LexNet, el «procés» y la división de poderes

El gobierno central, en toda esta crisis catalana, ha parecido delegar en los jueces toda la responsabilidad de acabar con el «procés»; guste o no está en su derecho, para eso es el gobierno. Sin embargo el gobierno central parece olvidarse del talón de Aquiles más evidente de dicha estrategia y es que todo, absolutamente todo, el funcionamiento de los jueces y tribunales de Cataluña está en manos del «Conseller de Justícia» del gobierno catalán. Es decir, el control de todo el funcionamiento judicial está en manos de los teóricos infractores de la ley. Un solo gesto del conseller y toda la administración de justicia en Cataluña, parará durante unas horas, unas semanas, unos meses o simplemente dejará de funcionar. Al «conseller» le basta apretar un botón para que los expedientes que no convienen desaparezcan o, si lo desea, para que toda la administración de justicia salte por los aires en Cataluña.

Gracias a la insensata postura del gobierno central de mantener en manos del ejecutivo la gestión de todos los expedientes judiciales, en Cataluña, donde la justicia está transferida, ocurre lo mismo que en Madrid: que el gobierno catalán es el que administra y gestiona todos los expedientes de la administración de justicia en Cataluña; dicho de otro modo, que —si al gobierno catalán le sale de la punta del «procés»— todos los expedientes judiciales por él gestionados pueden borrarse, destruirse y desaparecer como lágrimas en la lluvia (discúlpenme la cita cyberpunk). Tras esto ya puede el ministro pedirle a los jueces que actúen, será como echar cebada a un burro muerto.

Lo dijimos, fuimos muchos los que lo dijimos y lo repetimos hasta la saciedad; lo llevamos a la Real Academia Española de Jurisprudencia y legislación y formulamos denuncias en la UE, lo planteamos al ministro y a sus turiferarios. No se trata de Cataluña ni de España, se trata de la independencia judicial, se trata de puro y simple sentido común: repugna que el control de los juzgados esté en manos de quien ha de ser controlado por ellos, es como poner a la zorra a guardar a las gallinas, es echar una paletada más de tierra sobre la tumba de Montesquieu.

Tan sólo hace un mes el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, hacía chanzas y mofas sobre esta petición en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, hoy, probablemente, se cortaría la lengua antes de decir barbaridades semejantes. Pero no se engañen, si el «procés» se interrumpe mantendrá esta aberración que le da ventajas y, si triunfa, ¿para qué cambiarlo?.

Estos malos gobernantes antes que atenerse a la sensatez prefieren atentar contra el sentido común y ahondar la fosa de Montesquieu en su propio beneficio, la división de poderes es molesta para el que manda, pero la independencia judicial es la salvaguarda de todos —incluso de ellos mismos— y atentar contra ella no es cavar la fosa de Montesquieu, es cavar la tuya propia, o la de todos.

Lo dijimos, que conste que lo dijimos.

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Crisis LexNet: el núcleo de la cuestión

Ayer un lector, viendo el espectáculo de lo que estaba pasando en LexNet, me preguntaba… «pero ¿en manos de quién estamos?» y mientras pensaba qué responderle pensaba también en que esa es la pregunta clave de todo este drama: ¿en manos de quién está LexNet?

Porque la realidad es que LexNet está en manos de un ministro que ha sido reprobado por el parlamento por entorpecer investigaciones en casos de corrupción, que pertenece a un partido ahora mismo enredado en causas como Gürtel o Púnica y que pertenece a un gobierno cuyo presidente acaba de declarar como testigo en una de esas causas. ¿A alguno de ustedes le parece sensato que sea esta persona la última responsable de custodiar las comunicaciones (y los expedientes electrónicos también) de los juzgados?.

Cuando el expediente era en papel no había problema, estaba en el juzgado y de ahí no salía; pero ahora que es electrónico el expediente ya no está en el juzgado, está en servidores cuyo último responsable es el ministro de quien les hablo.

Si hubiésemos de ilustrar la situación actual con una imagen la situación sería la que se vio esta semana mientras declaraba Rajoy, salvo que la imagen habría que completarla con Catalá en Sala con los expedientes bajo el brazo.

