¿Quién defiende a los abogados?

De entre las obligaciones que acompañan al cargo de decano la más triste es, sin duda, la de asistir a los funerales de los abogados y abogadas que nos dejan. Son muchos años de ejercicio y nos conocemos todos, muy a menudo también sus familiares son amigos o conocidos y esto hace mucho más duras aún este tipo de despedidas.

Sin embargo, nada me produce tanta ira ni tanta frustración como cuando pienso que alguno de estos abogados y abogadas, tras toda una vida dedicada honradamente al ejercicio de la abogacía, pudiera no estar al corriente de pago en la Mutualidad. Quizá a ustedes les parezca un simple detalle, a mí no.

Cuando un abogado no puede pagar sus cuotas de la Mutualidad, esas que aseguran su jubilación o la tranquilidad económica de su familia, es que algo muy grave está pasando en su despacho, la crisis, la falta de clientes que pagan o la sobra de clientes que no pagan… quién sabe; en todo caso, cuando un abogado no puede atender al pago de la mutualidad, es que atraviesa una situación difícil.

Sé de lo que les hablo, conozco los embargos de las miserables retribuciones del turno de oficio y conozco los agobios por los que pasan muchos de nuestros compañeros, pero si algo me produce ira y frustración es que compañeros con muchísimos años de ejercicio a cuestas puedan experimentar dificultades para pagar la Mutualidad.

He tratado de investigar cuántos abogados de España podrían encontrarse en esta situación -no encuentro cifras oficiales- y me llega noticia de que la cifra podría estar en torno a los 26.000 (salieron 40.000 cartas recientemente). Una cifra de 26.000 abogados en problemas con la Mutualidad, de confirmarse, nos hablaría bien a las claras de que el 20% de los abogados (uno de cada cinco) estaría al borde de ir a la lona y acabar para siempre con su ejercicio profesional. 

Y mientras pienso esto me acuerdo de cómo nuestra profesión ha ido perdiendo espacios por efecto de la acción de lobbys particularmente activos sin que la abogacía haya opuesto, aparentemente, ninguna medida efectiva. Los accidentes de tráfico, por ejemplo, que en los años 90 suponían un importante sector económico para los abogados, ahora están prácticamente acabados merced a unas leyes que sólo favorecen a las aseguradoras y no a los asegurados. Para que se hagan una idea: en 1994, en Madrid, un ciudadano percibía 10.000 pesetas (60€) por día de baja derivado de accidente de tráfico, mientras que en 2016 percibió unos 52€ (algo más de 8.000 pesetas) por el mismo concepto; es decir, en materia de indemnizaciones estamos a niveles de hace más de veinte años, como suena.

Y me acuerdo también de cómo el legislador, sistemáticamente, ha percibido la presencia del abogado como perturbadora (no necesito recordarles las abyectas manifestaciones de Margarita Robles hace unos pocos días desde la tribuna del Congreso) y ha tratado de apartarlo de cuantos espacios ha podido, particularmente de aquellos en que medraban sus amigos los bancos.

Y me acuerdo de cómo la abogacía parece no haber sido capaz de hacer nada frente a toda esta labor realizada de adverso y, por venírseme a la cabeza, se me vienen a la memoria hasta saraos en el Ritz a costa de los de siempre que, automáticamente, multiplican mi ira.

He pasado demasiados años viendo como esta profesión, la profesión que amo, se encoge a impulsos de intereses mucho menos nobles que los que ella encarna y siento que es tiempo ya de hacer algo; que con uno de cada cinco compañeros al borde del abismo, que con una profesión insultada desde la tribuna del Congreso, que con una justicia gratuita puesta en jaque por el fisco (Hacienda contra Justicia ¿imaginan el resultado?) es tiempo de hacer algo… y algo distinto de lo hecho hasta ahora. Vamos.

Pobres abogados

Quizá sea tiempo ya de decirlo: entre los abogados hay bolsas de pobreza; no de escasez o de apretura, sino de pobreza.

