Hipotecas, zorras y gallinas

No habían pasado ni unas pocas horas desde que ayer se publicase la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas suelo, cuando hizo su aparición en escena el ministro de justicia de España y algún representante de la oposición para decir lo normal en estos casos: que acataban la sentencia, naturalmente, y que como ciudadanos responsables que eran exigían de los bancos y cajas un comportamiento ajustado a la misma con carácter inmediato.

¿Fue así? Esperen… ¡Ah no!

No, perdón, esto es España, lo que les he contado es lo que hubiese sucedido en un país normal. Aquí quienes aparecieron en escena lo que pidieron no fue que bancos y cajas cumpliesen con los dictados de la sentencia, lo que pidieron urgentemente es que se constituyese un arbitraje que rearbitrase los arbitrios y determinase como cumplir lo que no hay ninguna duda de cómo se debe cumplir: pagando. Porque lo de pagar ni lo mencionaron, hablaron eso sí de que “había que alcanzar pactos” como si a estas alturas y después de la sentencia hubiese algo que pactar. No se les vió alegres de que la sentencia salvaguardase los derechos de los ciudadanos y sí se les observó ciecunspectos. Comunicación no verbal la llaman quienes de esto entienden.

Uno recuerda tiempos muy recientes, cuando 517 familias de media al día eran lanzadas a la calle por falta de pago en el primer trimestre de 2012. No recuerdo que desde el gobierno se pidiese con urgencia ningún “arbitraje” o “pacto” que impidiese aquella sangría que aún hoy, bien que más moderadamente, prosigue. No recuerdo tampoco que los bancos se apiadasen de padres y madres de familia en paro a quienes lanzaron a la calle junto con sus hijos y sin contemplaciones.

Luego hemos sabido más cosas. Hemos sabido que diversos bancos manipularon el euribor para hacer que los hipotecados les pagasen más. Hemos sabido también que estos bancos y cajas titulizaron las hipotecas para venderlas a fondos sin anotar esas ventas en el registro. Y hemos sabido también que, en uno de los países con mayor proporción de población reclusa de europa, quienes nunca están entre esa población son quienes han desangrado con los medios antes narrados a las familias españolas.

Si hacen memoria verán que la solución nunca ha venido de nuestro gobierno sino de fuera de nuestras fronteras. En 2013 hubo que modificar la ley no porque al gobierno le hubiese preocupado hasta entonces hacerlo sino porque una sentencia europea le obligaba a ello. El gobierno no trabajó para obtener aquella sentencia, el gobierno no trabajó en defensa de sus ciudadanos, quienes trabajaron fueron esos desconocidos a quienes llaman “operadores jurídicos” y que en realidad no eran más que un abogado, un fiscal y un juez que cumplieron con su deber.

Ahora vuelve a pasar lo mismo. No es que el gobierno haya peleado denodadamente en Europa en defensa de los derechos de los ciudadanos, no, más bien al contrario; si por algo ha trabajado el gobierno ha sido por lo contrario. Pero aquí -de nuevo- oscuros “operadores jurídicos” (personas que cumplen honradamente con su deber) han vuelto a tirar abajo todo el chiringuito de mentiras e injusticias de unos “actores políticos” que defienden más a quienes les financian las campañas electorales que a quienes les votan.

Ayer la sentencia podría haber sido desfavorable para los intereses de los ciudadanos que pagan o han pagado préstamos hipotecarios y habríamos seguido como hasta ahora, sin que el gobierno pidiese arbitrajes o martingalas de ayuda para nadie. Pero la sentencia fue favorable y bastaron minutos a los representantes del gobierno y algunos partidos para salir en tromba a pedir árnica, emplastos y cataplasmas para quien se ha llevado impunemente el dinero de las familias españolas.

Ustedes me van a perdonar, tengo memoria, y en todo este asunto de las hipotecas no he visto al gobierno estar nunca del lado de los ciudadanos sino del de las entidades financieras; si alguna ayuda han tenido los ciudadanos les ha venido de más allá de los Pirineos y, ahora que Europa les dice a los bancos que devuelvan lo indebidamente cobrado, resulta muy poco edificante ver al gobierno y a algunos partidos solicitar antes árnica que el cumplimiento estricto de las sentencias.