Y lo que digo de Catalá y de su partido no es exclusivo de ellos sólos (aquí todos tienen por qué no engallarse) pues puedo decirlo del resto, no tiene sentido que allá donde las competencias en justicia están transferidas no sean los jueces quienes controlan los expedientes sino los correspondientes consejeros de justicia… piensen ustedes en Andalucía, en Cataluña o en cualquier otro lugar y se darán cuenta de que, con frecuencia, quienes controlan los expedientes son precisamente las personas de quienes deberíamos defender esos expedientes.

Esta realidad repugna al sentido común. Entiéndaseme: no digo que esta práctica sea ilegal (tampoco es ilegal poner a la zorra a proteger a las gallinas) lo que digo es que repugna al sentido común y que a cualquiera se le ocurre que los autos, los expedientes, deben estar bajo el control de los jueces, del Poder Judicial y que esto es lo más concorde con la deseable división de poderes. Así lo hemos venido sosteniendo con desigual éxito durante bastantes años un grupo cada vez más amplio de personas.

Sin embargo, mis lectores, que son listos, me dirán inmediatamente: ¿y qué ganaremos entregando el control de los expedientes al CGPJ si al final este también es un órgano controlado políticamente? Y efectivamente, al menos en el juego corto, tendrán razón y resultará que tan sólo habremos salido de Guatepeor para caer en Guatemala.

Por eso el primer paso serio para arreglar nuestra justicia es dotarla de independencia. Nuestra Constitución nos dice cómo, las recomendaciones europeas nos dicen también cómo y las asociaciones de jueces y fiscales nos dicen cómo. Si lo comprueban verán que todos nos dicen lo mismo ¿no es ya el momento de hacerlo?

Si la crisis de LexNet demuestra algo es que, en este tipo de materias, cuando se abusa del interés político propio el sistema entero puede acabar quebrando. Es tiempo de que acabe esta forma de hacer política con la justicia y es tiempo de que todos (pero todos) comencemos a hacer este trabajo juntos. Al menos tenemos claros los primeros pasos.

Vale.

LEC 2.0

En inglés el juego de palabras es sencillo y evidente: la palabra «code» quiere decir «código» tanto en sentido jurídico (como en «Código Civil») como en sentido informático (por ejemplo en «código fuente»).

Ya en 1999 Lawrence Lessig (catedrático de derecho por entonces de la Universidad de Stanford), en su libro «El código y otras leyes del ciberespacio» jugaba con este doble sentido y nos prevenía de que el ciberespacio es un espacio en el que no es posible dictar y aplicar las leyes tal y como lo habíamos venido haciendo en nuestra sociedad; y esto es así porque las leyes del ciberespacio están en el código que se ejecuta, no en lo que digan los textos legales: podemos hacer lo que el software nos permite hacer y no podemos hacer lo que ese mismo software no nos permite hacer independientemente de lo que ordene la ley que conocemos.

Veamos un ejemplo. Si a los programadores de LexNet se les ocurriese que usted no puede mandar su escrito sin rellenar un campo donde se le pida el DNI de su abuelo ya puede usted quejarse al Ministerio, al Defensor del Pueblo o a la FIFA: si usted no pone el DNI de su abuelo usted no podrá presentar el escrito.

Esta realidad, antigua como la red, parece haber sido descubierta recientemente (eso es España, un perenne retraso) por el Ministerio de Justicia, que da síntomas de andar encantado con la posibilidad de legislar vía software y anda haciendo algunas pueriles probaturas con el entusiasmo de un niño ante un juguete nuevo.

Si, ahora, un catedrático de procesal quisiera explicar a sus alumnos los defectos de la demanda que llevarán aparejada su inadmisión no le bastaría, para ser exhaustivo, enumerar los contemplados en la LEC, sino que habría de añadir los derivados de esa LEC 2.0 que está diseñando con toda la torpeza de que es capaz el ministerio; defectos como por ejemplo el de que el nombre del archivo conteniendo la demanda esté correctamente escrito en español y —por tanto— lleve acentos.

