Ayer un lector, viendo el espectáculo de lo que estaba pasando en LexNet, me preguntaba… «pero ¿en manos de quién estamos?» y mientras pensaba qué responderle pensaba también en que esa es la pregunta clave de todo este drama: ¿en manos de quién está LexNet?

Porque la realidad es que LexNet está en manos de un ministro que ha sido reprobado por el parlamento por entorpecer investigaciones en casos de corrupción, que pertenece a un partido ahora mismo enredado en causas como Gürtel o Púnica y que pertenece a un gobierno cuyo presidente acaba de declarar como testigo en una de esas causas. ¿A alguno de ustedes le parece sensato que sea esta persona la última responsable de custodiar las comunicaciones (y los expedientes electrónicos también) de los juzgados?.

Cuando el expediente era en papel no había problema, estaba en el juzgado y de ahí no salía; pero ahora que es electrónico el expediente ya no está en el juzgado, está en servidores cuyo último responsable es el ministro de quien les hablo.

Si hubiésemos de ilustrar la situación actual con una imagen la situación sería la que se vio esta semana mientras declaraba Rajoy, salvo que la imagen habría que completarla con Catalá en Sala con los expedientes bajo el brazo.

Y lo que digo de Catalá y de su partido no es exclusivo de ellos sólos (aquí todos tienen por qué no engallarse) pues puedo decirlo del resto, no tiene sentido que allá donde las competencias en justicia están transferidas no sean los jueces quienes controlan los expedientes sino los correspondientes consejeros de justicia… piensen ustedes en Andalucía, en Cataluña o en cualquier otro lugar y se darán cuenta de que, con frecuencia, quienes controlan los expedientes son precisamente las personas de quienes deberíamos defender esos expedientes.

Esta realidad repugna al sentido común. Entiéndaseme: no digo que esta práctica sea ilegal (tampoco es ilegal poner a la zorra a proteger a las gallinas) lo que digo es que repugna al sentido común y que a cualquiera se le ocurre que los autos, los expedientes, deben estar bajo el control de los jueces, del Poder Judicial y que esto es lo más concorde con la deseable división de poderes. Así lo hemos venido sosteniendo con desigual éxito durante bastantes años un grupo cada vez más amplio de personas.

Sin embargo, mis lectores, que son listos, me dirán inmediatamente: ¿y qué ganaremos entregando el control de los expedientes al CGPJ si al final este también es un órgano controlado políticamente? Y efectivamente, al menos en el juego corto, tendrán razón y resultará que tan sólo habremos salido de Guatepeor para caer en Guatemala.

Por eso el primer paso serio para arreglar nuestra justicia es dotarla de independencia. Nuestra Constitución nos dice cómo, las recomendaciones europeas nos dicen también cómo y las asociaciones de jueces y fiscales nos dicen cómo. Si lo comprueban verán que todos nos dicen lo mismo ¿no es ya el momento de hacerlo?

Si la crisis de LexNet demuestra algo es que, en este tipo de materias, cuando se abusa del interés político propio el sistema entero puede acabar quebrando. Es tiempo de que acabe esta forma de hacer política con la justicia y es tiempo de que todos (pero todos) comencemos a hacer este trabajo juntos. Al menos tenemos claros los primeros pasos.

Vale.