Lo de las cláusulas suelo no se va a resolver con una firma en el banco y con el regalo de una batería de cocina o de una cubertería. Es mucho dinero el que han cobrado indebidamente, no permita que, ahora, en el corral de las hipotecas, pongan a las zorras a cuidar a las gallinas. Haga usted que le devuelvan lo que es suyo desde el primer euro y hasta el último; ellos, tenga la absoluta seguridad, lo harían así aunque para lograrlo hubiesen de ponerle a usted y a sus hijos en la calle. Lo tienen muy bien acreditado.

Poderoso caballero

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por fin y tras ardua pelea, ha llegado hoy a una conclusión para la cual no parece que hicieran falta especiales conocimientos jurídicos: que quien ha cobrado indebidamente ha de devolver TODO lo cobrado indebidamente. Total nada.

Tal afirmación es una obviedad que no debiera levantar expectación alguna entre la población, lo que ocurre es que en este caso quienes han de devolver lo indebidamente cobrado son los bancos y eso, ¡ay amigo!, no es algo a lo que estemos acostumbrados.

Los ciudadanos saben de sobra que bancos y cajas les han cobrado cantidades indebidas por sus hipotecas, pero la experiencia les ha enseñado -a los ciudadanos- que la justicia no suele tratar con dureza a los dueños del dinero y esto lo han visto confirmado en multitud de ocasiones. Cuando el gobierno cobró indebidamente tasas judiciales el Tribunal Constitucional dijo que mejor no devolviesen lo injustamente cobrado, básicamente porque era mucho dinero y eso a la administración le causaba un importante perjuicio. Que ese mismo perjuicio lo hubiesen sufrido antes los ciudadanos no pareció importarle en la misma medida al Tribunal Constitucional para quien el cuidado de la hacienda pública estuvo por encima del cuidado de las haciendas del público. Los españoles fueron tomando nota.

Cuando las cláusulas suelo fueron declaradas nulas al Tribunal Supremo tampoco le pareció bien que todo lo injustamente cobrado se hubiese de devolver; básicamente por los mismos motivos que en el caso anterior: porque era mucho dinero y el perjuicio [para los bancos y cajas obviamente] podía ser muy grande. El perjuicio de los ciudadanos no pareció importarle tanto. Y los ciudadanos de nuevo tomaron nota.

En España los ciudadanos saben que, si tienes el suficiente dinero y la lías lo suficientemente gorda, las consecuencias de tus acciones pueden incluso quedar impunes.

Algunos bancos alteraron maliciosamente el euribor que regulaba el importe de las mensualidades de su hipoteca y nadie ha ido a prisión. Fueron miles de millones de euros los que sacaron de los bolsillos ajenos, pero no pruebe usted a llevarse un salchichón del supermercado porque las pasará peor que ellos si le pillan. Y este es solo un ejemplo.

Hoy el TJUE ha proclamado con aparato y estrépito que, lo que los bancos le “levantaron” a sus clientes con motivo de las ilegales cláusulas suelo, debe ser devuelto, no desde 2013 -como decía el Tribunal Supremo español- sino desde el primer euro mal cobrado.

A esto se lo podría calificar como un ejercicio de “solemnizar lo obvio” pero lo cierto es que someter a los bancos a la justicia no es tarea fácil sino difícil, tan difícil que, hasta para proclamar lo obvio, hay que recurrir a las más altas instituciones europeas.

Hoy es un buen día para los ciudadanos; consulten a su abogado de confianza, reclamen lo que es suyo y recen porque bancos y cajas no movilicen a tiempo los recursos políticos de que aún disponen. Lo van a intentar, se lo aseguro, y no hay víscera más sensible en los ámbitos del poder que el bolsillo. Guárdense de los idus de marzo, el dinero es un poderoso caballero y no le gusta que le ganen la partida unos tiñalpas.


 

Sobre jueces, policías, cañones y mantequilla

Sobre jueces, policías, cañones y mantequilla

Introducción

España es el país con una mayor ratio policía/habitante de Europa Occidental1 sólo superado por Chipre, país cuya situación política de división entre dos naciones, no admite comparación con España.

Adicionalmente España tiene una de las ratios jueces/habitante más bajas de Europa Occidental2 y esta situación me llevó recientemente (el 5 de diciembre) a publicar un tuit con las cifras absolutas de policías3, jueces y fiscales en España4. El tuit literalmente decía:

España:

–5.000 jueces

–2.500 fiscales

–230.000 policías

¿Cañones o mantequilla?