Ciertamente la LEC original premiaría la correcta ortografía de quien esto hiciera pero la LEC 2.0 del Ministerio, analfabeta y siniestra, detesta todo atisbo de inteligencia y castiga las tildes bien colocadas con la misma pena que el más grave defecto procesal pensable: el rechazo de la demanda automático. Penalty y expulsión… ¡Rafa, no me jodas!.

La cosa podría tener su gracia si no fuese porque cualquier cosa que roce al Ministerio de Justicia actual experimenta una mutación opuesta a la del mítico Rey Midas. Si este último lo que tocaba lo convertía en oro, lo que siquiera roza el Ministerio de Justicia actual se torna siniestro y siniestros empiezan a percibirse los tejemanejes informáticos que está haciendo el Ministerio con LexNet desde su implantación.

Ministro, no has inventado nada, has llegado a este mundo de la Justicia cuando tus interlocutores llevan decenas de años en él y, cuando no has columbrado aún la importancia de una buena estrategia informática, hay gentes que llevan toda su vida en ello.

No, no nos vas a aprobar unos códigos 2.0 usando la puerta informática de atrás, o al menos no lo vas a hacer sin que nos demos cuenta. No vas a poder decir aquello de «hagan ustedes las leyes y déjenme a mí hacer los programas». Los pollos no engañan a los recoveros. Rafa, no nos jodas.

Contratos de hace cuatro mil años

Llamamos historia, por oposición a prehistoria, al período de tiempo en el que la humanidad ha conocido y usado la escritura; y, como los inventores de la escritura fueron los sumerios, necesariamente habremos de admitir que la historia empieza en sumeria y también, naturalmente, que la historia del derecho empieza allí.

Hoy me he entretenido tratando de encontrar el primer contrato escrito de la historia de la humanidad y naturalmente me he dedicado a husmear entre las muchas transcripciones de tablillas mesopotámicas que la red ofrece.

La cantidad de contratos que conservamos de hace 4.000 años es tremenda, yo diría que hasta abrumadora y pareciera, tal es su número, que la escritura se hubiese inventado específicamente para documentar actos jurídicos (y quizá así sea). Esto, junto con el celo mesopotámico por clasificar y archivar minuciosamente las tablillas, ha hecho que dispongamos de una enorme cantidad de material del que tan sólo se ha traducido una pequeña parte. Hoy me he entretenido con este contrato de compraventa de inmuebles realizado por un ciudadano sumerio llamado Sini-Ishtar y que, si bien se mira, no difiere tanto de nuestras actuales escrituras. Veamos el texto (la traducción, de traducción, de traducción, es mía de forma que no me hago responsable) de circa del 2000 AC:

Sini-Ishtar, hijo de Ilu-eribu, y Apil-Ili, su hermano, han comprado un tercio de Shar de tierra con una casa construida, junto a la casa de Sini-Ishtar, y luego la casa de Minani. Un tercio de Shar de tierras de cultivo junto a la casa de Sini-Ishtar, que se enfrenta a la calle. La propiedad de Minani, el hijo de Migrat-Sin. Han pagado cuatro siclos y medio de plata, el precio acordado. Nunca se podrá reclamar por la casa de Minani.
Por su rey juraron. (A continuación, los nombres de catorce testigos y un escriba.) Mes de Tebet, año del gran muro de Karra-Shamash.

Me he sonreído pensando en el escribano de hoy día, el notario, escribiendo aquello de: «Un trozo de tierra de un Tercio de "Shar", o lo que es lo mismo un tercio de un "Nindam cuadrado" o lo que es lo mismo ocho codos cuadrados o 16 metros cuadrados de superficie. Linda con la calle donde se ubica; norte, casa de Sini-Ishtar…»

Al final juran por su rey y firman hasta 14 testigos junto con el escriba, que no pone lo de «está mi sello en tinta» como los notarios de ahora porque en sumeria los escribas y las personas de orden firmaban con los llamados «sellos rodados» que resultaban mucho más elegantes e historiados que esos sellos de goma de medio pelo que ahora usan nuestros fedatarios…

…y mientras escribo esto mi amiga Verónica del Carpio me manda por mensajería la noticia que ven en la fotografía y pienso en lo paradójico que resulta que podamos leer contratos de hace 4.000 años pero que la sinvergonzonería reinante no nos permita conocer contratos de hace menos de diez años. En Sumeria, ciertamente, cuidaban mejor sus contratos y su honra.

