Superabogadas, supermadres.

Hará unos años, mientras comía con mi compañero Manolo y con el hijo de una compañera amiga nuestra, éste último nos contó un recuerdo de infancia que esa noche, al llegar a casa, me apresuré a escribir principalmente para no olvidarlo. Permítanme que les transcriba el recuerdo para ponerles en situación —son apenas cien palabras, pueden leerlo en treinta segundos— luego sigo con lo que venía a contarles:

«El hijo de una compañera abogada me contó, no hace mucho, que uno de sus más persistentes recuerdos de infancia era el de dormirse escuchando el sonido lejano de la máquina de escribir de su madre y despertarse, al día siguiente, oyendo cómo la máquina seguía sonando.

La imagen me pareció extremadamente tierna y que describía perfectamente el tremendo esfuerzo de esas abogadas madres por sacar adelante a sus hijos y su trabajo, dando a cada tarea el tiempo necesario y quitándoselo a ellas mismas.

Esta noche en que muchas abogadas concluyen sus recursos tras acostar a sus hijos, me ha venido esa imagen a la memoria y he pensado que es verdad, que cuando los niños duermen aún sacan el coraje las superabogadas.

Va por vosotras compañeras, sois lo mejor.»

Lo que yo no sabía entonces es que mis superabogadas antes habían tenido que ser supermadres, porque, por increíble que parezca, las condiciones en que estas profesionales viven la maternidad se cuentan entre las peores de entre las que pueden darse en una sociedad civilizada.

Antes de decirme que exagero y que las abogadas tienen las mismas dificultades que cualquier otra profesional o autónoma para dar a luz, permítame que le informe de que las abogadas, a todos esos problemas que tienen el resto de profesionales y autónomas, añaden el fantasma de los pazos procesales y el de la responsabilidad civil a que pueden dar lugar si se incumplen.

Una abogada puede tener un embarazo de riesgo, un parto inesperado, una urgencia… pero no por eso dejan de correrle los plazos procesales, esas reformas o reposiciones de brevísimo plazo, esos requerimientos a evacuar en el plazo de una audiencia, esas complejas contestaciones a la demanda que no entienden de maternidades ni de imprevistos.

Desde que el hijo de mi amiga me contó sus recuerdos de infancia he procurado escuchar con toda la atención posible las historias que me contaban mis compañeras abogadas; historias de ordenadores portátiles en la cama del hospital, de maridos corriendo en busca de un expediente que llevar a la clínica, de entrevistas en el despacho del juez con el bebé en brazos o de silletas y cunas en los despachos. Estas historias y las de lactancias en condiciones indignas hicieron aumentar mi admiración por ellas y me convencieron de que mi amigo no podía recordar los episodios más duros de la vida de su madre simplemente porque, cuando ocurrieron, él era demasiado niño para poder recordar nada.

Algo hay que hacer, no es admisible que en el siglo XXI nuestras abogadas tengan que dar a luz en semejantes condiciones, es imperativo resolver esta cuestión.

He pedido ayuda a compañeras abogadas que acaban de ser madres. Son abogadas y nadie mejor que ellas conoce el oficio este de hacer e interpretar leyes, son madres y conocen muy bien la dura condición de madres, son madres y abogadas y por eso no creo que haya nadie más capacitado que ellas para escribir el texto de una ley que remedie la situación en la que hasta ahora vienen dando a luz las abogadas.

Este es el texto de la propuesta de ley que han redactado, útil también para los casos de enfermedad de los abogados y abogadas, ahora se trata de que tú lo leas y propongas mejoras en su redacción o hagas sugerencias si las tienes. El tiempo de quejarse y no actuar ya pasó, eres abogado o abogada y de esto entiendes, no tienes excusa.

Luego llevaremos el texto a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso para que lo tramiten como una proposición de ley y ese será el momento en el que volveremos a pedirte ayuda, pero, no lo dudes, esta injusticia, si tú quieres, tiene los meses contados.

Venga, es por ellas y por todos.