El tuit no pareció generar demasiado interés y su actividad se saldó con apenas doce “retuits” y seis “me gusta”. Debo decir que me sorprendió, pues a mí las cifras me parecían merecedoras de una reflexión más profunda.

¿Cañones o mantequilla?

La expresión “cañones o mantequilla” (que yo entendía suficientemente provocativa para un tuit) no pareció llamar la atención de mis lectores, por más que sea un tópico archiclásico de la ciencia económica para aludir al coste de oportunidad.5

Así las cosas decidí plantear la cuestión de una forma más cruda en otro tuit y el 11 de diciembre (ayer en el momento de escribir estas líneas) me decidí a formular la pregunta de forma absolutamente explícita de la siguiente forma

España:

–5.000 jueces

–2.500 fiscales

–230.000 policías

¿Justicia o policía?

La reacción de mis lectores fue mucho más sensible, el cartel provocó 23 “retuits” y 14 “me gusta” y, sobre todo, reacciones y feedbacks muy interesantes (la red es maravillosa para aprender). De una parte estaban quienes, a la luz de los datos, concluyeron que España era un estado policial (cosa que ni dije ni pienso), de otra parte estaban quienes consideraron que comparar ambas magnitudes no tenía sentido (yo, por el contrario, opino que tiene sentido y mucho -véase guns vs. butter-), de otra más estaban quienes consideraron que faltaban jueces, fiscales y también policías (opinión esta sincera y correcta pero difícilmente asumible con recursos escasos) y, finalmente, de otra, estaban quienes captaron la intención provocadora y lo subrayaron en sus comentarios coincidiendo en la corrección de los datos y -probablemente- en la pertinencia del debate.

Un tercer tuit decididamente más provocativo obtuvo incluso mejores resultados que el anterior.

Pero vayamos al grano, dadas las cifras y “ratios” anteriores, ¿qué conclusión podríamos extraer de ellas ahora que las Cortes de la Nación han de redactar la ley de presupuestos para 2017?

Veámoslo.

¿Policías o jueces? (¿cañones o mantequilla?)

Si la única disyuntiva que se le presentase al legislador que ha de confeccionar los presupuestos de 2017 fuese la del título (jueces vs. policías) una solución racional pasaría por analizar cuales son las ratios de seguridad ciudadana6 que hay en España y compararlas con las que existen en los países de su entorno y con los ratios policía/habitante delos mismos países, así como con el porcentaje del Producto Interior Bruto que destina cada país a Justicia o a Seguridad7. De tal comparación podrían extraerse interesantes conclusiones y hasta podrían formularse algoritmos que nos auxiliasen a la hora de interpretar los datos o medir la eficacia de las partidas presupuestarias destinadas a cada sector.

Estudiando tales cifras podemos comprobar que España, por lo que a gasto en seguridad se refiere, es un país que gasta más que la media de la UE, es superado en esfuerzo económico por siete países8 y precede en esfuerzo a los 20 países restantes de Europa tomados en consideración por las tablas estadísticas.

Ratio del PIB(GDP) destinado a orden público y seguridad
Ratio del PIB(GDP) destinado a orden público y seguridad

Si analizamos la ratio policías/habitante de que dispone cada uno de estos países y la comparamos con el esfuerzo económico que veíamos en el párrafo anterior habremos de colegir que, o bien los policías españoles están mal pagados o bien en España se ha invertido mucho en capital humano y bastante menos en medios materiales. Si repasamos las tablas veremos que el Reino Unido cuenta con menos policías que España a pesar de destinar un mayor esfuerzo presupuestario a seguridad, esto dos deja ante la disyuntiva de entender que sus policías están mejor pagados o están dotados con mejores medios o ambas cosas a la vez.

Ratio policía/habitantes de los países de Europa
Ratio policía/habitantes de los países de Europa

Si las dos variables anteriores las referimos a la cantidad de seguridad producida por el esfuerzo económico y los medios destinados habremos de concluir que las cifras son verdaderamente satisfactorias para nuestras policías si las comparamos con, por ejemplo, las del Reino Unido: España es un país muy seguro y que ofrece índices bajos de criminalidad, afirmación esta que no puede realizarse con tanta seguridad en el caso del Reino Unido. Vean ustedes, por ejemplo, las cifra de muertes violentas en los diversos paises de Europa y saquen conclusiones:

Media de homicidios anuales 2007-2012
Media de homicidios anuales 2007–2012

Así las cosas podemos decir sin temor a equivocarnos que los servicios públicos (policías) tendentes a garantizar la seguridad y el orden público en España funcionan mucho más que aceptablemente y que, a la luz de los medios destinados al mantenimiento de los mismos, no parece necesario que los mismos se amplíen sin perjuicio de una mejor o más justa distribución de los mismos (desigualdades salariales, diferente o desigual dotación de medios, etc.). En suma, evidente resulta que si contásemos con más policía o mejores medios la situación mejoraría pero, comparados con los países de nuestro entorno, la situación de España en este campo parece ser francamente buena.