La boda de Mibtah

La mujer de quien quiero hablarles, Mibtah, era judía y había nacido en el Egipto del año 480 antes de Cristo, cuando regía los destinos del país del Nilo el «faraón» Artajerjes I, porque, por entonces, los persas trataban a Egipto como a una satrapía.

Mibtah, aunque judía, vivía en Egipto, concretamente en una isla situada en medio del Nilo y ubicada cerca de la primera catarata, en lo que entonces era la frontera del Alto Egipto y la Nubia Inferior y en las aguas de lo que actualmente llamamos Asuán. La isla se llamaba «Elefantina» y allí vivía una próspera y activa colonia judeo-aramáica.

Mibtah nació en el seno de una de las familias judías que prosperaban en esa comunidad y su padre, Mahseiah, se cuidó desde bien pronto de que ella dispusiese de una buena porción de tierras a pesar de las, al parecer, no pocas demandas a que hubo de hacer frente.

Son todos esos documentos legales que la rodearon los que hacen que conozcamos la vida de Mihtab con bastante exactitud. Sabemos, por ejemplo, que fue parte en juicios y que los ganó, sabemos también que tuvo varios maridos de los que se fue divorciando cual si de una Liz Taylor de la época se tratase y es, precisamente, a uno de sus matrimonios al que corresponde este contrato que la unió al arquitecto real Eshor Bar Djeho, contrato que quiero enseñarles hoy pues estoy seguro que a los juristas y no juristas les resultará sorprendente en muchos aspectos. El documento original es el que ven en la fotografía que abre este post y su traducción (no me hago responsable de nada en este punto) dice lo que sigue:

A 24 Tishri, (sexto día del mes de Epeiph), en el decimosexto año del reinado del Rey Artajerjes I [14 de octubre del 449 A.C.], Eshor Bar Djeho, arquitecto real, dijo a Mahseiah, un arameo de Asuán de la División Varyazata, lo que sigue:

He venido a tu casa para casarme con tu hija Mibtah.

Ella es mi esposa y yo su marido desde este día en adelante y para siempre.

Te he entregado como dote por tu hija Mihtab 5 siclos reales que han sido recibidos y aceptados.

Tu hija Mibtah me ha entregado personalmente monedas de plata (12 siclos reales), una prenda de lana nueva teñida y bordada a mano de unos 4 por 2,5 metros y cuyo valor es de 28 siclos reales. Un tejido nuevo de 4 por 2,5 metros que vale 8 siclos reales. Otra prenda de lana finamente tejida de 3 por 2 metros y cuyo valor es 7 siclos. Un espejo de bronce (1,5 siclos). Un cuenco de bronce (1,5 siclos). Dos copas de bronce (2 siclos). Una jarra de bronce (0,5 siclos).

La suma de la plata y el valor de las mercancías es de 65,5 siclos de Real peso que han sido recibidos y aceptados.

Una cama de caña de papiro con cuatro piedras incrustadas. Una bandeja. Dos cucharones. Una caja nueva de hoja de palma. Cuatro cucharadas de aceite de castor. Un par de sandalias.

Si Eshor muriese sin dejar hijos ni hijas durante la vida de Mihtab ella tendrá derecho lefítimo a todas las propiedades de Eshor, su casa, sus bienes, sus propiedades y todo cuanto posea.

Si Mihtab muriese sin hijos ni hijas durante la vida de Eshor, su marido, entonces él heredará todas las propiedades de ella.

Si en el futuro Mihtab va a la corte y dice que se divorcia de Eshor, su marido, ella es responsable de pagar el divorcio. Ella debe entregar a Eshor 7,5 siclos de plata pesados en la balanza.