Les conozco, les he visto enfermar y hacerse viejos con pensiones de apenas trescientos euros (les pilló desprevenidos el cambio de plan de jubilación), trabajando hasta los ochenta años o más no por vocación sino por necesidad, ejerciendo en su casa porque no hay dinero para alquilar despachos y dando por descontado que habrán de ser abogados hasta la muerte porque a estas alturas ya no les queda otra. Pueden creer que les exagero, están ustedes en su derecho, pero yo les conozco y sé de qué hablo.

Tras ocho años de crisis los abogados llevan sus angustias económicas con una dignidad que encoge el corazón, escondiendo bajo las togas, los trajes y las corbatas la angustia de vivir al día, pero dispuestos a defender los derechos y las esperanzas de quienes se acercan a ellos.

Ya sé que no es distinto lo que les pasa a los autónomos, a los trabajadores, a los pequeños empresarios… Ya sé que es la misma agonía; pero es que luego está el gobierno, ¡ay el gobierno!, dictando leyes para entregar los divorcios a los notarios, sacar procedimientos hereditarios de manos de los abogados para entregarlos también a los notarios, congelando las retribuciones del turno de oficio, derogando las faltas de tráfico para hacer caro el antes gratuito proceso para reclamar por las lesiones producto de los accidentes, imponiendo tasas a las personas jurídicas… Y un largo etcétera. 

No quieren una abogacía independiente, prefieren esos grandes despachos con quienes siempre se puede hablar y a los que no cualquier tiñalpa puede acudir. Definitivamente los abogados independientes molestan con su manía de defender los derechos de los menos favorecidos, de los hambrientos como ellos. Sí, los abogados independientes molestan en un mundo que pretende cada vez más controlar la justicia y en el que ellos son el anacrónico resíduo de la independencia y la justicia posible.

Por eso, cuando veo anunciadas cosas como “jornadas de internacionalización de despachos”, eventos de “branding”, de “marketing” o de “coaching” para abogados, me pregunto si quizá los organizadores de los mismos no conocerán a los mismos abogados que yo. Porque los abogados que yo conozco no son los que salen en las páginas salmón de la prensa económica, los que tienen sucursales en Hong-Kong o Nueva York o dividen a los integrantes del despacho en “juniors” y “seniors”. 

Yo conozco otra abogacía, esa que en 2015 tiene bolsas de pobreza, la que no sale en los titulares, para la que no se organizan congresos… pero que es la que sufre, calla, da la batalla y mantiene la esperanza de que la justicia aún es posible en este país.

La representación política en crisis

Elecciones en 1933
Elecciones en 1933

La representación política está en crisis, al menos esa forma de representación política que hemos conocido hasta el advenimiento de la revolución tecnológica que vivimos desde finales del siglo XX.

Hasta ahora nuestras constituciones han venido configurando la representación política como un acto mediante el cual un representante (sea este gobernante o legislador) actúa en nombre de un representado (elector en el caso de las democracias) para la satisfacción de sus intereses. Según este sistema el representado no puede controlar ni exigir que el gobernante cumpla con sus responsabilidades sino, exclusivamente, por medio de mecanismos electorales institucionalizados con los que podrá castigar a su representante o partido político en las siguientes elecciones. Este sistema de representación es el que ha dado lugar a las críticas del tipo «la democracia no puede ser votar una vez cada cuatro años» y a exigencias populares del tipo «democracia real ya». A lo que se ve, esta forma de representación política que supuso en el momento de su inicial aplicación un avance de dimensiones históricas y sobre la que se construyeron los sistemas políticos democráticos que hoy conocemos, parece en lo presente insuficiente a los ciudadanos; y puede que sea verdad que es insuficiente.