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Una mentira despreciable

Desde 2012 el gobierno ha ingresado más de 1.000.000.000€ (mil millones de euros) por efecto de las tasas judiciales y ni un sólo euro ha sido destinado a justicia gratuita conforme le obligaba la ley de tasas. A pesar de ello este año seguirá sin actualizar baremos a los abogados del turno de oficio del Territorio Común (a pesar de que ha ingresado 38.000.000€ por tasas en 2017) cuando, si destinase el dinero recaudado a lo que la ley establece (justicia gratuita) simplemente podría doblar la retribución. Incluso doblando la retribución, tras 22 años de abandono, ni siquiera equipararía el territorio común a otras comunidades autónomas pues, en bastantes casos, se percibe menos de un tercio que ellas. La vergüenza y el desprecio son intolerables. ¿No les parece que es tiempo de hacer algo?

Una historia personal

Permítanme que en esta larga noche de autobús y carretera le dé una oportunidad a la nostalgia y les cuente cómo era mi vida en 1993.

Ya supongo que la mayor parte de ustedes no tienen el menor interés en escuchar viejas historias de nadie pero les ruego que tengan paciencia, al fin y al cabo son las historias de un abogado como ustedes —escribo este post para abogados y abogadas— y quizá encuentren en ellas alguna utilidad.

En 1993 yo me dedicaba al derecho de la circulación y trabajaba en un despacho en el que se defendía a varias compañías aseguradoras, los juicios de faltas y los verbales de tráfico se acumulaban y por eso no era raro que, en un día, yo pudiese celebrar cinco vistas y a veces incluso más. Estos años constituyeron una experiencia impagable para mí.

En aquellos años, en la Región de Murcia, el día de baja a consecuencia de un accidente de tráfico se pagaba a 8.000 pesetas y, si el caso era privado y no de compañía, nuestros honorarios estaban en torno al 10%; de forma que, de cada día de baja, yo sacaba unas 800 pesetillas que… que en aquellos años daban para mucho. Porque con 500 pesetas yo podía invitar a mi novia en un restaurate a comer pizza y a regarla con una botellita de vino decente y aún quedaban 300 pesetas para tomarnos un par de cubatas en algún pub no demasiado caro. Eran otros tiempos.

Las 8.000 pesetas por día de baja que se pagaban en la Región de Murcia se convertían en 10.000 si se trataba de Madrid, Barcelona, Alicante u otras poblaciones en las que los jueces juzgaban razonable elevar la indemnización pues, entonces, no había baremo y se indemnizaba cada caso individualizadamente por los jueces, práctica esta que resultaba odiosa a las aseguradoras por razones que luego veremos.

En aquella época comenzó a producirse un frenético proceso de quiebras y absorciones de compañías de seguros. Quebraron compañías como UNIAL (¿recuerdan ustedes la estafa de las cooperativas de viviendas de la UGT?), Multinacional Aseguradora, Grupo 86, Apolo… y las fusiones o absorciones se sucedieron (La Equitativa, La Unión y el Fénix, Schweiz…) y en medio de todo ese panorama el lobby de las aseguradoras presionó y presionó hasta obtener un baremo, orientativo primero y obligatorio después. La indemnización por día de baja se redujo a 3.500 pesetas y el resto de las lesiones vieron aplicar una norma uniformizadora y todo porque las aseguradoras aseguraron que sus dificultades económicas nacían de esa detestable conducta de los jueces que, según este lobby, «parecían disfrutar haciendo caridad con dinero ajeno».

Nada dijeron de la pésima gestión de riesgos cuando no de la simple caradura de sus gestores, pero lo cierto es que tuvieron éxito y, a pesar de la protesta generalizada de jueces y magistrados, impusieron su baremo. Nada dijo la abogacía a pesar de que ella y los consumidores eran los más perjudicados y a partir de ahí ya no pude comprarle una pizza a mi novia en el bar…

Traducido a euros aquellas 8.000 pesetas son los cincuenta euros que casi se corresponden a la indemnización por día de baja actual; es decir, 25 años después, los consumidores españoles han alcanzado los niveles indemnizatorios de 1993 y los abogados españoles con los 5€ que representan su 10% probablemente ahora ya ni podrían entrar en un bar.

Las aseguradoras triunfaron, su labor de lobby ha sido continua y eficaz y ha alcanzado sus objetivos máximos al ver despenalizados los accidentes de tráfico incluso en contra de la opinión de la Fiscalía General del Estado. Y, nuevamente, ni los consumidores ni la abogacía han levantado la voz (ni siquiera una ceja), es más, la abogacía se ha apresurado a considerar un logro el utilizar un sistema informático de contacto con las compañías de seguros cuyos servidores, por cierto, están en manos de las propias aseguradoras.