Naturalmente que todo esto no es más que una aproximación; un estudio en profundidad escapa de los reducidos márgenes de un post y sospecho que el mismo debe de estar realizado por los órganos ministeriales pertinentes. La ecuación que determina la cantidad de seguridad producida por los diversos medios destinados a ella (variables) supongo que debe de estar siendo refinada constantemente al igual que las curvas generadas por ella, que todo este complejo mundo de la seguridad está en las mejores manos y que todos los aspectos que le atañen son tomados en cuenta y ponderados debidamente. Por tanto entiéndaseme, lo por mí ofrecido en este post no es más que una visión general que no tiene más aspiración que resumir el planteamiento general del problema.

Dejemos a la policía y pasemos a los jueces y fiscales tratando de realizar las mismas observaciones que hemos realizado respecto de la policía. Si en materia de seguridad y orden público nos interesaba conocer cual es la «cantidad de seguridad»9 que son capaces de producir el conjunto de unos determinados medios humanos y materiales, en justicia se tratará de hacer precisamente lo mismo, determinar qué «cantidad de justicia»10 es capaz de producir un sistema judicial dado.

No quiero abrumarles con datos (este post ya va siendo demasiado largo) pero es obvio que todo esto, como en el caso anterior, no va a ser más que una mera aproximación; un estudio en profundidad escapa de los reducidos márgenes de este post y aunque me gustaría sospechar que el mismo debiera de estar realizado por los órganos ministeriales pertinentes, créanme que no logro acabar de convencerme de esto cuando veo la situación de la justicia en España y escucho las propuestas que se efectúan desde algunos órganos oficiales.

Si, en el caso de la policía, analizábamos en primer lugar cuál era el esfuerzo presupuetario en seguridad, procederá que hagamos lo mismo en Justicia y comprobaremos que las estadísticas para España, en materia de Justicia y en relación a su PIB(GDP), nos indican que, en principio, no se realiza el esfuerzo que debería realizar11

Ratio PIB/Cantidad destinada a Justicia en presupuestos
Ratio PIB/Cantidad destinada a Justicia en presupuestos

No conviene conformarse con la primera estadística que uno se encuentra porque, aunque la fuente sea fiable, les aseguro que no es difícil encontrar otras que la contradigan. En todo caso el último informe emitido por el CEPEJ (The European Commission for the Efficiency of Justice) en 2016 puede darnos una idea bastante clara sobre este punto.

Presupuesto en justicia como procentaje del presupuesto total
Presupuesto en justicia como procentaje del presupuesto total

Las cifras son bastante elocuentes en un sentido, España gasta poco en relación a Europa en Justicia y, en cambio, gasta más de la media europea en seguridad.

Podemos analizar a continuación, al igual que hicimos antes con la policía, cual es la ratio de jueces/población que tenemos y en ese punto tampoco les descubriré mucho si les digo que nuestra ratio no es nada buena.

Ratio Juez/habitantes en países europeos
Ratio Juez/habitantes en países europeos

Por lo visto hasta ahora no parece que España haga el esfuerzo que debe en Justicia, ni parece que dispongamos de los jueces suficientes pero falta la pregunta definitiva: ¿es España un país donde la justicia funcione?.

Puede usted mismo responder a esta pregunta si lo desea o puede buscar al alguien que (incluído el minsitro del ramo) sostenga sin sonrojarse que la justicia española funciona bien, si lo encuentra le agradeceré que me lo presente.