Muchas cosas han cambiado desde que la revolución tecnológica que se inició a finales del siglo pasado alcanza a capas cada vez más amplias de la población: si la presencia del elector era con anterioridad difícil o imposible, gracias a esas tecnologías de la información de que ahora disponemos esa presencia aparece no cómo posible sino cómo extremadamente sencilla. A los electores ya no les basta con votar cada cuatro años sino que quieren ser escuchados, ya no quieren representación, quieren presencia y cualquier acción que limite, olvide o restrinja esa presencia produce frustración y es juzgada negativamente.

Al asentamiento en España de tal forma de pensar han contribuido de forma más que principal nuestros actuales representantes: en un país carcomido por la corrupción política el discurso y la actuación de estos «representantes» más que referirse a los electores se movía en la pura y simple autorreferencialidad. De ahí a estigmatizarlos como «casta» sólo había un paso, aunque, dada la forma en que esta forma de representación se desarrolla, la autorreferencialidad es casi inevitable. Sea como fuere la demanda de más presencia de los ciudadanos en los asuntos políticos y las sospechas hacia el sistema de representación y a los propios representantes que de ella han surgido se palpa en la calle. En una época donde el botón «me gusta» ocupa gran parte de la vida social de las personas aparece como cada vez más difícil de justificar su exclusión cuatrienal de los asuntos públicos y comienzan a aparecer demandas de participación que hace apenas 15 años eran impensables. Surgen así preguntas como las que el filósofo Byung-Chul Han formula: «¿Para qué son necesarios hoy los partidos si cada uno es él mismo un partido, si las ideologías que en tiempo constituían un horizonte político se descomponen en innumerables opiniones y opciones particulares? ¿A quién representan los representantes políticos si cada uno ya se representa a sí mismo?»

Este proceso de debilitamiento del sistema de representación política que hasta ahora sostiene nuestros sistemas políticos democráticos no es más que una consecuencia natural de la difusión de las tecnologías de la información que hacen posible una presencia inmediata y directa en asuntos en los que hasta ahora era imposible. Si la representación política supone la enajenación por parte de los electores de su poder político durante cuatro años en favor de sus representantes, no es de extrañar que los electores sean cada vez más cicateros a la hora de enajenar ese poder político: la forma en que el mismo se ha empleado por sus representantes no parece aconsejarles otra cosa.

Los riesgos de que la crisis de la representación política se agrave están ahí y haríamos mal en desconocerlos pues este sistema de representación política es aún irremplazable y no existe alternativa a él. Es por eso por lo que nuestros representantes debieran actuar audazmente y en una forma tan antigua como lo hicieron los padres de la Constitución de los Estados Unidos.

En el momento de aprobarse la constitución de los Estados Unidos (1787) apenas un 60% de la población de ese país sabía leer y, sin embargo, apenas dos años después (1789), se aprobaba la primera enmienda a dicha constitución que, entre otras cosas, proclamaba:

«El Congreso no hará ley alguna (…) que coarte la libertad de expresión o de la prensa…»

Con un 60% de población analfabeta cuesta trabajo pensar que el derecho a la libertad de prensa fuese una aspiración fuertemente demandada por los estadounidenses; mucho más aún cuesta pensar que esa demanda se elevase a la categoría de derecho fundamental constitucionalmente protegido. Y, sin embargo, la consagración de ese derecho colocó a los USA a la cabeza del mundo, permitió la democracia tal y como hoy la conocemos y sirvió de ejemplo al resto de los países que en siglos sucesivos la fueron estableciendo también; y esto lo hicieron con un 60% de población analfabeta y cuando, del 40% restante, apenas una ínfima proporción leía la prensa. Los USA se adelantaron a su tiempo, fueron creativos y entendieron que esa nueva tecnología tenía enormes implicaciones políticas. La historia premió su audaz creatividad; en España la libertad de prensa no llegó de verdad sino en 1978; es decir 189 años después que en los USA, y este retraso en este y otros campos aún lo estamos pagando y lo pagaremos en el futuro.

