LexNet, el «procés» y la división de poderes

El gobierno central, en toda esta crisis catalana, ha parecido delegar en los jueces toda la responsabilidad de acabar con el «procés»; guste o no está en su derecho, para eso es el gobierno. Sin embargo el gobierno central parece olvidarse del talón de Aquiles más evidente de dicha estrategia y es que todo, absolutamente todo, el funcionamiento de los jueces y tribunales de Cataluña está en manos del «Conseller de Justícia» del gobierno catalán. Es decir, el control de todo el funcionamiento judicial está en manos de los teóricos infractores de la ley. Un solo gesto del conseller y toda la administración de justicia en Cataluña, parará durante unas horas, unas semanas, unos meses o simplemente dejará de funcionar. Al «conseller» le basta apretar un botón para que los expedientes que no convienen desaparezcan o, si lo desea, para que toda la administración de justicia salte por los aires en Cataluña.

Gracias a la insensata postura del gobierno central de mantener en manos del ejecutivo la gestión de todos los expedientes judiciales, en Cataluña, donde la justicia está transferida, ocurre lo mismo que en Madrid: que el gobierno catalán es el que administra y gestiona todos los expedientes de la administración de justicia en Cataluña; dicho de otro modo, que —si al gobierno catalán le sale de la punta del «procés»— todos los expedientes judiciales por él gestionados pueden borrarse, destruirse y desaparecer como lágrimas en la lluvia (discúlpenme la cita cyberpunk). Tras esto ya puede el ministro pedirle a los jueces que actúen, será como echar cebada a un burro muerto.

Lo dijimos, fuimos muchos los que lo dijimos y lo repetimos hasta la saciedad; lo llevamos a la Real Academia Española de Jurisprudencia y legislación y formulamos denuncias en la UE, lo planteamos al ministro y a sus turiferarios. No se trata de Cataluña ni de España, se trata de la independencia judicial, se trata de puro y simple sentido común: repugna que el control de los juzgados esté en manos de quien ha de ser controlado por ellos, es como poner a la zorra a guardar a las gallinas, es echar una paletada más de tierra sobre la tumba de Montesquieu.

Tan sólo hace un mes el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, hacía chanzas y mofas sobre esta petición en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, hoy, probablemente, se cortaría la lengua antes de decir barbaridades semejantes. Pero no se engañen, si el «procés» se interrumpe mantendrá esta aberración que le da ventajas y, si triunfa, ¿para qué cambiarlo?.

Estos malos gobernantes antes que atenerse a la sensatez prefieren atentar contra el sentido común y ahondar la fosa de Montesquieu en su propio beneficio, la división de poderes es molesta para el que manda, pero la independencia judicial es la salvaguarda de todos —incluso de ellos mismos— y atentar contra ella no es cavar la fosa de Montesquieu, es cavar la tuya propia, o la de todos.

Lo dijimos, que conste que lo dijimos.

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La razón en marcha: denuncia contra Lexnet ante la Comisión Europea

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El pasado jueves día 12 en la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación se celebró una jornada con el sistema de comunicación LexNet en el punto de mira. Puede que a ustedes esto les parezca poca cosa o algo natural, pero les aseguro que por la forma en qué se hizo, por el espíritu que la animaba —que era en gran parte el del Catedrático y miembro de número de ella Don Andrés de la Oliva— y por el contenido de la misma, esa jornada fue para mí — y sospecho que para muchos miles de juristas— algo mucho más  que una simple jornada. Vayamos poco a poco.

La Real Academia es una institución tan antigua como moderno el espíritu que la hizo nacer: fue fundada en el siglo XVIII e impulsada por las ideas ilustradas, esas ideas que —en palabras de Emmanuel Kant— obligaban y obligan al hombre a salir de un estado de puerilidad mental de la que él mismo es culpable. Puerilidad que es —aclara Kant— la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Esta puerilidad es de naturaleza culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. Sapere aude ¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento! Esa fue y aún es la divisa de la Ilustración.

Y el jueves 12 de mayo la Real Academia se atrevió. Se atrevió a hablar de LexNet y, al atreverse, uno notaba que en el ambiente flotaba todo ese universo moral que da sentido a las cosas, ese que hace que una institución que acaba de cumplir 253 años luzca joven e inaugural, ese que hace que los debates que se celebran dentro de sus antiguos muros se conviertan en trending topic durante varias horas en redes sociales y los medios de comunicación electrónicos recojan sus debates, ese que hace que la esperanza de los juristas aún siga viva. Nacida bajo el influjo de una, por entonces, novedosa tecnología de la información (la imprenta) la Real Academia usó el pasado jueves con la habilidad de una adolescente todo el poder que dan las nuevas tecnologías de la información a quienes no tienen más capital que el mejor de los posibles: el humano.