Después de eso ella se llevará de casa todo aquello que ella haya llevado personalmente, chatarra y cualquier objeto que sea, y podrá irse donde quiera, sin necesidad de que se dicte ninguna norma que la autorice ni de presentar ninguna demanda judicial.

Si Eshor en el futuro fuese a la corte y dijese que se divorcia de Mihtab, su esposa, perderá la dote. Ella podrá llevarse de casa todo cuanto haya llevado personalmente a ella, incluso chatarra y cualquier cachivache, todo de una vez, y podrá ir donde quiera sin necesidad de norma que la autorice y sin que tenga que presentar demanda judicial.

Cualquiera que demande a Mihtab para desalojarla de la casa de Eshor o privarla de los bienes y propiedades de él deberá pagar 200 siclos de plata y estar y pasar por lo pactado en este documento.

Yo Eshor nunca diré que tengo otra esposa además de Mihtab ni otros hijos que los que tenga con Mihtab. Si en algún momento digo que tengo otra mujer u otros hijos tendré que entregar a Mihtab 200 siclos de plata de Real pesada. No podré retener en ese caso mis propiedades frente a ella y si lo hago habré de entregarle 200 siclos de plata de pesada Real.

Autorizado por Nathan bar Ananiah el cual escribió este documento a petición de Eshor. Sustestigos son…

y aparecen a continuación cuatro nombres tras los que el documento se fragmenta y nada más es legible.

Supongo que a ustedes, como a mí, el contrato les resultará sorprendente. No sólo se prevé el divorcio de ambos cónyuges sin más requisito que su propia voluntad sino que se prevén duras sanciones económicas en el caso de que a Eshor se le ocurra ser infiel (no sabemos con qué castigarían las leyes egipcias de esa época el adulterio de Mihtab).

Como vemos el matrimonio ya presenta forma de contrato y se documenta ante un protonotario o escribano (Natham Bar Ananiah) en un acto público al que asisten un buen número de testigos. A pesar de la complejidad del documento, lo que es seguro es que en este caso el derecho romano nada tuvo que ver con él, pues, por estos años, los romanos bastante tenían con las guerras en que andaban siempre liados y con redactar y pasar a limpio la Ley de las XII Tablas.Sospecho que nos estamos perdiendo interesantísimos conceptos jurídicos sumerios, acadios, babilónicos y hasta egipcios… y textos como este de la boda de Mihtab estoy seguro que nos harán mirar de otra manera a los habitantes del llamado Levante Mediterráneo. Lean el texto y luego lo comentamos y, por supuesto, si encuentran algún error en todo esto que les he contado, no tengan la menor duda: es mío.

Por qué la justicia necesita software libre: el caso Toyota Camry


No hace muchos días la cuenta de tuíter del Ministerio de Justicia exhibía con indisimulado orgullo unas fotografías de una reunión del ministro Rafael Catalá con representantes de Microsoft la empresa norteamericana de software y campeona del llamado software propietario. Decidí responder a ese tuit del ministerio recordando al ministro que, en materia de software, la primera opción para la justicia debiera ser el software libre. Al hilo de este tuit se originó un interesante debate entre quienes se mostraban más y menos estrictos en cuanto a esta prioridad en el que participaron personas de sólida formación académica. Hasta aquí todo relativamente normal y hasta anodino; sin embargo, antes de dejar de leer este post, permítanme que les cuente una historia que probablemente despierte su interés en todo este asunto.

A finales de la primera década de este siglo la empresa Toyota comenzó a recibir numerosas quejas en su división de Estados Unidos. Muchos conductores se quejaban de que, en ocasiones, el modelo Camry comenzaba a acelerar de forma imprevisible y sin que su conductor pudiese hacer nada para evitarlo. Pronto se produjeron las primeras víctimas e incluso el conductor de uno de aquellos Toyota fue encarcelado tras ser declarado culpable de un accidente.

