última instancia la solución que establece nuestro ordenamiento cuando alguien no cumple la ley es acudir a los tribunales de justicia y no se ve por qué razón los bancos habrían de recibir un trato distinto. Los pequeños despachos, además, habían sido los únicos que habían apoyado a los consumidores en su lucha contra el abuso de las cláusulas suelo y parecía natural que fuesen ellos quienes hubiesen de lidiar con un posible incumplimiento generalizado por parte de los bancos, sobre todo si tenemos en cuenta que, en toda esta batalla de las hipotecas, el gobierno había estado sistemáticamente en contra de los consumidores y a favor de la posición procesal de los bancos..

Por alguna razón a nadie se le ocurrió exigirle a los bancos que cumpliesen con la sentencia. En España hay cosas de las que no se habla y esta de pedirle a los bancos que cumplan la ley parece ser que es una de ellas. La abogacía española tampoco pareció apuntarse a la vía de la firmeza exigiendo el cumplimiento de la doctrina contenida en la sentencia a los bancos y, para sorpresa de propios y extraños, el día 23 de diciembre, apenas día y medio después de la sentencia del TJUE se descolgó con este tuit en su cuenta oficial que sumió en la perplejidad a cuantos abogados conozco: Pedimos que Tribunales Arbitraje en que participan Colegios Abogados canalicen ejecución STC TJUE #CláusulasSuelo

La noticia no tenía desperdicio, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, sin que el Pleno del Consejo lo hubiese aprobado, en solitario y sin consultar aparentemente a nadie, se erigió en voz de la Abogacía Española y en nombre de la Abogacía Española dirigió al Ministro de Justicia Rafael Catalá una carta en la que le pedía que «Tribunales de Arbitraje en los que participan los Colegios de Abogados canalicen la ejecución de la sentencia del TJUE sobre cláusulas suelo»2.

Las respuestas al tuit no se hicieron esperar y oscilaron entre el «¿quién ha aprobado esa barbaridad?» y el «Vergonzoso». Los tuits lanzados por abogados desde sus cuentas particulares fueron muchos más, tuvieron casi todos ellos más apoyo que el de Abogacía Española y si algo quedó claro al final del día 23 de diciembre es que la presidenta había obrado por su cuenta, sin autorización del pleno e irrogándose ella misma una representación de la totalidad de los abogados que muchos abogados rechazaban explícitamente y que, desde mi punto de vista, no es admisible ni como figura literaria en casos como este.3

¿Por qué había podido comportarse así la presidenta? ¿por qué decidió por su cuenta solicitar algo que hasta ese momento no se había planteado ni como posibilidad en el Pleno? ¿Había algo más que un mero error detrás de su petición al Ministro de Justicia?

El llamado «Principio de Hanlon» nos advierte de que no debemos atribuir a la maldad lo que podamos atribuir simplemente a la estupidez, de forma que, al menos ese día, decidí que no era posible, no, que la propuesta de la Abogacía Española obedeciese a un intento de favorecer la posición procesal de los bancos exhonerándoles, al reconducir las reclamaciones a un procedimiento arbitral, del pago de las cotas que todo proceso judicial civil lleva aparejadas cuando se ven rechazadas todas las pretensiones de una de las partes. Sin embargo algo me atormentaba: a pesar de la catarata de críticas en redes, ni Abogacía Española retiró el tuit ni tampoco rectificó públicamente su postura, de forma que, aunque preferí pensar que todo era un error, insensiblemente, el llamado «Test del Pato» comenzó a sustituir en mis pensamientos al «Principio de Hanlon».

Segundo acto: el apoyo al RD 1/2017

El segundo momento de este drama tiene lugar cuando el Gobierno de España presenta el Real Decreto Ley 1/2017 y Abogacía Española muestra su más explícito apoyo al mismo con este tuit: La Abogacía considera positivo establecer un sistema extrajudicial para resolver los litigios sobre. Dicho tuit enlaza a una noticia en la que, entre otras cosas la presidenta se felicita de la creación de «una disposición normativa que establezca un procedimiento extrajudicial para canalizar la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), según carta que remitió el pasado 23 de diciembre la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, al ministro Catalá.»

Las reacciones al tuit esta vez fueron mucho más masivas y mucho menos educadas. El enfado que esta postura provocó entre muchos abogados fue descomunal. Si no han leído antes los comentarios del tuit que les he enlazado háganlo ahora, merece la pena. Las reacciones en Tuíter y Facebook desde otras cuentas son numerosísimas y no necesito enunciarlas aquí, probablemente ya hayan tenido noticia directa de muchas de ellas.

Nuevamente la presidenta sufrió un absolutista error de identidades y se confundió a sí misma con la abogacía (L’État c’est moi) y todo ello sin consulta ni votación del Pleno del Consejo y, despreciando implícitamente las reacciones en contra que había despertado su posicionamiento anterior, se atrevió de nuevo a hablar en nombre de todos y a sostener que la Abogacía apoyaba un Real Decreto cuya única característica reseñable es que dulcificaba el régimen de costas procesales para los bancos y entidades relacionadas con el abuso de las cláusulas suelo.