Los consumidores están cada vez más en manos de las aseguradoras y todo el trabajo que para los abogados suponía este campo ha desaparecido virtualmente por completo. Aquellas mañanas de juicios de faltas de tráfico en los juzgados de instrucción no parece que vayan a volver; el lobby de las aseguradoras funciona eficacísimamente, el de la abogacía simplemente no existe o incluso parece a veces que trabaja para ellas.

A los grandes no les gustan los juzgados, esos lugares donde un banco lleno de dinero y una pobre familia están a la misma altura en estrados y en condiciones procesales de igualdad; los grandes no gustan de la “judicialización” y es natural, los procesos judiciales respetan escrupulosamente la igualdad de las partes y eso resulta odioso a quienes están acostumbrados a jugar siempre con ventaja.

Consumidores y abogados estamos en niveles indemnizatorios de 1993 para que las compañías de seguros engrosen su cuenta de resultados y no contentas con ello trabajan para privarnos del acceso a ese lugar donde todos los españoles son iguales.

Esta mañana he escrito cómo los pagos a los abogados de oficio en la llamada zona ministerio no han sido modificados desde 1996, esta noche escribo como las cuantías indemnizatorias están hoy a niveles de 1993. En ambos casos los órganos institucionales de la abogacía española se han revelado absolutamente inútiles para corregir la labor de otros grupos de presión.

Pero bueno, no pasa nada, en el fondo, ya se lo dije al principio de post, todo esto que les cuento no pasa de ser una simple historia personal.

El himno de Cartagena

¿Tiene Cartagena un himno? Supongo que muchos de ustedes responderán que sí y que incluso muchos otros conocerán la letra y serán capaces de cantarlo, sobre todo los más jóvenes. Sí, sé a qué himno se refieren, se refieren a una composición que se gestó entre los años 1987-1991 (hace un par de minutos en la historia de mi ciudad) cuando el Partido Cantonal ostentaba la alcaldía de Cartagena y convocó un concurso para dotar —a mi juicio innecesariamente— de un himno a mi ciudad. Déjenme también decirles, y espero no herir sensibilidades, que el himno me parece de escasísima calidad.

Les he dicho hace apenas tres líneas que el himno me parecía absolutamente innecesario pues, hasta el momento en que el ayuntamiento diputó oficial al himno del concurso, en Cartagena nos apañábamos perfectamente sin él y teníamos lo que podríamos denominar un Himno de Cartagena «in pectore»: la marcha regular de granaderos.

Sí, con la marcha regular de granaderos abría sus emisiones la única emisora de radio de la ciudad por entonces «Radio Juventud de Cartagena», con la marcha regular de granaderos se celebraban las pocas alegrías que nos daba el «efesé» y cuando a principios de siglo se tuvo que decidir que música tocaría el carillón de nuestro espectacular ayuntamiento, se optó sin ninguna vacilación por la marcha regular de granaderos, música que aún hoy día (bien que algo desafinada) suena cada hora en la plaza del Ayuntamiento marcando el ritmo de la ciudad.

La marcha regular —o pasacalle— de granaderos de Cartagena, como el Himno de España (otra marcha granadera), no tiene letra y, como esto de las letras y de ver cantando a mucha gente junta es cosa que apasiona a los líderes políticos (supongo que porque les encanta dictarnos la letra de lo que hemos de pensar y sentir), a los cantonales que gobernaron de 1989 a 1991 les pareció mejor dotar a la ciudad de un himno cantabile de nuevo cuño que recurrir a nuestra amada y tradicional marcha regular de los granaderos de Cartagena.

Hoy he vuelto a ver a los granaderos por las calles (se acerca la semana santa y hoy tocaba a los Granaderos Californios) y he vuelto a escuchar los acordes de su marcha regular… oigan, a mí me emociona esta música ¿qué quieren que les diga?

Como siempre, al oírla, me he acordado de “El Sitio de Zaragoza”, una fantasía musical en la que se mezclan todo tipo de sones militares, desde variaciones sobre la popular canción francesa «La chanson de L’Oignon» a los conocidos toques de ordenanza del ejército español, pasando por los peculiarísimos clarines de la caballería española e incluso recogiendo músicas en compás de jota debidamente adaptadas, hasta que, cerca del final y tras el toque de ordenanza que manda entrar a la música, la banda ataca las notas de lo que, casi sin duda, son variaciones sobre el primer y el segundo tema de la marcha regular de los granaderos de Cartagena (el tercer tema o “trío” no suena).