Al principio nadie creyó a quienes decían que el coche había acelerado por sí solo, de hecho se encargó un estudio a la NASA que certificó que el coche funcionaba perfectamente y ello, junto con numerosas investigaciones e interrogatorio de afectados hizo que Toyota diese el caso por jurídicamente cerrado.

Sin embargo, entre finales de 2009 y principios de 2010 Toyota había comenzado a llamar a los propietarios del modelo Camry para solucionar algunos aspectos. Toyota pensó que las alfombrillas podían interferir en el correcto funcionamiento del acelerador y atascarlo de forma que probó a cambiarlas e incluso a serruchar el pedal del acelerador pensando que podía haber un problema en la barra… pero sin éxito. Los casos de conductores que afirmaban que su Toyota había acelerado espontáneamente continuaron y los accidentes… también. Para enero de 2010 Toyota había llamado a revisión unos 7,5 millones de vehículos a causa de los problemas con el acelerador.

Sin embargo el 24 de octubre de 2013 la suerte se acabó para Toyota cuando un jurado falló contra ella y la declaró culpable de la aceleración espontánea de sus vehículos. La prueba decisiva la ofreció Michael Barr, un ingeniero de software que examinó el código que gobernaba el funcionamiento del acelerador electrónico de los Camry y declaró que el mismo era «una basura» y que estaba lleno de malas prácticas.

Michael Barr, naturalmente, sólo pudo alcanzar esta conclusión cuando logró examinar el código fuente que gobernaba el acelerador electrónico y esa es precisamente la piedra angular del debate.

Nadie, ni la NASA, puede examinar con eficacia como funciona un programa informático si el fabricante no desvela su código fuente y eso, para empresas como Microsoft y muchas otras firmes defensoras del software propietario, es casi una blasfemia. Un programa de software cuyo código fuente nos sea desconocido puede hacer cosas que nunca sabremos que hace (¿qué tal avisar a la NSA si algún juzgado español recibe una denuncia en la que esté involucrada?) o simplemente puede hacerlas mal y producir un importante número de víctimas como en el caso del Toyota Camry.

Se dice que no es preciso que el código sea abierto si el programa es eficiente; yo creo que no, que ese argumento sólo es válido en casos extremos. La seguridad de los datos contenidos en los expedientes judiciales es vital y sólo estaremos seguros de que no acceden a ellos personas distintas de las autorizadas cuando el software que maneja esos datos sea auditable, quiero decir, que los Michael Barr de España puedan tener acceso a su código fuente.

Por eso, cuando veo que se gastan ingentes cantidades de dinero en licencias de programas de código propietario, tengo la sensación de que, quien así lo hace, carece de la visión necesaria para tener una justicia verdaderamente moderna y eficaz. Lo lamento por todos nosotros.

Un mes de juzgados trampa hipotecarios

El de los juzgados hipotecarios «trampa» va a pasar a la historia como uno de los mayores fiascos organizativos que se conocen por parte de quienes «organizan» nuestro sistema judicial. Hay quien, a la vista de las proporciones del fiasco, considerará incluso que un error tan evidente y predecible no puede ser un error sino que ha tenido que ser buscado de propósito para beneficiar a alguien y será entonces cuando quienes así piensen comenzarán —como de hecho ya han comenzado— a afirmar que el propósito real de la medida es favorecer a la banca frente a los consumidores. No entraré en eso, pueden elegir ustedes: o incompetencia o malicia, como gusten; no seré yo quien haya de tratar de inclinarles a uno u otro extremo en ese punto.

Ha pasado un mes desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —con el «placet» del Ministro de Justicia— instaurase un sistema que, según ellos, debería hacer frente al aumento de litigios relacionados con las cláusulas abusivas que presentan las hipotecas en España.

Ha pasado un mes, como decimos, y comienzan a aparecer datos del funcionamiento de este sistema, construido sobre 54 juzgados únicos provinciales que ponen de relieve la absoluta insensatez de la medida. En este artículo trataremos de repasar esos datos y, para ello, usaremos como términos de comparación la provincia más poblada de España y —por razones obvias— la mía. Como veremos, en ambos casos, la medida adoptada por el CGPJ se revela como un auténtico fiasco. Comprobémoslo.