Pero, con todo, no basta con atreverse a pensar solamente, es preciso también poner la razón en marcha y por eso, cuando en el coloquio alguien preguntó qué se podía hacer contra Lexnet la respuesta fue sencilla y directa: podemos hacer lo que sabemos hacer, trabajar como juristas y usar los medios que nos da la ley.

En aquella jornada se anunció la presentación de una denuncia contra LexNet ante la Comisión Europea y hoy, apenas tres días después, esa denuncia es una realidad. Uno de los ponentes, Javier de la Cueva, la ha interpuesto y hoy la comparte por si cualquiera de ustedes desea adherirse a ella, modificarla o adaptarla conforme le dicte su razón.

Pueden encontrar la denuncia en esta página o descargarla directamente en este enlace.

Por lo demás si desean ver lo que pasó en aquella jornada o escuchar algunas de las cosas que en ella se dijeron pueden ver los siguientes videos que, en el mejor estilo pirata y a coste cero, se grabaron durante la jornada.

 

https://embed.bambuser.com/broadcast/6256347
https://embed.bambuser.com/broadcast/6256465
https://embed.bambuser.com/broadcast/6256483

Europa y la independencia judicial

Retos de la Justicia en España

Recientemente he recibido uno de esos regalos que a uno le alegran la vida: el libro “Retos de la Justicia en España” escrito por Doña María Marcos González, Profesora Titular de Derecho Procesal de la Alcalá de Henares y que es producto de una investigación por ella realizada en Nueva Zelanda entre los años 2012 y 2013.

De entrada me resultó atractivo encontrar un libro de derecho comparado gestado en el país que está en las antípodas -geográficas- de España pues, pareciéndome que nuestro sistema judicial se encuentra en tal mal estado, me acerqué al libro con la esperanza de que nuestras antípodas geográficas lo fueran también jurídicas y pudiera encontrar en ellas fuente de inspiración para una reforma que coloque a nuestra administración de justicia justo en las antípodas de donde está; es decir, en las antípodas de la inanición, la obsolescencia y la falta de independencia. Por eso, en lugar de leer el libro por su orden natural (de cabo a rabo), lo empecé por los capítulos que en él se dedican a la independencia judicial; el resultado ha sido sorprendente, ilustrativo y me ha permitido aprender muchas cosas, esto último algo nada sorprendente pues, ignorando yo tantas cosas, soy campo abonado.

De entrada el libro observa el sistema judicial español dentro del proceso de construcción de un auténtico espacio judicial europeo en el que colaboran el Consejo de Europa y la Unión Europea. Tal enfoque es ya de por sí interesante pues, habiendo España sufrido durante esta crisis las estrecheces que le han impuesto abstrusos órganos económicos europeos con el argumento gubernamental de “lo dice Europa”, siente uno la tentación de saber qué es lo que “nos dice Europa” en relación con nuestra hética administración de justicia y, como es la independencia judicial lo que últimamente me preocupa, allá me dirigí para ver qué nos recomendaba Europa en ese aspecto. El resultado es el que ahora les cuento.

Lo primero que descubrí fue la existencia dentro del Consejo de Europa de un órgano para mí desconocido el Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) así como documentos de tanta enjundia como La Carta Europea sobre el Estatuto del Juez o la Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros a los estados miembros sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades y, por lo que respecta a la independencia, ambos documentos son extremadamente claros. La carta opta porque el gobierno de los jueces lo ejerza un organismo independiente del poder legislativo y del ejecutivo y que debiera estar compuesto, al menos al cincuenta por ciento, por jueces elegidos entre sus pares. Tal opción se ve desarrollada en la Recomendación que establece:

Capítulo IV – Los Consejos del Poder Judicial

26. Los Consejos del Poder Judicial son organismos independientes, establecidas por la ley o la Constitución, que tratan de salvaguardar la independencia del poder judicial y de los jueces individuales y por lo tanto para promover el funcionamiento eficiente del sistema judicial.

27. No menos de la mitad de los miembros de estos consejos deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles del poder judicial y con respeto a la pluralidad dentro de la judicatura.