¿Cómo llegó ese tema hasta la fantasía musical del maestro Cristóbal Oudrid? ¿Fue que el músico tomó el fragmento de música militar de la realidad como hizo con el resto de la pieza o —más improbablemente— lo compuso él? ¿La marcha regular de los granaderos fue copiada por los granaderos de Cartagena o se compuso para ellos?

Es un tema abierto a la investigación aunque, dada la fecha de “Los sitios de Zaragoza” (1848) parece poco probable que podamos llegar a una solución indiscutible.

Piénsenlo y mientras tanto les dejo con una grabación de “Los sitios de Zaragoza” realizada por la Banda de Música de la Guardia Real; si son de Cartagena vayan al minuto 7:40 aproximadamente y escuchen, la música les sonará familiar.

Yo ahora me voy a escuchar cómo dan las 12 en el carillón del ayuntamiento y de paso a ver si veo pasar a los granaderos; al fin y al cabo su música es, en mi corazón y en el de muchos, el auténtico himno de nuestra ciudad.

El secreto profesional y la protección de datos de los abogados

Se acerca el 25 de mayo y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos o RGPD) empieza a dejar sentir su alargada sombra sobre el ejercicio profesional de la abogacía.

No se asusten, no voy en este post a realizar recomendación alguna sobre el cumplimiento del Reglamento ni a amenazarles con las penas del infierno si no se apresuran a estudiar y cumplir el mismo, sólo quisiera llamar la atención de ustedes sobre la particular naturaleza de los datos que tratamos los abogados en nuestro ejercicio profesional, naturaleza particular que puede conducirnos a no considerar aplicables determinadas normas relativas a la protección de datos o a postergarlas en beneficio de otras.

Me estoy refiriendo a la distinción entre datos jurisdiccionales y no jurisdiccionales que establece la LOPJ en sus articulos 236 bis a decies y a la particular autoridad de control que corresponde a cada uno de ellos. Finalmente quisiera considerar la particular naturaleza de los datos no jurisdiccionales que, aún no aportados a un procedimiento judicial, forman parte del acervo de lo que se ha venido denominando el secreto profesional de los abogados.

Para empezar conviene recordar que La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introdujo un nuevo capítulo (el “I BIS”) con el título de “Protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia“, capítulo en el se que regulan importantes aspectos relativos al régimen jurídico de la información tratada por nuestros juzgados y tribunales.

A los efectos de este artículo resulta de capital importancia la distinción que efectua el artículo 236 ter. LOPJ, producto de la modificación legal antes mencionada, entre los datos tratados con fines jurisdiccionales (en adelante simplemente “datos jurisdiccionales”) y los datos tratados con fines no jurisdiccionales (en adelante, simplemente, “datos no jurisdiccionales”), clasificación que se realiza tomando como criterio el hecho de que los datos se encuentren incorporados o no a los procesos de que conozcan nuestros juzgados y tribunales y cuya finalidad se relacione directamente con el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Así lo expresa literalmente el artículo 236 ter. 1 de la LOPJ cuando dispone:

Los Tribunales podrán tratar datos de carácter personal con fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. En el primer caso, el tratamiento se limitará a los datos en tanto se encuentren incorporados a los procesos de que conozcan y su finalidad se relacione directamente con el ejercicio de la potestad jurisdiccional.

Pareciera, en principio, que estos datos jurisdiccionales sólo podrían encontrarse dentro de los ficheros de nuestros juzgados y tribunales; sin embargo, no cabe olvidar que, de dichos datos, tienen una copia virtualmente idéntica los profesionales que intervienen en el proceso: los abogados y procuradores de las partes. Y si esto es así, como sin duda lo es, ¿podremos sostener que los datos jurisdiccionales pìerden su carácter de tales por el mero hecho de no encontrarse albergados en los ficheros judiciales y sí en los de los profesionales que intervienen en el procedimiento?

A nuestro juicio es evidente que no y evidente también resulta que la Agencia Española de Protección de Datos no debiera ser la autoridad de control competente para los datos jurisdiccionales en poder de los abogados y procuradores, por imperativo del artículo 236.1 nonies que declara:

“1. Las competencias que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, atribuye a la Agencia Española de Protección de Datos, serán ejercidas, respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales y los ficheros de esta naturaleza, por el Consejo General del Poder Judicial.”