Comencemos por la provincia más poblada de España (Madrid), una provincia que cuenta con más de 200 juzgados civiles capacitados para conocer de este tipo de demandas y que, sin embargo, siguiendo las directrices del CGPJ, ha encomendado a un sólo juzgado (el Instancia 101) el conocimiento de todas las demandas de este tipo. En tan sólo 15 días este juzgado recibió 1.102 demandas lo que, de mantenerse la tasa, dará lugar a unas 2.200 demandas al mes. Teniendo en cuenta que un juzgado con 1.000 demandas al año ya está colapsado podemos afirmar sin ningún género de dudas que, de mantenerse este ritmo, este juzgado madrileño recibirá cada mes una carga de trabajo igual a la que recibirían dos juzgados iguales en dos años: una auténtica locura.

Si, en cambio, estos 2.200 asuntos se hubiesen distribuido entre los más de 200 juzgados de Primera Instancia de Madrid, cada uno de ellos no tocaría ni a diez demandas; una cifra absolutamente digerible a pesar de la lamentable carencia de juzgados en nuestro país y de la pésima relación juez/habitante que exhibe. Faltan jueces, sin duda, pero si, además, encargas a uno solo lo que podrían hacer más de 200 lo que estás provocando es un atasco cuyas proporciones no pueden pasar desapercibidas a nadie.

Por tanto, por lo que a Madrid respecta, podemos afirmar sin ningún género de dudas que el juzgado YA está colapsado según se advirtió al CGPJ. No ha hecho falta ni un mes, han bastado 15 días, juzguen ustedes mismos.

Por lo que respecta a la Región de Murcia, conforme a los datos facilitados por el propio Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en este mes de junio el juzgado único encargado de tramitar el tipo de demandas que nos ocupa ha recibido 274 demandas. Si esta tasa se mantiene el juzgado único de Murcia estará colapsado en 3 meses (habrá recibido en un trimestre una cantidad de asuntos igual a la máxima que podría digerir en un año). Si estas 274 demandas se hubiesen distribuido entre los 54 juzgados de 1ª Instancia con que cuenta nuestra región apenas si habrían supuesto 5 asuntos más por juzgado.

A la vista de estas cifras la medida adoptada por el CGPJ en relación con este asunto resulta tan absolutamente incomprensible que es difícil no buscar más bien coartadas que explicaciones y lo es mucho más si añadimos todo el resto de circunstancias que ensucian hasta lo inaceptable la misma: la falta de medios, el recurrir a jueces en prácticas, la centralización infamante sin más beneficio que el de dificultar el acceso de los ciudadanos a la justicia… No necesito repetirlas en este artículo, si hace usted una mínima búsqueda en la red las encontrará a cientos y suscritas por voces más autorizadas que la mía.

Visto lo visto uno no acaba de entender que el CGPJ se obstine en mantener una medida contra la que se han alzado todas las voces independientes del mundo de la justicia en España y que ha dado lugar a que incluso parlamentos autonómicos —como el de la Región de Murcia— hayan emitido su opinión unánime en contra. ¿Qué gana el CGPJ gobernando no sólo contra la opinión de todos sino contra la de los propios administrados?

Decían en la Grecia clásica que, a quien los dioses quieren destruir primero le vuelven loco; pero no loco de cualquier enfermedad sino de lo que ellos llamaban «hibris», una especie de desmesura soberbia. Pues bien, el CGPJ ha rebasado los límites de la mesura y lo ha hecho incurriendo en la más intolerable soberbia: desoyendo a sus pares (jueces y magistrados como ellos mismos); desconociendo la opinión de abogados, procuradores y el resto de los operadores jurídicos; ignorando los pronunciamientos de órganos representativos de la soberanía popular; desoyendo las quejas de las asociaciones de consumidores… Indudablemente quienes han adoptado o fomentado esta medida están poseídos por la «hibris» y su fin ya se adivina. Esperemos, por nuestro bien, que en su caída no se lleven por delante más de lo que ya se han llevado. Vale.