Algunas conclusiones

Obviamente, tras este recorrido necesariamente simplista sobre el estado de la seguridad y la justicia en España pocas conclusiones pueden extraerse al margen de dos que creo que no precisaban de tantos datos: España es un país seguro pero España es un país injusto. Sería necesario un estudio mucho más profundo para tomar una decisión presupuestaria entre los dos sectores contemplados. Es evidente que los medios humanos en la administración de justicia no se reducen a jueces y fiscales sino que hay que incluir necesariamente en ellos la indispensable figura de los funcionarios e incluso la de las personas ajenas a la función pública pero igualmente indispensables para la administración de justicia como son abogados y procuradores. Es evidente que en materia de seguridad el estudio no se agota en contemplar el esfuerzo presupuestario, el número de policías y las ratios de criminalidad sino que hace falta ponderar muchos otros datos.

Sin embargo, con este juego clásico de cañones o mantequilla aplicado esta vez a justicia y seguridad, puede ilustrarse la necesaria tarea de reflexión que debe llevarse a cabo antes de redactar una ley de presupuestos. Nuestros legisladores están a punto de acometer esa tarea y deben plantearse si, dada la actual situación en España, si deben destinar más medios a unas partidas que a otras. Hemos contrastado superficialmente sólo dos de ellas y harto trabajo les espera si deciden hacer bien su trabajo. En todo caso no olviden que, por encima de las consideraciones económicas, estan las razones que justifican que vivamos juntos y contribuyamos todos a una caja común y, la primera de esas razones, la pueden encontrar en las siete primeras palabras de la Constitución:

«La Nación Española, deseando establecer la Justicia…»

Espero haberles podido ofrecer algunos materiales para la reflexión, para el debate o para el estudio. Un saludo.


  1. Puedes consultar diversas fuentes aquí, aquí o aquí, para las cifras de Eurostat más actualizadas puedes mirar aquí. ↩︎
  2. La cifra de la ratio juez/habitante en España puede localizarse en muchas fuentes y ha sido citada muchas veces;tanto por la prensa como por fuentes oficiales ↩︎
  3. Una cifra aproximada se da aquí ↩︎
  4. El número exacto de jueces y fiscales puede consultarse en los servicios estadísticos del Consejo General del Poder Judicial ↩︎
  5. La expresión “cañones o mantequilla” (en inglés “guns versus butter”) plantea una disyuntiva clásica en macroeconomía: cuanto más gastemos en defensa nacional para proteger nuestras costas de los agresores extranjeros (cañones), menos podremos gastar en bienes personales para mejorar el nivel de vida en nuestro país (mantequilla) y ha sido usada hasta la saciedad para ilustrar el llamado “coste de oportunidad”, así, por sólo mencionar unos ejemplos recientes, por el diario “La Razón”, El Espectador (que además hace referencia a cómo Samuelson usaba este ejemplo), El País y muchísimos otros. La expresión “cañones o mantequilla” es un clásico tan repetido para ilustrar el coste de oportunidad que si uno busca en wikipedia “Cañones o Mantequilla” el propio sistema le redirigirá a la página que trata del coste de oportunidad. ↩︎
  6. Una buene fuente de datos es Eurostat accesible aquí ↩︎
  7. Nuevamente Eurostat es una magnífica fuente de datos ↩︎
  8. Estos siete países son: Bulgaria, Portugal, Croacia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Chipre y Reino Unido. ↩︎
  9. Utilizo la expresión «cantidad de seguridad» en el mismo sentido que, hace muchos años, oí utilizar la expresión «cantidad de defensa» al entonces Teniente General Cano Hevia para referirse al ejército. El Teniente General Cano Hevia explicaba que las unidades formadas por soldados de reemplazo del ejército español de entonces (año 1988) apenas si «producían defensa» para España y que este concepto, esta magnitud, la «cantidad de defensa» producida, era el resultado final de una ecuación compuesta por numerosas variables que no es el caso enumerar ahora. ↩︎
  10. Utilizo la expresión «cantidad de justicia» en el mismo sentido que, hace muchos años, oí utilizar la expresión «cantidad de defensa» al entonces Teniente General Cano Hevia para referirse al ejército. El Teniente General Cano Hevia explicaba que las unidades formadas por soldados de reemplazo del ejército español de entonces (año 1988) apenas si «producían defensa» para España y que este concepto, esta magnitud, la «cantidad de defensa» producida, era el resultado final de una ecuación compuesta por numerosas variables que no es el caso enumerar ahora. ↩︎
  11. European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ). «European judicial systems Edition 2014 (2012 data): Efficiency and quality of justiceAn overview» ↩︎

Obras son amores

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Dice un viejo refrán castellano que «Obras son amores y no buenas razones» y esta mañana, mientras leía unas «buenas razones» de esas en que es tan pródigo nuestro ministro de justicia Rafael Catalá, se me han venido a la memoria algunos de los edificios judiciales que he visto cuando he viajado por Francia y me ha asaltado una duda: ¿ha importado alguna vez algo la Justicia en España?