28. Los Consejos del Poder Judicial deberán demostrar el más alto grado de transparencia hacia los jueces y la sociedad mediante el desarrollo de procedimientos preestablecidos y decisiones razonadas.

29. En el ejercicio de sus funciones, los consejos de la judicatura no deben interferir en la independencia de los jueces individuales.

Las razones que toma en cuenta el Consejo de Europa en su Carta para optar por esta composición se contienen en la Exposición de Motivos (Explanatory Memorándum) a la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces, que, sintéticamente, es la que sigue. (La traducción es mía, así que te recomiendo acudir al original)

La Carta prevé la intervención de un organismo independiente del [poder] ejecutivo y el legislativo, donde se tomen las decisiones sobre la selección, contratación o nombramiento de los jueces, el desarrollo de sus carreras o la terminación de sus funciones (…)

Se planteó la cuestión de cual habría de ser la composición de ese órgano independiente. La Carta en este punto establece que al menos la mitad de los miembros del cuerpo deben ser jueces elegidos por sus pares, lo que significa que no quiere que los jueces estén en minoría en el organismo independiente ni les obliga a estar en mayoría. A la vista de la variedad de concepciones filosóficas y debates en los Estados de Europa, la referencia a un mínimo de 50% jueces surgió como capaz de asegurar un nivel bastante alto de respeto a cualquiera de las otras consideraciones de principios que dominan los distintos sistemas nacionales.

La Carta establece que los jueces que integran el organismo independiente deben ser elegidos por sus pares, con el argumento de que el requisito de la independencia de este organismo se opone a la elección o designación de sus miembros por una autoridad política que pertenece al poder ejecutivo o el legislativo.

Habría un riesgo de sesgo partidista en la designación y el papel de los jueces en virtud de un procedimiento de este tipo. Se espera que los jueces que se hayan de sentar en el organismo independiente se abstengan de buscar el favor de los partidos políticos o los organismos que hayan de nombrarles o elegirles.

Por último, sin insistir en cualquier sistema de votación en particular, la Carta indica que el método de elección de los jueces a este órgano debe garantizar la representación más amplia de los jueces.

Bien, pues si eso es lo que “dice Europa” ¿qué tenemos en España?. Ustedes lo saben igual que yo: un sistema donde, muy contrariamente a lo deseado por la Carta, los miembros del poder judicial son perfectamente reconocibles por su adscripción política piadosamente llamada “conservadora” o “progresista” para no decir directamente por qué partido de la Cámara han sido promocionados. Y ¿por qué no tenemos el sistema que nuestra Constitución diseña y establece la Carta Europea? Ustedes también lo saben, basta con recordar una de las primeras acciones del ministro Gallardón (de infausta memoria por muchos motivos).

Cada uno puede tener su opinión sobre el asunto -faltaría más- pero esto es lo que “dice Europa” en materia de independencia judicial, una opinión esta de “Europa” a la cual el Gobierno de España, tan atento a obedecer cuando de recortar económicamente se trata, no parece tener el más mínimo rubor en desobedecer aunque para ello haya de incumplir todas sus promesas electorales. Ni Gallardón lo hizo ni Catalá tampoco, y no piensan hacerlo aunque así lo escribió blanco sobre negro su partido en su programa electoral.

De momento me basta recordar que el informe GRECO (otro de esos documentos a través de los cuales “habla Europa”) señala la falta de independencia judicial en España como una de las principales causas de la corrupción política que padecemos; supongo que aunque sólo sea por eso deberíamos sentarnos en serio a hablar de la forma de tener un poder judicial más independiente y menos controlado políticamente.

Y por hoy está bien, De Nueva Zelanda ya hablamos otro día.

 

 

Justicia: #NoSoloTasas

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Faltan trece días para que concluya el mes de enero, menos de dos semanas para que concluya el plazo que el “dialogante” ministro Catalá se dio para presentar una reforma de la ley de tasas pactada con la abogacía institucional.

No parece que vaya a cumplir con este su primer compromiso pues, a falta de trece días, ya no tiene tiempo material de llegar a acuerdo alguno con la abogacía institucional salvo que imponga un “diktat” a la misma.

Catalá, ese ministro al que, en palabras del académico Andrés de la Oliva, hasta hace poco “no se le conocía ni una mala palabra ni una buena acción” empieza a ser conocido ya por sus malas acciones (Ley Mordaza, escuchas en la LECrim) y por sus clamorosas inacciones.