Ante tal comportamiento volvieron a surgirme las preguntas: ¿Por qué habría podido comportarse así la presidenta? ¿por qué decidió por su cuenta aplaudir algo que hasta ese momento no se había planteado ni como posibilidad en el Pleno? ¿Había algo más que uno de esos habituales actos de adulación hacia el Ministro a que nos tiene tan acostumbrados?

Nuevamente recordé el «Principio de Hanlon» pues no podía creer que fuera posible que Abogacía Española se estuviese felicitando por este Real Decreto cuando nada se había votado al respecto en el Pleno del CGAE y, sin embargo, al igual que en el caso anterior y a pesar de la tormenta de opiniones en su contra, ni Abogacía Española retiró el tuit ni tampoco rectificó públicamente su postura, de forma que cada vez fue quedando en mis reflexiones menos espacio para el Principio de Hanlon y más para el llamado «Test del Pato».

Tercer acto: la modificación del régimen de costas

El tercer, y por ahora último acto de este drama, se produjo el pasado 6 de febrero, menos de una semana después de la convalidación del RD 1/2017 por el Congreso de los Diputados y se anunció, de nuevo, en redes sociales con un tuit: “Abogacía quiere modificación de condena en costas para que solo se imponga en supuestos en que se litiga con temeridad @_OrtegaVictoria”.

Sin que nadie lo pidiese, sin que nadie lo votase, sin más soporte que su propia y exclusiva opinión, la presidenta de esta Abogacia Española que pretende confundir la opinión personal de la presidenta con la voz de centenares de miles de abogados, se dio el lujo de pedir que se cambiase la regulación actual de las costas. ¿Para qué? Déjenme que les cuente algo antes de tratar de responder.

En la actualidad las costas de un procedimiento civil las paga la parte que vea desestimadas todas sus pretensiones salvo que, el juez, razonadamente considere que existían serías dudas de hecho o de derecho4. Esta posibilidad de que el juez pueda apreciar que, incluso en el caso de que una parte vea todas sus peticiones rechazadas puedan haber dudas de hecho o de derecho que le obligasen a litigar, ya ilustra que las afirmaciones de “automatismo” no son ciertas o que, al menos, si el “automatismo” se produce no es porque el sistema lo exija.

Esta regulación actual no es producto de la casualidad, fue extensa y profundamente debatida por la doctrina durante la segunda mitad del siglo XX y, para finales del mismo, se había alcanzado un amplísimo consenso que se plasmó en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) aunque, ya con anterioridad, se había impuesto el actual régimen de costas como el normal y deseable, al menos en la jurisdicción civil. Desde entonces no recuerdo que nadie haya cuestionado este régimen en ningún foro relevante y, por ello, la propuesta de la Abogacía resultaba curiosamente llamativa.

Supongo que quienes estén leyendo este post y no sean juristas se preguntarán: ¿Qué significa para un litigante en un proceso ser condenado en costas? Pues significa que habrá de pagar a su contrario todos aquellos conceptos que la LEC conceptúa como costas y que según su artículo 241 incluirían: 1º. Honorarios de la defensa y de la representación técnica cuando sean preceptivas. 2º. Inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso. 3º. Depósitos necesarios para la presentación de recursos. 4º. Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso. 5º. Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la Ley, salvo los que se reclamen por el tribunal a registros y protocolos públicos, que serán gratuitos. 6º. Derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso. 7º La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional… En fin, que cuando una de las partes pierde completamente el pleito se ve abocada, salvo que el juez razonadamente decida otra cosa, a abonar a la parte contraria todos estos gastos.

Y es en estas costas donde se encuentra el meollo de todo este asunto. La banca, esa banca que no paga simplemente porque no quiere, está muy enfadada con las costas. Los juzgados y tribunales vienen desestimando absolutamente sus excusas defensivas y les imponen las costas con asiduidad y esto la banca no lo tolera. Su enfado ha llegado a tal extremo que ni los Colegios de Abogados han escapado a sus iras. El hecho de que la banca haya de indemnizar a quien le demanda de los gastos del proceso es algo que no soporta. Nuestra banca está acostumbrada a cobrar inmisericordemente sus costas a aquellos contra quienes litiga, incluso presupuestándolas y embargándolas de entrada al 30% del principal en esos procedimientos de que ella dispone y los consumidores no.

La banca, que ha olvidado cómo adicionaba sistemáticamente un 30% en costas a la deuda de los consumidores a quienes desahuciaba en estos últimos años, ahora no está dispuesta a consentir que se le condene a pagar los gastos en que estos consumidores incurran al demandarla a ella. Hay mucho en juego en estos gastos, piénsenlo un poco.