Hoy que en España tenemos un sistema político en descomposición, ahora que se reclaman modificaciones de la Constitución y los estatutos de autonomía uno echa de menos esta creatividad y audacia de que hicieron gala los constituyentes norteamericanos hace 215 años. Nos empeñamos en mantener debates de hace 150 años: Discutimos cansinamente el “ser de España”, la “independencia” de viejos reinos de hace 500 años, el papel de los jefes de estado… Pero no hacemos el más mínimo esfuerzo para ser audaces y creativos y somos incapaces de detectar que hoy la tecnología tiene implicaciones mucho más importantes y acuciantes que en 1789.

Si en 1789 apenas una ínfima parte de la población leía la prensa y consideraron fundamental el derecho a la libertad de la misma ¿qué diremos en 2013 de la enorme trascendencia que tienen las tecnologías de la información?

Hoy esas tecnologías permiten opinar a casi cualquier ciudadano sobre las cuestiones que le incumben; hoy esas tecnologías permiten a casi cualquier ciudadano participar en la elaboración de las normas que le afectan; hoy esas tecnologías permiten que los representantes políticos contacten de forma inmediata y habitual con sus representados, y permiten la transparencia, y permiten que los datos públicos sean verdaderamente públicos, y permiten, en suma, aprovechar intensivamente la mayor riqueza que tiene un país, es decir, su capital humano, los hombres y mujeres que lo integran.

Hoy tenemos cosas que los constituyentes de 1789 ni se atreverían a soñar pero nos faltan justo esas calidades humanas que ellos sí tenían: Creatividad y audacia.

¿No puede España por una vez en la historia ir por delante del resto? ¿Es que siempre habremos de llegar 189 años tarde?

Perdónanos nuestras deudas

No es malo leer viejos textos legales, en ellos se contienen preceptos que en algún momento se estimaron justos y que ahora resultan sorprendentemente actuales. Leo, por ejemplo en el Código de Hammurabbi:

Ley 96: Si uno tomó trigo o dinero de un negociante y no tiene trigo o dinero para devolverle, pero tiene otros bienes, dará al negociante todo lo que se encuentre en su casa (en su poder) ante testigos, según (la naturaleza) de lo que llevará. El negociante no resistirá, recibirá

Ley 117: Si una persona ha sido tomada con motivo de una deuda y si el deudor había tomado el dinero y dado a su esposa, su hijo y su hija, estos trabajarán durante 3 a¤os para la casa de su comprador y del acreedor; al cuarto año esta casa los pondrá en libertad.

Incluso la Biblia contiene interesantes preceptos legales

Deuteronomio 15. Cada siete años perdonarás toda clase de deudas. 2 Lo harás de la siguiente manera: Cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Ya no le exigirá a su prójimo o hermano que le pague la deuda, porque se habrá proclamado el año del perdón de las deudas en honor del Señor.

En el Digesto, compilación del derecho romano, también se encontraban cláusulas como la del “beneficium competentiae” que evitaban que, junto con los bienes presentes del deudor, se subastase también su futuro.

Hoy rige en España el infame artículo 1911 del Código Civil que establece que el deudor responderá de sus deudas hasta que pague o hasta que muera, si es que sus hijos no heredan la deuda.

Por eso, cuando en España se subasta una casa por impago de hipoteca, el deudor no sólo pierde sus propiedades sino también su futuro y su vida.

España es mucho más cruel con los deudores de lo que lo era hace 3000 años el Código de Hammurabbi, más inhumana que la Biblia -escrita hace 2620 años- y más despiadada que el Digesto -compilado hace 1480 años-.

España es también mucho más cruel con los deudores que todos los países de su entorno pues en todos hay leyes de segunda oportunidad, que regulan las insolvencias de las personas físicas y que impiden que, cuando se subastan los bienes de un deudor, no se subasten al mismo tiempo su futuro y su vida entera.

Esto no pasa con esos fantasmas producto de la imaginación de los juristas a los que llamamos “personas jurídicas” aún cuando nada tengan de personas. A estas “personas jurídicas” jamás se les subasta el futuro porque cuando se acaban sus bienes se hace borrón y cuenta nueva.