A igual conclusión llegamos si tomamos en cuenta el RGPD, cuyos efectos sentiremos plenamente a partir del próximo 25 de mayo, pues, concordemente con lo proclamado por su considerando 20, el artículo 55.3 del Reglamento establece que

“3. Las autoridades de control no serán competentes para controlar las operaciones de tratamiento efectuadas por los tribunales en el ejercicio de su función judicial.”

Así pues, parece evidente que la Agencia Española de Protección de Datos no sería la competente para controlar este tipo de datos (probablemente mayoritarios en los despachos de abogados más habituales) quedando tan sólo bajo su competencia aquellos datos que, conforme al 236 ter. de la LOPJ, no se encuentran incorporados a los procesos judiciales y que, por tanto, denomina como datos no jurisdiccionales.

Pudiera pensarse que estos datos no jurisdiccionales son los menos valiosos o menos importantes de los tratados por los abogados en su ejercicio profesional, pero ello constituiría un grave error, pues, dentro de estos datos no incorporados a los expedientes judiciales, se encuentra también todo ese amplísimo acervo de confidencias y revelaciones que el cliente hace a su abogado y que se encuentran amparados por lo que se ha venido denominando el secreto profesional.

Ninguna mención hace de estos datos el anteproyecto de Ley de Protección de Datos ni el RGPD, pero resulta evidente que, con el resto de legislación en la mano, estos datos no sólo escaparían a la competencia inspectora de la Agencia de Protección de Datos sino también al órgano de control que establezca el Consejo General del Poder Judicial, debiendo quedar a salvo estos datos fuera de la actividad inspectora de cualquier tipo de organismo.

No, no se apresuren con sus muestras de alegría, la custodia de estos datos es, aunque aparentemente ajena a las autoridades de control, la más difícil y complicada de todas para el abogado pero, es ya tarde, es sábado por la noche, no quiero amargarles la fiesta y con estos apuntes habrá de bastar por hoy. Continuará.

Comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso

Ayer hube de comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para informar sobre determinados extremos del Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, consecuencia del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. Fue un honor, claro, pero también una gran responsabilidad que me causó no poca desazón. Al final este que pueden ver en el video de este post fue el resultado de la comparecencia. Para mí el resultado fue una enorme tranquilidad.

Tercer hilo, gobiernos y regiones de tercera

Esta que ven en la foto es la pomposamente llamada estación de ferrocarril de «Murcia del Carmen»; en realidad bastaría con decir «Murcia» pues, en esta ciudad, desde que cerró la estación de Caravaca, no queda más que una estación de ferrocarril: la que ven.

Les pongo en situación: Murcia es la séptima ciudad de España por población y tiene, por ejemplo, más habitantes que Bilbao, pero, a diferencia de Bilbao —o de Albacete, ciudad a la que triplica en población— la estación de «Murcia del Carmen» no pasa de ser un lamentable apeadero impropio de las necesidades de una ciudad como esta.

Dicen que ahora quieren que llegue el AVE, pero no un AVE normal como en el resto de los lugares de España, sino un AVE que utilizará estas mismas vías que ven —de ancho ibérico— y las compartirá con los mastodónticos trenes de mercancías que el Puerto de Cartagena saca diariamente a través, sí, de este mismo trazado.

Para que se hagan una idea de lo que se va a hacer tienen que imaginar que, en lugar de los cuatro carriles que ven en primer plano en la foto, habrá seis: uno de los carriles será usado por todos los trenes y el otro, opcionalmente, por AVEs o trenes de mercancías, dependiendo de si se trata de un tren de ancho de vía europeo o ibérico. Miren, casi mejor que que se hagan una idea, les pongo una foto:

Ya pueden imaginar que esto de los seis carriles (tres por vía) originará no pocos problemas pues, a poco que lo piensen, se darán cuenta de que uno de los raíles será utilizado en el 100% de las ocasiones mientras que, los otros dos, se repartirán el uso en proporciones aún por fijar, lo que determinará un desgaste diferencial de los raíles no deseable. Y, sin embargo, el anteriori es, sin duda, el menor de los males. Es el menor de los males porque el verdadero problema es que lentos y pesados trenes de mercancías (el Puerto de Cartagena es el primer puerto granelero de España por tráfico de mercancías) compartirán los raíles con trenes que pueden superar los 300 kilómetros hora. Para que se hagan una idea, un AVE puede y debe disponer en las curvas de unos peraltes más pronunciados que los de un lento tren de mercancías; un AVE puede superar desniveles que un pesado mercancías no puede atacar y, en fin, una vía para tráfico de mercancías no es el tipo de vía más aconsejable para el AVE. Si a esto unen ustedes que la existencia de tres raíles convierte los cambios de agujas en un puzzle tan poco divertido como eventualmente peligroso (vean foto) comprenderán que lo que quieren traer como AVE a la Región de Murcia no sea sino una burla más a los habitantes de esta región.