He tratado de hacer memoria y recordar aunque fuese un sólo ejemplo de edificio judicial en España que demostrase que aquí alguna vez se le ha prestado atención a la Justicia y se le ha dedicado algo —siquiera sea un poquito— de dinero.

No lo he logrado, la actual sede del Tribunal Supremo era con anterioridad un convento que se adaptó a otros fines, el edificio de la Real Chancillería de Granada poco tenía que ver con un sistema de justicia posterior al absolutismo y la moderna sede del Tribunal Constitucional no parece que acredite un excesivo amor a la justicia, sólo, quizá, el edificio de la Audiencia Provincial de Barcelona en la Avinguda Lluis Companys, pudiese decir alguna palabra en descargo de algún gobernante español.

Y he vuelto a acordarme de Francia y de sus obras… Y he vuelto a repasar las fotografías de la Corte de Amiens (134.000 habitantes), Montpellier (264.538 habitantes), Lyon (491.000 habitantes) o Colmar (66.560 habitantes) y de muchas otras pequeñas ciudades de Francia… Magníficos edificios cargados de arte y años, muestra viva de un país donde la justicia importaba lo suficiente como para gastarse unos buenos dineros en contruir juzgados no ya dignos sino solemnes y bellos.

Y sigo leyendo las «buenas razones» de Catalá y sigo pensando en que en España la Justicia jamás le ha importado a nadie y que esas obras francesas sí que son amores y no lo que nos cuentan en España los ministros de justicia.

LexNet y el “benchmarking”

En España somos unos fieras en esto de la informática y la justicia. Como la Justicia ya no iba mal de por sí, la falta de planificación (o la sobra de avidez) ha dado lugar a que casi cada comunidad autónoma tenga un sistema de gestión procesal distinto, atención al dato:


Hasta 10 sistemas de gestión procesal distintos que, en muchos casos, “ni se hablan” entre sí. No me hablen ustedes de Steve Jobs, ni de Bill Gates ni de Richard Stallman, para tíos listos nosotros. Viva España.

Hemos gastado 10 veces lo que habría bastado gastar una sola vez, y todo para liar un carajal informático que ni Silicon Valley hubiese conseguido liar aunque pusiera todo su empeño en ello. Como digo: “semos” los mejores. 

Un niño de 11 años habría optado por copiar o usar en todas las comunidades autónomas el mismo sistema, en lugar de gastarse 10 veces el dinero para hacer algo que ya estaba  hecho; pero, claro, eso es porque los niños de 11 años no perciben los complejos problemas jurídico-financieros de la coyuntura política. Ustedes me entienden.

Pienso en esto y, mientras espero unas horas a que LexNet decida admitirme un escrito, un amigo me sugiere por whatsapp que deberíamos hacer una comparativa entre los diversos programas existentes. “¿Un benchmarking?” -le digo- a lo que él me responde “no sé qué carajo es un benchmarking, pero aquí alguno o algunos se han gastado un pastizal en software y hardware para hacer una mierda como el sombrero de un picador” (mi amigo es hombre de metáforas poco elaboradas).

Y mientras LexNet sigue sin digerir un folio DIN-A4 a una cara, pienso que mi amigo tiene razón, que, ahora que ya tenemos 10 programas distintos para hacer la misma cosa, bien podríamos compararlos y ver cual funciona mejor y cual peor y, de paso, acabada la comparativa, podríamos correr a gorrazos a los responsables de los peores programas, que eso no devolverá el dinero malgastado a las arcas públicas, pero es una actividad que relaja mucho y contribuirá sin duda a serenar los ánimos del electorado en estos tiempos convulsos.

Luego, una vez elegido el mejor de los programas, podríamos instalarlo en todas las comunidades de forma que todos los sistemas se entendiesen entre sí y de este modo mejorase sensiblemente el funcionamiento de nuestra administración de justicia. En este punto habría que establecer un premio especial porque, si elegido un programa, el mismo no puede ser compartido por todos debido a que los responsables no eligieron convenientemente las licencias, tendremos entonces que volver a correrlos a gorrazos. Esto, sin duda, tampoco solucionará el problema de no poder compartir el programa, pero, nuevamente, proveerá de paz a muchos administrados, alejará de las arcas públicas bastantes farfollas y saneará el tejido de una buena parte de nuestra clase política. Todo esto son beneficiosos efectos colaterales que, no por menos obvios, debemos minusvalorar.