Una ley que trata mejor a estas entelequias que a las personas es una ley enferma de locura.

Hoy que en España ya ni nos dejan rezar en el padrenuestro aquello de “perdónanos nuestras deudas”, hacen más falta que nunca leyes humanas, hechas para la felicidad de las personas y no leyes hechas por lobbys para el beneficio de unos pocos. Es precisa en España una ley de insolvencia de las personas físicas, una ley de segunda oportunidad, una ley que ponga a los seres humanos a la altura de esas fantasmagóricas entelequias con que unos pocos engañan a sus semejantes. Por eso a veces, conviene leer a Hammurabbi, el Deuteronomio o el Digesto. Porque estamos a milenios de donde deberíamos estar.

Al menos que no nos roben el futuro.

Apertura Española y Defensa Siciliana

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Como sabe cualquier jugador de ajedrez medio, para evitar las aperturas abiertas y en especial la apertura española, las negras idearon las defensas semiabiertas de entre las que, sin duda, la defensa siciliana es la más popular.

Esta noche leo que Intereconomía y La Gaceta, dos medios de comunicación inequívocamente conservadores, atacan ferozmente al presidente del gobierno en su portada de mañana. Y me pregunto: ¿Este súbito cambio de orientación en contra de Rajoy en favor de quien se hace? Muchos han señalado inmediatamente a Esperanza Aguirre, oportunamente desaparecida de escena antes del Armagedón Barcénico. ¿Estamos ante un Gambito de Rey o de Dama?

Juegan con el país como si de una partida de ajedrez se tratase, mueven sus peones intentando hacerse con el control de España. No sé.

Lo que sí sé es que todo este espectáculo de sobres, eres, mamancias e indecencias varias es un cenagal con aroma inequívocamente mafioso.

Sí, como cualquier jugador de ajedrez medio sabe, lo mejor es evitar la apertura española usando la defensa siciliana.

Murcia y los paraísos fiscales.

       La crisis está provocando que los ciudadanos se hagan muchas preguntas, algunas de las cuales se formulan de forma casi idéntica a como se formularon en otras crisis, por ejemplo, la de 1929, en la que, tras la caída de las bolsas y la quiebra de los bancos, la población se preguntó insistentemente “pero… ¿dónde está el dinero?”; pregunta a la que hemos tratado de dar respuesta en el post anterior, si bien generando más dudas que certezas.

Otra de las afirmaciones que uno escucha en la calle (y también, por cierto, en los foros internacionales que se han convocado para dar soluciones a la crisis) es que la existencia de paraísos fiscales es una realidad que ha favorecido el que hayamos llegado a éste estado de cosas.

Como las grandes afirmaciones suelen inquietarme, he decidido dedicar unas horas a tratar de comprobar cómo afecta la existencia de esos paraísos fiscales a mi entorno más inmediato, que es la Región de Murcia, para ver si, efectivamente, la presencia de estos países se deja sentir en mi entorno. Seguir leyendo “Murcia y los paraísos fiscales.”

Recetas contra la crisis (I): La solución de Michael Moore.

Leo con detenimiento y escucho con atención las noticias que dan los medios sobre la crisis a la espera que alguien proponga un programa concreto de medidas para solucionarla pero, fuera de “inyecciones” de dinero o rebajas de tipos, hasta el momento las recetas contra la crisis publicadas en los medios son verdaderamente pocas. Por eso me sorprendí cuando hace una semana llegó a mi buzón la propuesta contra la crisis que el director de cine Michael Moore hizo pública a través e su lista de correo.

A quienes conozcan la faceta de activista político de Michael Moore la solución por él propuesta no les sorprenderá pero, independientemente de nuestra posición política, su propuesta incorpora planteamientos sobre los que merece la pena reflexionar. Seguir leyendo “Recetas contra la crisis (I): La solución de Michael Moore.”