Porque, si lo que les digo es infamante para la ciudad de Murcia, en el caso de Cartagena es para declararnos independientes otra vez y pedir nuestra anexión al país más cutre del mundo; pues peor no parece que nos pueda ir.

Cartagena es el primer puerto granelero de España por tráfico de mercancías (sí, como suena) y su conexión con un trazado ferroviario adecuado es vital para su futuro y el de toda la Región y, sin embargo, el primer puerto granelero de España y una comarca con más habitantes que toda la Comunidad Autónoma de La Rioja se ven obligadas a padecer unas infraestructuras ferroviarias que no padecen lugares como, por ejemplo, Ciudad Real o Lleida, lugares respetabilísimos pero con una población y actividad muy inferior.

Lo que los sucesivos gobiernos nacionales (PP y PSOE) le están haciendo a la Región de Murcia es un insulto a las muchísimas personas que la habitan.

Dicen que no hay dinero, pero, en cambio, sí hubo dinero para hacer un AVE a Valladolid, León o Sevilla con dos plataformas, sin «terceros hilos» y sin dejar fuera de combate a un puerto (el de Cartagena) que aporta más riqueza a este país del que estos sujetos son capaces de pensar.

Felípe González era sevillano, Aznar vallisoletano y Zapatero leonés… es curioso que esos sean los destinos preferentemente fijados para los AVEs en España y que estos hayan sido sus primeros trazados; pareciera que en España los trenes se construyesen para que los gobernantes se vayan de vacaciones, Isabel II a Aranjuez y cada presidente a su pueblo. Con los kilómetros de AVE construidos, si, en lugar de unir Madrid con la periferia, se hubiesen conectado las ciudades de la costa española, el 80% de los españoles tendrían AVE en estos momentos, nuestros puertos de mar estarían funcionando a tope de sus capacidades y tendríamos un país más vertebrado y mejor preparado para enfrentar la crisis; pero no, aquí se sigue pensando con la mentalidad borbónica que obliga a unir el centro del poder político (Madrid) con los súbditos de la periferia en lugar de unir personas, zonas económicas y puntos logísticos de importancia; es decir, se sigue pensando el futuro de España con la mentalidad de un absolutista reaccionario de hace 200 años.

No es difícil entender que nos jugamos mucho en este envite y que, tanto Murcia como Cartagena, se juegan su futuro y el del resto de las ciudades de la región. Y han de saber los que nos gobiernan que esta partida no se gana cepillando el traje a sus superiores de Madrid a la espera de que estos les agracien con cualquier donativo; que esta partida no se gana manteniéndose a bien con quien les puso primeros en las listas para que saliesen y no con quienes de verdad les votaron y les colocaron donde están. Desde el AVE a Sevilla en 1992 hasta hoy han pasado 26 años de espera en esta región y 26 años son muchos para que, ahora, en lugar de recuperar los años perdidos nos traigan una infraestructura que nos condenará a un retraso secular.

Resulta incomprensible que esta región aguante tanto, que Cartagena aguante tanto, que Murcia aguante tanto, que Lorca aguante tanto, que Caravaca, Jumilla, Yecla, Cieza, Molina… aguanten tanto. Lo que le están haciendo a esta región no tiene nombre y, si lo tiene, entra en el campo del exabrupto o la injuria.

No sé si lo entienden nuestros dirigentes: ya está bien. Ya está más que bien: háganlo o —si no les dejan hacerlo— déjennos sentir que su indignación es tan sincera como la nuestra, que antes prefieren desagradar a sus jefes que a sus representados, que si sus jefes no les quieren por eso ustedes no tienen por qué guardar fidelidad alguna a sus jefes; por que, si no, sabremos que no están ustedes ahí para servirnos y eso —lo crean o no— les mandará a casa y además con oprobio. Ya está bien.