Si seguimos hasta el final con el método de los gorrazos podremos, con un poco de fortuna, llegar a encontrar el programa ideal y, de paso, también a deshacernos de una buena caterva de pastueños semovientes que ramonean en el erario público. Sé que el método propuesto no resulta muy dospuntocero ni hipstermillenial, pero a mí, al pronto, me parece bastante efectivo.

Estoy plenamente convencido de que esto de que cada CCAA haya invertido un pastizal en desarrollar su propio sistema no ha tenido nada que ver -por supuesto- con comisiones, ni sobres, ni ninguna de esas cosas que con harta frecuencia suele denunciar sin pruebas el populacho ignorante. Es mucho más “diecinuevepuntocero” atribuirlo a un inesperado efecto secundario del principio de Hanlon, diagnóstico este que resulta mucho más científico.

Si España fuese una empresa privada tengo para mí que todos estos dirigentes estarían, sin duda, despedidos. Hemos pagado 10 veces lo que se podía comprar con un solo pago; gracias a ese gasto no sólo no hemos obtenido lo que necesitábamos sino que ahora, además, necesitamos organismos de coordinación y armonización (más sueldos, más pasta) y todo para que el resultado sea justo el contrario del pretendido.

Por eso, a esta hora incierta de la madrugada y -sin duda- fruto de la desesperación que produce LexNet, se me ocurre que sí, que igual mi amigo tiene razón, y que lo que hace falta aquí es una buena tanda de gorrazos bien despachados.

No creo que pase.

El Primer Legislador

La estatua representa a Gudea, el más célebre de los príncipes de la ciudad-estado de LagashLos juristas solemos citar el Código de Hammurabi como el primer texto legal y al propio Hammurabi como el primer legislador pero la realidad es que esto no fue así.

La realidad es que antes de que el babilónico Hammurabi escribiese su famoso código (1728 ANE) un gobernante de Uruk llamado Ur Nammu promulgó un código (2100ANE) que se le adelantó en casi cuatrocientos años.

Aunque el Código de Ur-Nammu es el texto más antiguo que ha llegado hasta nuestros días sabemos, sin embargo, que existieron textos legales anteriores y siguiendo ese rastro llegamos al, hasta hoy, considerado como el legislador más antiguo del mundo: Urukagina, gobernador de la ciudad-estado de Lagash una de las más antiguas de sumeria.

Apenas conocemos el contenido del código de Urukagina pero, por referencias y citas encontradas, sabemos que el Código de Urukagina concedía exención de impuestos a los huérfanos y viudas; obligaba a la ciudad a pagar los gastos de los funerales; decretaba que los ricos debían pagar con plata sus compras a los pobres y prohibía obligarlos a vender. Gracias a estos conocimientos, tradicionalmente, se ha presentado a Urukagina como el primer ejemplo registrado de un reformador social que trató de lograr un mayor nivel de libertad e igualdad. Limitó el poder del sacerdocio y de los dueños de grandes propiedades, tomó medidas contra la usura y los controles onerosos, el hambre, el robo, el asesinato y ataque a la propiedad de las personas y a las personas. En los textos se lee que:

“Urukagina ha acordado con el dios Ningirsu que la viuda y el huérfano ya no estén a merced del hombre poderoso”.

Sin embargo no parece que todas las reformas de Urukagina puedan ser bien vistas con nuestra mentalidad contemporánea pues, entre las reformas que acometió, estuvo una que debió de causarle bastantes quebraderos de cabeza: la prohibición de la poliandría. Urukagina ordenó lapidar a la mujer que mantuviese la antigua costumbre de contraer matrimonio con varios varones pero… No se han encontrado, al menos todavía, referencias que permitan saber si Urukagina previó algún castigo para los hombres que contraviniesen el mismo mandato.

En todo caso hay que reconocer a Urukagina la condición, hasta el momento, de primer legislador conocido y, sobre todo, que fue en una de las tablillas de arcilla que se escribieron durante su gobierno donde apareció por primera vez en la historia y escrito en caracteres cuneiformes un concepto que, desde entonces, ha acompañado a la humanidad: Ama-gi; es decir, “Libertad”. Quédense con ello.