Catalá debería saber que la ley de tasas está descontada y que, si no la deroga él, será derogada en diciembre por quienes le sustituyan en el cargo. Lo único que puede hacer a estas alturas el minstro es elegir entre ser él quien derogue una ley inicua recuperando así algunos votos para su partido o no derogarla y marcharse a su casa con oprobio y sin votos en diciembre.

Pero, aunque derogue las tasas, es más que dudoso que este ministro vaya a recuperar la mínima credibilidad necesaria para recuperar algún voto porque el desastre en el que está sumida la justicia en España no sólo tiene que ver con las tasas.

Tiene que ver en primer lugar con las maniobras de su antecesor para conseguir un control político de la justicia española. Su antecesor, el infausto Gallardón, en contra de lo comprometido en el programa electoral del Partido Popular, hizo que todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fuesen elegidos por las Cámaras de forma que los partidos pudieron jugar al juego del reparto de sillas. Tan descarado incumplimiento de sus promesas electorales y de las recomendaciones europeas irritó a todos los operadores jurídicos y no es difícil encontrar expresiones del descontento de jueces, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales a poco que se investigue.

“Cuando un responsable político no respeta la Independencia Judicial, pretende influir en los nombramientos judiciales, incumple su propia promesa electoral y quebranta los derechos y garantías esenciales de la ciudadanía, reviste el ejercicio de su poder de una absoluta indignidad.
La calidad de un sistema democrático se mide por un pilar fundamental, la independencia plena de Jueces y Tribunales. Cualquier influencia directa o indirecta del poder político en el ámbito de la administración de justicia, erosiona el núcleo de una democracia y pone en grave riesgo los derechos y garantías de la ciudadanía frente a un ejercicio arbitrario del poder, que no estaría sujeto a método de control alguno.” [Hay Derecho (post)]Manuel Ruiz de Lara (Magistrado-Juez)

El Informe 2014 del Grupo de Expertos del Consejo de Europa sobre la corrupción en España [(Informe Greco)] a la hora de valorar a nuestros jueces y fiscales, reconoce su alta calidad y la realidad de que, con la excepción de casos aislados, no hay evidencia de corrupción de jueces o fiscales. Sin embargo, sí se preocupa por el funcionamiento de la justicia. Esta no es todo lo efectiva que cabría esperar, los tribunales están sobrecargados, lo que vuelve la administración de justicia más lenta de lo deseable.

La otra preocupación fundamental del GRECO se refiere a los riesgos de influencia política. Si bien la independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales individuales es poco discutida, se pone en tela de juicio la independencia estructural de los órganos de gobierno de la justicia y fiscalía, y el riesgo de que los intereses partidarios, penetren los procesos de toma de decisiones judiciales.

Pues bien, si no preocupó al anterior ministro incumplir impúdicamente sus compromisos electorales, mucho menos le preocuparon las recomendaciones europeas en la lucha contra la corrupción y recuperar la independencia judial, primer y principal requisito para poder tener un sistema judicial susceptible de poder funcionar dignamente. Este objetivo, recordémoslo, promesa electoral explícita del PP, no se encuentra tampoco en la agenda de Catalá. Si las tasas impiden a los españoles el acceso a la justicia la falta de independencia impide a la justicia española ser digna de tal nombre en un estado democrático.

Y, si la independencia judicial no preocupa al ministro salvo para mantener su eliminación, tampoco parecen preocuparle la absoluta falta de medios y la inanición y anemia crónicas en que vive la Administración de Justicia española. Los señalamientos de juicios con retrasos de dos, tres y cuatro años son moneda común (véase ilustración), en los expedientes de extranjería o matrimonio no es extraño que se den citas a un año vista, al igual que en las medidas provisionales en procesos de familia, que deberían verse a la mayor brevedad…

La administración de justicia es una catástrofe con y sin tasas y, recordémoslo, el único antídoto de la corrupción es esta administración de justicia a la que se mantiene en coma vigil por razones que dejo que ustedes imaginen.

Por eso, independientemente de que este ministro derogue, maquille, mantenga o incremente las tasas judiciales, la justicia española va a seguir agonizando. Por eso en #T sabemos que la retirada de las tasas no sería el fin, ni siquiera sería el principio del fin sino que apenas si podríamos decir que sería el fin del principio.

Este es año electoral, tres o quizá cuatro elecciones nos esperan, es pues nuestro momento, es el año de la ciudadanía, es el año de la Justicia.

Vamos.