No todos los consumidores disponen del dinero preciso para demandar pero, cuando el sistema judicial es predecible, un jurista medio puede prever con bastante seguridad lo que el juez resolverá en sentencia. En estos días el sistema judicial es altamente predecible en cuanto a las cláusulas suelo y, por lo tanto, muchos abogados se animan a predecir a sus clientes que el juez, ante la negativa injustificada del banco, con mucha probabilidad le condenarán al pago de las costas en sentencia.

Consumidores que de otro modo no reclamarían, a la vista de la solidez del sistema reclaman y así pueden recuperar lo que injustamente se les detrajo.

Por la misma razón la banca ha estallado en ira: porque el sistema es predecible y saben que su impago injustificado les acarreará el pago de las costas y no sólo eso, facilitará la reclamación de aquellos consumidores a quienes no logren espantar con sus bulos de: “te va a costar más el entierro que la abuela”, “el proceso te va a costar más de lo que vas a ganar”, “tu abogado se va a quedar con todo” y esas lindezas que creo que todos ustedes conocen perfectamente.

Hay mucho dinero en juego: créanme. Piensen en cuantas hipotecas contienen cláusulas abusivas y cuántos procesos habrá en España si los bancos se niegan injustificadamente a pagar ¿un millón de hipotecas? ¿Dos? pues multipliquen ese número por los aranceles del procurador y por el precio en que estimen el trabajo de su abogado y todo ese dinero habrá de pagarlo la banca. Por hacerlo fácil si hay dos millones de hipotecas y las costas medias de cada proceso son de mil euros (es un ejemplo para hacer fácil la multiplicación) la banca habría de añadir al dinero de la devolución de las cláusulas suelo 2.000 millones de euros de las costas de los procesos que habrían provocado con su injustificada negativa a pagar. Hablamos, créanme, de mucho dinero y la banca lo sabe perfectamente.

La eliminación de esa predictibilidad no sólo desanimaría a muchos consumidores a reclamar sino que produciría un efecto de impunidad inadmisible. La banca maneja bien las hojas de cálculo: no sólo ahorrarían en costas sino que sus abusivas cláusulas permanecerían en los contratos; la felicidad completa para la banca pero… ¿cómo generar incertidumbre?

Dejemos aquí nuestro excursus sobre las costas y volvamos al tercer acto de nuestro drama, recordémoslo: Sin que nadie lo pidiese, sin que nadie lo votase, sin más soporte que su propia y exclusiva opinión, la presidenta de esta Abogacia Española que pretende confundir la opinión personal de la presidenta con la voz de centenares de miles de abogados, se dio el lujo de pedir que se cambiase la regulación actual de las costas.

Y ahora preguntémonos de nuevo: ¿por qué la Abogacía se acuerda ahora del régimen de costas y no en 2012 cuando 217 familias eran desahuciadas diariamente y además de la deuda y sus intereses ordinarios y moratorios se les ejecutaba un 30% más por costas? ¿Por qué se acuerda de las costas en general y no pide por ejemplo que se regulen en los procesos hipotecarios donde son más automáticas y se embargan desde el minuto cero? ¿por qué se trae a la luz ahora este debate que nadie reclamaba?, ¿para qué?, ¿a quién beneficia esto?, ¿a los abogados?, ¿a los consumidores o a los bancos?

Ya son tres los actos de este drama en que el argumento y los papeles se repiten. Yo sigo queriendo pensar que todo esto se debe a insensatez o incompetencia como dice el Principio de Hanlon, pero no puedo olvidarme del llamado “Test del Pato”, ese que, cuando nos dicen que algo no es lo que parece, nos recuerda que:

Si parece un pato, nada como un pato, y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato.

Usted decide si las cosas son o no lo que parecen o incluso lo que parecen, nada tengo que indicarle; lo que sí puedo decirle es que no voy a cooperar con este juego. Esta no es mi Abogacía y usted que me lee puede tener la seguridad de que, diga lo que diga la presidenta en este punto, a mí no me representa. Y sospecho que a usted tampoco.

Vale.

Pato


  1. Utilizo la expresión «Abogacía Española» en cursiva para expresar que está usada en sentido impropio; no por mí, sino por los representantes del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Abogacía Española es la «marca» con que suelen aparecer en los medios de comunicación y frente a terceros los representantes del CGAE sin que esta expresión sea el nombre de ninguna corporación de derecho público contemplada por nuestras leyes. Hablar de la Abogacía Española (marca CGAE) y tratar de confundirla con la totalidad de los abogados de España es una de las conductas que exigiría de mayores dosis de humildad por parte de sus usuarios. ↩︎
  2. Abogacía Española: La Abogacía pide que los Tribunales de Arbitraje en los que participan los Colegios de Abogados canalicen la ejecución de la sentencia del TJUE sobre cláusulas suelo. ↩︎
  3. Por solo poner unos ejemplos véase este tuit «¿Pedimos? ¿quién lo pide?» con el doble de visualizaciones y «likes» que el de Abogacía Española. Es sólo un ejemplo entre muchísimos más. ↩︎
  4. El artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) dispone en sus dos primeros números: “1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares. 2. Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad.” ↩︎