Libertad (concepto) escrito en caracteres cuneiformes.

Pactos “anticorrupción”

Acaban de remitirme una copia del pacto suscrito entre Partido Popular y Ciudadanos y que ambas formaciones han dado en llamar “anticorrupción”. Tal pacto incluye un acuerdo en el que se hace constar textualmente:

Separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política, hasta la resolución completa del procedimiento judicial.

No me gusta ese pacto, qué quieren que les diga, no creo que sea lo que necesita España para acabar con la corrupción y hasta me parece que pudiera resultar contraproducente.
Soy abogado y mi profesión es, básicamente, defender imputados; creo saber, pues, de lo que hablo. Un imputado (investigado se le llama ahora) no es más que una persona a quien alguna otra acusa de haber cometido un delito ante la administración de justicia y, esta, decide abrir un proceso para averiguar si efectivamente la acusación es cierta o no. Un amplio número de esos procesos finaliza mediante el sobreseimiento provisional o libre de la causa (el juez entiende que los hechos no están probados) e incluso, de entre aquellos procedimientos que llegan hasta la fase de juicio oral, una nada despreciable cantidad finaliza con sentencia absolutoria porque el acusado, verdaderamente, es inocente de los delitos que se le imputaban. Condenar a una persona antes de juzgarla es pre-juzgarla y, el juicio emitido respecto de ella antes del verdadero juicio, es en puridad un pre-juicio.

Pues bien, gracias a este pacto, los firmantes han elevado a la categoría de herramienta política el “pre-juicio” (discúlpenme si al decirlo molesto a alguien) y con él están justificando que sobre el imputado recaigan consecuencias negativas a causa de una conducta por la que no ha sido juzgado, que desconocemos si ha cometido en realidad y respecto de la cual puede ser declarado inocente.

No es la primera vez que el “pre-juicio” se eleva a la categoría de arma política en la historia de nuestra joven democracia, básteme recordar la figura de Demetrio Madrid, primer presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, quien hubo de abandonar su cargo a causa de ser acusado de un delito que nunca cometió.

No, en mi sentir esta no es la forma de acabar con la corrupción; acabar con el principio constitucional de la presunción de inocencia es más una forma de acabar con la democracia que con la corrupción. Es lo que pienso, es lo que digo. He defendido a demasiadas personas inocentes injustamente acusadas como para cambiar ahora de idea.

Yo creo firmemente que, para acabar con la corrupción, hace falta predicar menos y dar más trigo: para acabar con la corrupción hace falta Justicia y no remiendos. Podemos construir un camino rápido, justo y directo a la justicia, no necesitamos de malos atajos.

Necesitamos un país donde una persona injustamente acusada pueda ver su caso resuelto en unos pocos meses (no en lustros), necesitamos una administración de justicia donde los políticos justamente acusados de corrupción puedan ser condenados en un breve espacio de tiempo. Necesitamos un país donde la Justicia no sea sólo un concepto escrito en un papel (por más que ese papel sea la Constitución) sino que sea una realidad que rija la vida de los ciudadanos, donde el inocente no tema acusaciones injustas y donde el culpable sepa que encontrará un rápido castigo a sus desmanes. Para eso, créanme, sólo hace falta invertir un poco de dinero en la administración de Justicia y tomarnos en serio el primero de los valores que nuestra Constitución contempla.

Para eliminar la corrupción basta con disponer de una justicia con medios que resuelva en meses los problemas por complejos que estos sean, para eliminar la corrupción basta con disponer de una justicia cercana y accesible a todos los ciudadanos, para acabar con la corrupción basta con disponer de una justicia independiente ajena a los tejemanejes de los políticos.

Firmar un pacto como el que hoy se ha firmado no solucionará nada si nuestra justicia sigue en el estado de coma vigil en el que se encuentra; pero para revivir a nuestra justicia en coma lo primero que hace falta es darle alimento, pues  el enfermo se nos muere de anemia. A lo que se ve es más fácil predicar que dar trigo; firmar un documento es gratis, hacer de este país un estado justo es otra cosa distinta.

Sólo hay un camino para atajar la corrupción y ese camino es la justicia: una justicia, ya lo he dicho antes, independiente, con medios, rápida, muy rápida, cercana y accesible; una justicia como la que persigue el manifiesto #T; es decir, una justicia de verdad y para todos. El resto son remiendos.

Vale.